Se cayó el plan de pago entre el Municipio y Corralón Canteli y vuelven las acciones legales

En 2025, el Estado municipal y Corralón Canteli habían logrado encaminar un plan de pago para saldar una deuda superior a los 39 millones de pesos, reclamada inicialmente mediante cartas documento y respaldada con cientos de facturas. Sin embargo, cuando restaba cancelar la última cuota acordada entre las partes a través de sus representantes legales, el Municipio habría incumplido el pago. Ahora, el conflicto vuelve a escalar y la cifra final podría incrementarse por intereses, costos y nuevas acciones legales.

La historia del conflicto entre el Estado municipal y Corralón Canteli comenzó a gestarse mucho antes de que el tema tomara estado público. El origen de la deuda se remonta, al menos, al segundo semestre de 2022, período en el que el comercio continuó proveyendo materiales al Municipio. Según la documentación a la que pudo acceder este medio, el reclamo formal ascendía a $39.210.374, más intereses y costos derivados de la mora, respaldado con 271 facturas originales correspondientes a materiales entregados al Estado municipal.

Cuando Gustavo Loyaute asumió la Intendencia, la deuda ya existía. Sin embargo, durante los primeros meses de gestión el Municipio continuó comprando materiales al corralón y pagando únicamente las adquisiciones nuevas, mientras el pasivo anterior quedaba sin regularización. Ese mecanismo fue el que le permitió al intendente sostener públicamente que su gestión no mantenía deudas corrientes. En los hechos, el Estado municipal adquiría materiales y cancelaba esas facturas dentro de plazos relativamente cortos, de entre una semana y quince días, aunque la deuda acumulada que venía de arrastre permanecía sin resolución.

En paralelo comenzaron las conversaciones entre el titular de Corralón Canteli y el intendente. El comerciante acudió en reiteradas oportunidades al Municipio buscando una salida dialogada al problema, pero lo que inicialmente parecía un camino de entendimiento terminó deteriorándose cuando Loyaute habría desconocido la deuda originada en la gestión anterior.

Con el correr del tiempo, el propietario del comercio recibió como respuesta que el Estado municipal no iba a cancelar ese compromiso pendiente. Ese momento terminó marcando el quiebre definitivo de la relación. A partir de allí comenzaron las intimaciones formales mediante cartas documento y posteriores intercambios legales entre el asesor legal del Municipio y el abogado representante de la firma comercial.

Ante la dificultad de sostener argumentos frente a la documentación presentada por el comercio, el Estado municipal terminó retrocediendo en su postura inicial. Las facturas, remitos y demás elementos respaldatorios consolidaron el reclamo y llevaron al Municipio a aceptar un esquema de pagos para intentar sanear la deuda.

El entendimiento alcanzado entre las partes —que no habría pasado por el Concejo Deliberante— establecía pagos mensuales de 5 millones de pesos. Durante varios meses el Municipio habría cumplido regularmente con ese compromiso. Incluso el propio intendente reconoció públicamente la existencia del acuerdo y manifestó que el Estado municipal se encontraba “próximo a saldar la deuda”, aunque advirtió que todavía restaba discutir el impacto de los intereses acumulados.

Sin embargo, mientras el plan de pagos avanzaba, comenzó a aparecer otro elemento que profundizó aún más el conflicto. A partir del enfrentamiento entre el intendente y el comerciante, el Estado municipal dejó de solicitar presupuestos a Corralón Canteli y comenzó a direccionar compras de materiales hacia otro proveedor local. Incluso, desde el inicio mismo del conflicto, el comercio habría quedado marginado de las compras municipales, al punto de que ya ni siquiera se le solicitarían presupuestos.

Ese comportamiento generó cuestionamientos porque, durante la campaña y al inicio de su gestión, Loyaute había prometido fortalecer el área de Compras municipal justamente para garantizar pedidos constantes de presupuestos entre los comercios locales, bajo un criterio de austeridad y búsqueda del mejor precio para el Estado municipal. Sin embargo, esa lógica dejó de aplicarse en este caso puntual.

La situación comenzó a ser interpretada como una posible discriminación comercial hacia un contribuyente local que había reclamado formalmente una deuda y luego logró que el Municipio terminara reconociéndola. El comerciante no solo se encontró con la negativa inicial a reconocer la deuda, sino también con un fuerte destrato político que terminó empujándolo definitivamente hacia la vía legal.

La consecuencia de todo ese proceso terminó siendo inversa a la que inicialmente buscaba el Ejecutivo: la impericia para negociar y la negativa inicial a reconocer la deuda terminaron costándole al Estado municipal mucho más caro que haber asumido el compromiso desde el comienzo. Y esa diferencia no sale del bolsillo del intendente, sino de la plata de todos los contribuyentes.

Porque ya no se trata solamente de una deuda originada en 2022 que fue acumulando intereses durante años, sino también de los posibles daños económicos que podría reclamar un contribuyente local que, tras exigir el pago de lo adeudado, terminó marginado comercialmente de las compras municipales.

Lo que en un primer momento podría haberse resuelto mediante un acuerdo administrativo terminó derivando en intereses acumulados, tensiones políticas, ruptura comercial y un conflicto que todavía continúa abierto.

Cuando parecía que el conflicto comenzaba a encaminarse hacia un cierre definitivo, surgió un nuevo problema. En el inicio de este año, la gestión atravesó fuertes dificultades financieras y debió priorizar otras obligaciones urgentes, entre ellas el pago de salarios. Incluso el Ejecutivo tuvo que acudir al Concejo Deliberante para solicitar autorización a fin de gestionar asistencia financiera bancaria mediante un descubierto, ante la falta de fondos suficientes para cubrir compromisos corrientes.

En medio de ese escenario económico, el Estado municipal habría incumplido la última cuota prevista en el acuerdo con Corralón Canteli. La caída de ese último pago terminó dejando sin efecto el entendimiento alcanzado entre las partes y abrió nuevamente la puerta a futuras acciones legales para reclamar saldo pendiente, intereses y eventuales actualizaciones económicas.

Alrededor del conflicto también comenzó a circular otra interpretación política. Según trascendió, la publicación periodística del caso habría generado malestar dentro del Ejecutivo municipal, un enojo que algunos vinculan directamente con el posterior incumplimiento de la cuota final.

Por el momento, todavía no trascendió oficialmente cuál será el monto final que deberá afrontar el Estado municipal, ya que las conversaciones y actuaciones continúan en desarrollo. Distintos actores consultados coinciden en que la cifra podría incrementarse considerablemente debido al nuevo incumplimiento, los intereses acumulados durante todo el proceso y el escenario de tensión comercial que se abrió entre el Municipio y uno de sus proveedores históricos.

Ahora, con el plan de pagos caído y el conflicto nuevamente tensionado, el caso parece haber ingresado en una nueva etapa. Una etapa donde ya no solo se discute la deuda original, sino también las consecuencias económicas, políticas y comerciales que dejó un entendimiento que estuvo cerca de cerrar el conflicto, pero terminó rompiéndose en la última cuota.