Herrera denunció cambios posteriores al orden del día, habló de un “disparate” y el Concejo terminó devolviendo la ordenanza a comisión
La reforma a la normativa que regula las tierras fiscales en Río Mayo terminó regresando a comisión luego de que el concejal Víctor Herrera denunciara modificaciones incorporadas al proyecto después de publicada la orden del día. El debate expuso cuestionamientos sobre el procedimiento legislativo, la falta de información pública sobre los cambios propuestos, una votación inicial marcada por las abstenciones y una segunda definición adoptada por unanimidad tras un cuarto intermedio de una hora.
La sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Río Mayo realizada este jueves 18 de junio estuvo marcada por una fuerte controversia en torno a una modificación de la Ordenanza Municipal Nº 1931/2014, normativa que regula las tierras fiscales en la localidad. Lo que inicialmente parecía ser el tratamiento de un expediente más terminó derivando en denuncias sobre cambios incorporados al proyecto después de publicada la orden del día, una votación que generó cuestionamientos reglamentarios, un cuarto intermedio de una hora y la decisión final de devolver la iniciativa a comisión.
El tema había llegado al recinto a través del Despacho Nº 07/2026 de la Comisión de Asuntos Legales, Cultura y Acción Social. Sin embargo, en la convocatoria oficial difundida por el Concejo únicamente figuraba la leyenda “Se desprenden Proyectos de Ordenanza”, sin especificar cuáles eran esos proyectos ni el contenido de las iniciativas que serían tratadas durante la sesión.
Según pudo saber este medio, uno de los expedientes incluidos en ese despacho correspondía a una modificación de la Ordenanza Nº 1931/2014. No obstante, las modificaciones propuestas nunca fueron identificadas públicamente. El orden del día no detallaba los cambios y durante la sesión tampoco se dio lectura al articulado ni a los puntos resolutivos de la reforma. De esta manera, mientras se discutían cuestiones administrativas y procedimentales, el contenido concreto de la ordenanza permaneció fuera del debate público.
Fue en ese contexto cuando el concejal Víctor Herrera pidió formalmente que el expediente regresara a comisión. Al fundamentar su planteo sostuvo que el problema no estaba en la finalidad de la norma sino en el procedimiento seguido para llevarla al recinto. Según denunció, el proyecto había sufrido modificaciones “inclusive posterior a la orden del día”, una situación que a su entender evidenciaba una falla administrativa con posibles consecuencias legales futuras.
Durante su intervención explicó que esos cambios introducidos después de publicada la convocatoria oficial ponían en evidencia un error administrativo que incluso podía derivar en la nulidad de la ordenanza. Por ese motivo consideró necesario frenar el tratamiento, devolver el expediente a comisión, realizar un análisis más profundo y esperar el dictamen del letrado del Concejo antes de continuar avanzando.
A medida que se desarrolló el debate, Herrera dejó en claro que no estaba cuestionando el contenido de la iniciativa. Incluso sostuvo que se trataba de una ordenanza con efectos positivos para la comunidad. Sin embargo, remarcó que los tiempos administrativos no habían permitido darle el tratamiento correspondiente y que existían observaciones que debían ser consideradas antes de cualquier aprobación.
En ese marco insistió en que las modificaciones incorporadas después de publicada la orden del día revestían una gravedad administrativa que el cuerpo no podía ignorar. Fue allí cuando pidió que el proyecto completara correctamente su recorrido institucional y reclamó evitar “este disparate que estamos por hacer con esta ordenanza”, aclarando inmediatamente que sus cuestionamientos estaban dirigidos al procedimiento seguido y no a los objetivos perseguidos por la norma.
El concejal también hizo referencia al trabajo previo realizado sobre el expediente y sostuvo que, según lo evidenciado por el asesor legal, existían modificaciones que resultaban necesarias. Esa afirmación cobró especial relevancia porque posteriormente, durante la reanudación de la sesión, la propia presidencia justificó el regreso del proyecto a comisión señalando que debía aguardarse la intervención de la asesoría legal.
La primera votación dejó una situación poco habitual dentro del recinto. La moción para devolver el expediente a comisión fue acompañada por Herrera y la concejal Mariela Callo. Luego, la presidenta Silvia Muñoz llamó a registrar las abstenciones, manifestándose en ese sentido Leonardo Silva, Micaela Selesky, Rocío Díaz y la propia presidencia.
La secuencia abrió además una discusión vinculada al reglamento interno del Concejo. Mientras la presidencia registró los votos afirmativos y posteriormente convocó a expresar las abstenciones, no se requirieron expresamente votos por la negativa. El dato no pasó inadvertido, ya que el reglamento establece que las votaciones deben reducirse a la afirmativa o negativa de la proposición sometida a consideración. En los hechos, la moción no prosperó en esa primera instancia, aunque tampoco quedaron registrados votos negativos contra el planteo formulado por Herrera.
A las 9:23, apenas trece minutos después de iniciado el tratamiento del tema, la presidenta dispuso un cuarto intermedio que se extendió durante aproximadamente una hora. Durante ese lapso se analizaron los cuestionamientos planteados en el recinto y la situación del expediente, que había quedado envuelto en una discusión sobre modificaciones posteriores a la publicación del orden del día y observaciones legales pendientes.
Cuando la actividad se reanudó a las 10:22, el escenario había cambiado por completo. La presidencia volvió a poner el asunto a consideración del cuerpo y propuso devolver el anteproyecto a la Comisión de Asuntos Legales, Cultura y Acción Social para continuar su análisis y esperar la intervención de la asesoría legal.
La diferencia con la votación anterior fue absoluta. Esta vez no hubo abstenciones ni posiciones encontradas. La propuesta fue acompañada por Micaela Selesky, Leonardo Silva, Rocío Díaz, Víctor Herrera, Mariela Callo y la propia presidenta Silvia Muñoz, aprobándose por unanimidad el regreso del expediente a comisión.
De esta manera, la modificación de la Ordenanza Nº 1931/2014 no fue aprobada y quedó nuevamente bajo análisis antes de regresar al recinto. Sin embargo, más allá del destino final del expediente, la sesión dejó varios interrogantes abiertos sobre el procedimiento seguido para su tratamiento.
Por un lado, continúan sin conocerse públicamente cuáles eran las modificaciones concretas que se pretendían introducir a la normativa de Tierras Fiscales. Tampoco quedó aclarado por qué esos cambios no fueron identificados en el orden del día ni expuestos durante el debate en el recinto. La discusión terminó girando sobre aspectos administrativos, observaciones legales y cuestionamientos procedimentales, mientras el contenido mismo de la reforma permaneció fuera de la escena pública.
Por otro lado, el desarrollo de la votación también dejó situaciones poco habituales. La moción para devolver el expediente a comisión fue sometida inicialmente a votación y no prosperó, registrándose únicamente dos votos afirmativos y una serie de abstenciones convocadas por la propia presidencia. Sin embargo, tras un cuarto intermedio de aproximadamente una hora, el mismo asunto volvió a consideración del cuerpo y terminó siendo aprobado por unanimidad.
La secuencia llamó la atención no sólo por la existencia de dos votaciones sobre el mismo tema durante una misma sesión, sino también por la mecánica utilizada en la primera definición. Mientras el reglamento contempla votaciones por la afirmativa o la negativa de una moción, la presidencia convocó a registrar las abstenciones, una facultad que habitualmente corresponde a la decisión individual de cada concejal y no a una alternativa sometida a votación por quien conduce el debate.
Lo cierto es que una ordenanza que llegó al recinto para ser tratada terminó regresando a comisión luego de una advertencia sobre presuntas modificaciones incorporadas después de publicada la orden del día. Y aunque el expediente volvió a foja cero legislativamente, el debate dejó planteadas preguntas sobre la transparencia del procedimiento, la publicidad de los actos del Concejo, el tratamiento de los expedientes dentro de las comisiones y las reglas utilizadas para adoptar una decisión que, una hora después de haber quedado en suspenso, terminó alcanzando el respaldo unánime de todo el cuerpo.
