Acuerdos con Israel, “Gemelos Digitales” y las dudas sobre vigilancia: qué se sabe realmente de los convenios firmados por el Gobierno
La firma de acuerdos entre la administración de Javier Milei y el Estado de Israel en materia de inteligencia artificial y cooperación contra el terrorismo abrió un fuerte debate político, tecnológico y jurídico en la Argentina. Mientras el Gobierno los presenta como herramientas de innovación y modernización, especialistas en derechos digitales, ciberseguridad y sectores de la oposición advierten sobre los riesgos vinculados al manejo de datos, vigilancia estatal y falta de controles públicos claros.
Los memorándums fueron firmados el pasado 19 de abril entre la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina y organismos israelíes vinculados al desarrollo de inteligencia artificial. En uno de los documentos, al que distintos medios y organizaciones accedieron mediante pedidos de acceso a la información pública, se plantea la cooperación para el desarrollo de modelos de IA, capacitación de capital humano y la implementación de herramientas “seguras” en “sectores civiles de misión crítica”.
El problema aparece justamente en la falta de precisiones. El texto habla de cooperación tecnológica, intercambio de experiencias, algoritmos, datos de entrenamiento y metodologías de IA, pero no define concretamente cuáles serán esos sectores críticos ni qué límites tendrá el intercambio de información.
Además, el memorándum establece cláusulas de confidencialidad sobre información técnica, científica y comercial intercambiada entre las partes. Incluso aclara que el acuerdo no constituye una obligación jurídica o financiera y que no podrá ser sometido a tribunales nacionales ni internacionales, un punto que también despertó cuestionamientos.
En paralelo, el Gobierno firmó otro memorándum vinculado a la cooperación “contra el terrorismo”. Allí se mencionan conceptos amplios como “uso inadecuado de herramientas informáticas y cibernéticas”, intercambio de información y programas de capacitación para fuerzas de seguridad.
Especialistas consultados por distintos medios advirtieron que la amplitud de esas definiciones puede generar preocupación si no existen límites normativos claros ni mecanismos de control independientes. Enrique Chaparro, presidente de Fundación Vía Libre, señaló públicamente que uno de los principales riesgos en este tipo de acuerdos pasa por las capacidades de intrusión y espionaje digital.
La discusión tomó todavía más dimensión después del lanzamiento del denominado “Gemelo Digital Social”, impulsado desde el Ministerio de Capital Humano. El proyecto fue presentado como una herramienta de inteligencia artificial para mejorar políticas públicas y simulaciones de gestión, aunque hasta ahora el Gobierno no difundió detalles técnicos completos sobre su funcionamiento, alcance ni proveedores tecnológicos.
Ese vacío de información motivó pedidos de informes legislativos y solicitudes formales de acceso a la información pública impulsadas por organizaciones civiles y sectores opositores.
El debate también quedó atravesado por la presencia en Argentina de Peter Thiel, fundador de Palantir Technologies, una empresa estadounidense especializada en análisis masivo de datos, inteligencia y sistemas de vigilancia utilizados por organismos militares y de seguridad de distintos países.
Si bien hasta el momento no existe confirmación oficial de contratos entre el Estado argentino y Palantir vinculados al proyecto “Gemelos Digitales”, distintos sectores comenzaron a plantear interrogantes sobre posibles vínculos tecnológicos, especialmente por la coincidencia temporal entre los acuerdos firmados y la visita del empresario a la Casa Rosada.
Ahí aparece uno de los puntos centrales que hoy separa los hechos comprobables de las interpretaciones políticas. Que existen acuerdos de cooperación tecnológica con Israel es verificable. Que el Gobierno impulsa proyectos de inteligencia artificial aplicados a gestión y defensa también. Que organizaciones civiles piden explicaciones por posibles riesgos de vigilancia y privacidad, igualmente.
Lo que todavía no puede afirmarse como un hecho probado es que exista un esquema de “control social automatizado” ya implementado o que Palantir esté operando oficialmente dentro del Estado argentino en esos programas.
Sin embargo, el debate de fondo ya quedó instalado: quién controla los algoritmos, qué sucede con los datos sensibles de la población, qué capacidad tendrá el Estado argentino para auditar tecnologías cerradas y hasta dónde puede avanzar el uso de inteligencia artificial en áreas vinculadas a seguridad, asistencia social y vigilancia.
Porque detrás de términos como innovación, modernización o inteligencia artificial también aparece otra discusión mucho más profunda: la relación entre tecnología, poder y libertades individuales en una época donde los datos pasaron a ser uno de los activos más valiosos del mundo.
