Torres endureció las licencias médicas y abrió un nuevo frente con los estatales

Si un empleado público de Chubut se enferma reiteradamente o supera determinados límites de licencias médicas durante el año, el Estado podrá comenzar a reducirle parte del salario y hasta descontarle proporcionalmente días de vacaciones. El nuevo régimen fue impuesto por decreto por el gobernador Ignacio Torres y ya genera preocupación sindical y jurídica por el impacto que podría tener sobre derechos laborales históricamente consolidados.

El gobernador de Ignacio Torres firmó el Decreto N° 508 y modificó la reglamentación del régimen de licencias previsto dentro de la Ley I N° 74, correspondiente al Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial. La medida, refrendada por el ministro Victoriano Eraso Parodi, sustituye artículos del Decreto Reglamentario N° 2005/91 y cambia aspectos centrales vinculados a salarios, vacaciones, control médico y atención de familiares.

El cambio más fuerte aparece en las licencias médicas consideradas de corta evolución. Según la nueva reglamentación, las carpetas de hasta tres días por episodio tendrán un máximo de 30 días por año calendario. Sin embargo, el sueldo completo solamente estará garantizado durante los primeros 20 días. Los 10 restantes pasarán a liquidarse al 50%.

En términos simples, eso significa que un trabajador estatal que continúe enfermándose dentro de ese esquema podrá comenzar a cobrar menos salario durante parte de sus licencias médicas. Allí aparece uno de los principales focos de conflicto que empieza a abrirse dentro de la administración pública provincial.

El decreto también modifica el régimen de enfermedades de larga evolución. En esos casos, el límite será de 547 días durante toda la carrera administrativa: 365 días con haberes completos y otros 182 días posteriores al 50%. Para enfermedades oncológicas, patologías crónicas reagudizadas y enfermedades poco frecuentes, la reglamentación mantiene excepciones con períodos más extensos de cobertura salarial íntegra.

Otro de los puntos sensibles aparece sobre las vacaciones. La nueva normativa establece que cuando un trabajador acumule más de 30 días de licencias por enfermedad, atención familiar o licencias sin goce de haberes, el período anual de descanso comenzará a calcularse proporcionalmente al tiempo efectivamente trabajado.

En la práctica, determinadas licencias médicas prolongadas también podrán impactar sobre la cantidad de días de vacaciones del trabajador estatal. Ese aspecto es considerado por distintos sectores sindicales como uno de los avances más fuertes sobre derechos laborales previamente consolidados dentro del empleo público.

La reglamentación también endurece las condiciones para licencias vinculadas al cuidado familiar. Para hijos menores se fija un máximo de 20 días anuales, mientras que para otros integrantes del grupo familiar el límite será de 10 días corridos por año. El Estado además exigirá declaraciones juradas actualizadas para acreditar vínculos familiares y situaciones de dependencia.

Sin embargo, la discusión de fondo empieza a ir mucho más allá de la cuestión administrativa. El decreto no elimina formalmente las licencias médicas, pero sí modifica las consecuencias económicas y laborales de utilizarlas. Allí es donde comienza a instalarse una nueva percepción sobre el rol del Estado frente al trabajador enfermo.

Porque el Gobierno provincial no solamente dicta unilateralmente la reglamentación, sino que además concentra el poder de controlarla a través de Reconocimientos Médicos, organismo que continuará teniendo la facultad de auditar, verificar, interpretar y eventualmente rechazar criterios médicos vinculados a las licencias.

Ahí aparece una de las discusiones jurídicas más delicadas que abre el nuevo régimen. El mismo Estado que fija las reglas laborales es también quien controla las auditorías médicas, interpreta las patologías y decide finalmente sobre descuentos salariales o continuidad de licencias. Para distintos sectores, eso genera una fuerte asimetría entre trabajador y empleador.

La situación se vuelve todavía más compleja en patologías difíciles de medir administrativamente. Mientras algunas enfermedades pueden acreditarse fácilmente mediante estudios, internaciones o intervenciones concretas, existen otras situaciones donde el margen de interpretación es mucho mayor: cuadros de ansiedad, depresión, agotamiento laboral, enfermedades autoinmunes, dolor crónico o problemas de salud mental.

En esos casos, el eje de la discusión comienza a trasladarse desde la enfermedad hacia la capacidad del trabajador de defender administrativamente su situación frente al propio aparato estatal. Allí empieza a aparecer una pregunta que ya circula en distintos ámbitos sindicales y jurídicos: dónde queda verdaderamente el derecho de defensa del trabajador cuando el Estado legisla, audita, controla y eventualmente sanciona dentro del mismo sistema.

La discusión jurídica probablemente no termine solamente en las paritarias. Distintos sectores empiezan a advertir que podrían aparecer planteos individuales de nulidad, medidas cautelares y cuestionamientos constitucionales vinculados al principio protectorio del derecho laboral y a posibles afectaciones sobre derechos adquiridos.

Ese escenario también abre otra realidad conocida dentro del empleo público: quienes tengan recursos económicos, respaldo gremial o asesoramiento jurídico probablemente puedan litigar personalmente determinadas situaciones, mientras otros trabajadores quedarán directamente alcanzados por el nuevo esquema sin capacidad real de discutirlo.

Para el Gobierno provincial, la medida probablemente se sostenga sobre la necesidad de controlar abusos, ordenar el ausentismo y reducir distorsiones dentro de la administración pública. Sin embargo, del otro lado comienza a consolidarse una lectura completamente distinta: que detrás del discurso de eficiencia estatal empieza a instalarse una lógica donde la enfermedad deja de ser únicamente una cuestión médica para transformarse también en una cuestión presupuestaria y burocrática.

El trasfondo político vuelve a colocar a Torres en una nueva zona de tensión con el empleo público provincial. Detrás de las carpetas médicas empiezan a mezclarse salarios deteriorados, desgaste laboral, control estatal, derechos laborales y una pregunta de fondo que comienza a atravesar a muchos trabajadores: hasta dónde puede avanzar el Estado en nombre del ordenamiento sin terminar debilitando garantías históricas del empleo público.