A diez días del jury, renunció el juez Petris: una fortuna bajo sospecha, denuncias de abuso de poder y un pasado judicial controvertido
El camarista de Esquel presentó su dimisión antes de enfrentar un juicio de destitución por presunto mal desempeño. Una investigación periodística derivó en actuaciones que examinaron al menos ocho inmuebles, un automóvil que pasó del exfutbolista Aldo Duscher a un tercero y luego a la hija del juez, una donación de más de 18 millones de pesos y posibles conflictos de intereses. Su trayectoria ya había sido cuestionada por una causa penal originada en Lomas de Zamora. El Superior Tribunal de Justicia deberá resolver si acepta la renuncia, mientras la investigación penal mantiene un trámite independiente.
El juez Claudio Alejandro Petris presentó este viernes 6 de noviembre su renuncia a la Cámara de Apelaciones de Esquel, cuando faltaban apenas diez días para el juicio de destitución que debía enfrentar en Rawson. La decisión llegó después de una investigación del Consejo de la Magistratura de Chubut que examinó presuntas irregularidades patrimoniales, posibles conflictos de intereses, actividades comerciales incompatibles con la función judicial y denuncias por abuso de poder.
El jury estaba previsto para los días 16, 17 y 18 de noviembre. La renuncia fue presentada ante el Superior Tribunal de Justicia, cuyo pleno deberá decidir durante la próxima semana si la acepta. De concretarse esa decisión, el procedimiento de destitución podría quedar archivado sin que se realice el debate ni se dicte una resolución sobre las acusaciones.
El caso había comenzado a adquirir dimensión pública durante 2025, cuando el portal Chubut Online difundió una investigación sobre la trayectoria, el patrimonio y las relaciones personales del magistrado. Las publicaciones motivaron una investigación penal de oficio y posteriormente una denuncia del fiscal de Estado, Andrés Meiszner, ante el Consejo de la Magistratura.
Pero los antecedentes controvertidos de Petris no comenzaron en Chubut. Su historia judicial incluye una causa penal originada en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, que llegó a conocimiento del Consejo de la Magistratura chubutense cuando el magistrado buscaba ascender dentro del Poder Judicial provincial.
De Lomas de Zamora a Esquel: una carrera judicial que comenzó en Buenos Aires
Claudio Alejandro Petris nació en la Ciudad de Buenos Aires y desarrolló la primera parte de su carrera en dependencias del Poder Judicial bonaerense. Trabajó como meritorio, auxiliar principal, relator y secretario letrado en tribunales de Buenos Aires y Lomas de Zamora.
Posteriormente se trasladó a Chubut, donde tuvo un breve paso por la Cámara de Apelaciones de Trelew antes de concursar para ocupar el Juzgado Civil de Esquel. Asumió ese cargo el 3 de abril de 2001.
En 2004, cuando pretendía acceder a una función de mayor jerarquía, dos abogados presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura que cuestionaba sus antecedentes judiciales.
La presentación, identificada como expediente 69/04, señalaba la existencia de una causa penal vinculada con una presunta maniobra defraudatoria cometida durante su desempeño en Lomas de Zamora. Los denunciantes también cuestionaban que Petris no hubiera informado adecuadamente esos antecedentes al presentarse a concursos.
La investigación publicada años después por Chubut Online recuperó aquella denuncia y sostuvo que el magistrado había dejado su cargo bonaerense después de quedar involucrado en las actuaciones penales.
El episodio resulta relevante porque demuestra que los cuestionamientos sobre su conducta profesional habían llegado a conocimiento de los organismos de control mucho antes de las denuncias patrimoniales difundidas en 2025.
El divorcio presuntamente inexistente y una denuncia por 7.000 dólares
Uno de los antecedentes más delicados de aquella etapa estuvo relacionado con la presunta confección de documentación judicial correspondiente a un divorcio que no habría tramitado regularmente.
Según la reconstrucción de Chubut Online, Petris habría realizado gestiones particulares relacionadas con divorcios y sucesiones mientras trabajaba como secretario judicial.
Un denunciante sostuvo que había recibido documentación destinada a inscribir un divorcio correspondiente a un expediente presuntamente inexistente y que por esa gestión se le habrían cobrado 7.000 dólares.
La denuncia describía la supuesta utilización de oficios, testimonios y otros instrumentos judiciales para acreditar resoluciones que no habrían sido dictadas.
También se mencionó una presunta declaratoria de herederos confeccionada mediante procedimientos irregulares y testimonios atribuidos a empleados del juzgado que habrían advertido anomalías en la utilización de formularios y registros internos.
Entre las actuaciones citadas por el portal figuraban la causa 577.538 y otra identificada como 55.406/04.
Estos antecedentes constituyen denuncias sobre hechos presuntamente ocurridos durante su desempeño bonaerense. No se dispone de una sentencia condenatoria firme que permita presentar esas conductas como delitos acreditados.
El Consejo de la Magistratura conocía la causa penal desde 2008
El 24 de noviembre de 2008, durante una sesión realizada en Puerto Madryn, el Consejo de la Magistratura de Chubut examinó formalmente antecedentes vinculados con Petris.
El acta 176 del organismo contiene referencias a una investigación penal por presunta estafa relacionada con un hecho ocurrido en 1993 en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Según esa documentación, en 2003 se había recibido una declaración informativa y posteriormente se dispuso un sobreseimiento provisorio. Durante 2006 se incorporaron nuevas declaraciones testimoniales y en 2007 el juez bonaerense interviniente resolvió convocar a Petris a declaración indagatoria, para lo cual solicitó su desafuero.
El Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut respondió el 9 de agosto de 2007 que no resultaba necesario desaforar al magistrado para cumplir esa diligencia.
También consta que Petris había solicitado su sobreseimiento definitivo, que el pedido fue rechazado y que existía una apelación pendiente.
El Consejo señaló entonces que no había sido indagado ni procesado y propuso archivar ese punto de la denuncia hasta que existiera una resolución concreta de la causa penal.
Chubut Online sostuvo posteriormente que el expediente terminó prescribiendo. Esa afirmación requiere contar con la resolución judicial correspondiente para establecer la fecha y las condiciones de ese desenlace.
El 23 de febrero de 2010, Petris asumió como integrante de la Cámara de Apelaciones de Esquel.
La designación se produjo después de que el Consejo hubiera tomado conocimiento de las actuaciones bonaerenses. Para determinar si existieron deficiencias en los controles del concurso sería necesario examinar las evaluaciones de antecedentes y las resoluciones administrativas que permitieron su nombramiento.
El Mini Cooper de Duscher, Santiago Orieta y la hija del camarista
Una de las operaciones patrimoniales que concentró mayor atención en la investigación de 2025 involucró un automóvil Mini Cooper, dominio GWZ214, que había pertenecido al exfutbolista Aldo Pedro Duscher.
De acuerdo con los antecedentes incorporados al sumario del Consejo de la Magistratura, el vehículo figuró a nombre de Santiago Daniel Orieta entre 2017 y 2022. Durante ese período, Petris contaba con una autorización para conducirlo.
La operación adquirió relevancia por la situación económica del titular registral. El dictamen de la consejera instructora Mabel del Mármol señaló que Orieta había obtenido un beneficio para litigar sin gastos durante 2021 y 2022, en razón de su carencia de bienes.
El 28 de diciembre de 2022, el automóvil fue transferido a Antonella Petris Gallelli, hija del camarista.
La secuencia registral examinada comprendía así tres titulares sucesivos: Duscher, Orieta y la hija de Petris.
Chubut Online había entrevistado a una persona que afirmó haber sido utilizada como prestanombre y describió una relación de dependencia económica y personal con el juez. El entrevistado sostuvo que no tenía capacidad económica para comprar el vehículo y que había solicitado reiteradamente que dejara de figurar a su nombre.
La instructora del Consejo consideró que la utilización de un automóvil de esas características, registrado a nombre de una persona que había acreditado dificultades económicas, justificaba investigar un posible ocultamiento patrimonial.
Petris rechazó esa interpretación. En su descargo sostuvo que Orieta contaba con medios económicos propios y negó haber utilizado testaferros.
La cadena de titularidad del vehículo constituye un elemento concreto de la investigación, pero no demuestra por sí misma la existencia de enriquecimiento ilícito ni de una operación fraudulenta.
El expediente de alimentos de Duscher y la presunta falta de excusación
La relación entre Petris y Aldo Duscher también fue examinada por un posible conflicto de intereses en el ejercicio de la función judicial.
El Consejo de la Magistratura analizó la intervención del camarista en una causa de alimentos que involucraba al exfutbolista y a su expareja, Vanina Fiori.
Según el dictamen de Mabel del Mármol, existían antecedentes de amistad y vínculos familiares cruzados que podían comprometer la apariencia de imparcialidad del magistrado.
La instructora mencionó encuentros sociales y otras circunstancias que, a su criterio, excedían una relación ocasional.
La denuncia sostuvo que Petris debió haberse excusado de intervenir en el expediente por la proximidad personal que mantenía con una de las partes.
El hecho adquirió mayor relevancia por la operación del Mini Cooper, cuyo anterior propietario había sido precisamente Duscher.
La investigación periodística original planteó la hipótesis de que el automóvil pudiera estar relacionado con un beneficio indebido. Sin embargo, no se acreditó que la transferencia constituyera una contraprestación por una decisión judicial.
La cuestión disciplinaria concreta era determinar si Petris había incumplido su deber de excusación y si su participación en la causa afectó las obligaciones de imparcialidad propias de un juez.
También se incorporaron cuestionamientos sobre su intervención en un amparo judicial que habría beneficiado a quien sería su médico personal en Esquel. Ese episodio fue mencionado entre los posibles conflictos de intereses examinados por el Consejo.
Ocho inmuebles bajo investigación y una donación de más de 18 millones de pesos
El patrimonio del camarista fue otro de los ejes centrales del sumario.
La investigación difundida por Chubut Online describió la existencia de al menos ocho inmuebles vinculados con Petris en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de propiedades en Esquel.
Según el portal, algunas operaciones se habían realizado a nombre de familiares, con reservas de usufructo a favor del magistrado.
La instructora del Consejo de la Magistratura incorporó cuestionamientos sobre el presunto ocultamiento de la titularidad de bienes y la utilización de familiares o terceros para realizar operaciones patrimoniales.
Entre los elementos examinados figuraban numerosos vehículos y propiedades cuyo origen económico, según el dictamen, no aparecía suficientemente explicado a partir de los ingresos públicos conocidos del camarista.
Uno de los datos más concretos fue una declaración jurada que, según la investigación disciplinaria, acreditaba una donación de más de 18 millones de pesos en efectivo realizada por Petris a su hija para adquirir un vehículo de alta gama.
La instructora consideró necesario establecer el origen de esa suma y su correspondencia con los ingresos declarados.
El magistrado rechazó las sospechas. En su descargo sostuvo que su patrimonio estaba justificado por 42 años de trabajo y negó haber recurrido a maniobras de ocultamiento.
La adquisición de propiedades mediante familiares, las donaciones y las reservas de usufructo no constituyen automáticamente delitos. Su eventual irregularidad depende de la procedencia de los fondos, la titularidad efectiva y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y patrimoniales.
La inscripción comercial que el Consejo consideró incompatible con la magistratura
Otro elemento incorporado al sumario fue una inscripción tributaria de Petris ante la entonces AFIP, relacionada con la actividad de servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y eventos similares.
Según la documentación citada por el Consejo de la Magistratura, la actividad figuraba con fecha de inicio en agosto de 2025.
La consejera Mabel del Mármol consideró que esa inscripción podía representar el ejercicio de una actividad comercial incompatible con las restricciones legales aplicables a los magistrados.
La instructora sostuvo que el registro no debía interpretarse simplemente como la tenencia de bienes, sino como un indicio de una actividad económica que requería ser examinada.
La defensa dio una explicación diferente. El abogado Fernando Zvilling afirmó posteriormente que Petris nunca había explotado un establecimiento destinado a eventos y que la inscripción había sido consecuencia de un error contable corregido.
La controversia sobre este punto fue especialmente relevante porque la defensa sostuvo que el supuesto ejercicio de actividades comerciales incompatibles integraba los cargos concretos que serían debatidos durante el jury.
Denuncias por amenazas, coerción y presuntos abusos sexuales
La investigación periodística también difundió testimonios sobre presuntas amenazas, sometimiento personal y conductas de carácter sexual atribuidas al magistrado.
Uno de los entrevistados, cuya identidad fue reservada por Chubut Online, describió situaciones de dependencia económica y personal. El medio publicó grabaciones con la voz modificada para preservar su identidad.
El testimonio incluyó acusaciones de amenazas, presiones y episodios sexuales presuntamente no consentidos.
La denuncia institucional incorporó referencias a esas declaraciones, que fueron mencionadas en el dictamen de la consejera instructora.
Sin embargo, en octubre de 2025 esos episodios no habían sido incorporados formalmente a la investigación penal, según la información publicada por La Nación y otros medios provinciales.
La defensa rechazó las acusaciones y las calificó como falsas. También cuestionó que se difundieran públicamente como si formaran parte de los cargos concretos del juicio de destitución.
No existe en la documentación consultada una sentencia penal que acredite esos hechos. Su inclusión en la reconstrucción corresponde a la repercusión que tuvieron en las denuncias originales y en las actuaciones disciplinarias, sin atribuirles carácter de hechos probados.
Petris enfrentó al Superior Tribunal por un aumento salarial de hasta el 60%
La investigación contra Petris se desarrolló en medio de un enfrentamiento institucional que había comenzado durante su presidencia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut.
En junio de 2025, la entidad cuestionó una decisión del Superior Tribunal de Justicia relacionada con incrementos salariales para sus integrantes.
La controversia giró alrededor de una compensación por gastos de representación que podía alcanzar hasta el 60% de las remuneraciones de los ministros.
La Asociación denunció que se trataba de un aumento encubierto y cuestionó que los beneficios fueran exclusivos de las máximas autoridades judiciales.
El gobernador Ignacio Torres también intervino públicamente en la discusión y criticó los privilegios salariales. Finalmente, los integrantes del Superior Tribunal dieron marcha atrás con la medida.
Petris mantenía además un enfrentamiento con el Gobierno provincial por la propuesta de eliminación de fueros judiciales. Desde la Asociación de Magistrados había impulsado una acción de inconstitucionalidad contra la convocatoria al plebiscito promovido por el Ejecutivo.
Cuando comenzaron a difundirse las denuncias en su contra, el camarista sostuvo que era víctima de una persecución política vinculada con esas posiciones.
En su descargo ante el Consejo afirmó que el procedimiento respondía a intereses del gobernador y solicitó la nulidad del sumario.
La existencia de los enfrentamientos institucionales está documentada, pero no demuestra que las denuncias hayan sido fabricadas como represalia.
La renuncia a la Asociación de Magistrados y la intervención de Fiscalía de Estado
A fines de junio de 2025, Petris renunció a la presidencia de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, cargo que ocupaba desde 2022.
En su comunicación a los asociados rechazó las acusaciones y sostuvo que existía una campaña destinada a perjudicarlo.
La investigación periodística ya había alcanzado repercusión provincial y comenzaba a producir consecuencias institucionales.
El Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia inició una investigación de oficio identificada con el número 145.262.
Posteriormente, el fiscal de Estado Andrés Meiszner presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para que examinara la conducta del camarista.
La actuación disciplinaria quedó registrada como sumario 154/25 y fue instruida por la consejera Mabel del Mármol.
El procedimiento examinó tres grandes grupos de presuntas irregularidades: incremento patrimonial y maniobras financieras, abuso de poder y conflictos de intereses, e inconducta personal grave.
El 16 de octubre de 2025, durante una sesión realizada en Puerto Madryn, el Consejo resolvió por unanimidad elevar el caso al Tribunal de Enjuiciamiento.
La decisión se apoyó en el dictamen de la instructora, que consideró reunidos elementos suficientes para promover el juicio por presunto mal desempeño.
El organismo también solicitó que se analizara la suspensión del magistrado y el eventual cese del pago de sus haberes, conforme a las disposiciones de la Ley V N.º 80.
Se conformó una Comisión de Acusación para representar al Consejo durante el procedimiento.
La resolución no significó que Petris fuera declarado culpable, pero estableció que los antecedentes reunidos justificaban someter su conducta a un juicio institucional.
La suspensión de diciembre de 2025 y el juicio previsto para noviembre de 2026
El 11 de diciembre de 2025, el Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut resolvió por unanimidad suspender a Petris durante cuatro meses.
La medida se adoptó en el marco del procedimiento por presunto mal desempeño y de las sospechas sobre su situación patrimonial y funcional.
Durante 2026 continuaron las actuaciones hasta que se fijaron las audiencias para los días 16, 17 y 18 de noviembre en Rawson.
El debate debía permitir examinar los cargos admitidos, la documentación incorporada y los testimonios de las personas convocadas.
La defensa cuestionó el procedimiento. El 22 de octubre de 2026, el abogado Fernando Zvilling sostuvo que existía una diferencia entre las denuncias difundidas públicamente y los cargos concretos que llegarían al juicio.
Según explicó, las imputaciones se concentraban principalmente en la presunta falta de excusación por una relación personal con una parte de un expediente y en el supuesto ejercicio de actividades comerciales incompatibles con la magistratura.
Zvilling afirmó que las acusaciones de enriquecimiento ilícito y abuso sexual no integraban los cargos definitivos del jury y cuestionó que se utilizaran para presentar públicamente al magistrado como culpable.
También planteó objeciones sobre la delimitación de los hechos y la admisión de pruebas, al considerar que algunas decisiones procesales serían adoptadas recién al comenzar las audiencias.
La defensa aseguró entonces que Petris pretendía llegar al juicio para demostrar que las acusaciones eran infundadas.
Dos semanas después, el camarista presentó su renuncia.
La renuncia podría cerrar el jury, pero no extingue la investigación penal
Este viernes 6 de noviembre, Claudio Alejandro Petris presentó su dimisión ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.
El pleno del máximo tribunal provincial deberá analizarla durante la próxima semana. Si decide aceptarla, comunicará la resolución al Consejo de la Magistratura y al Tribunal de Enjuiciamiento para que se disponga el archivo del procedimiento.
La decisión fue adoptada cuando faltaban apenas diez días para el comienzo del juicio de destitución. Aunque la proximidad de las fechas permite vincular ambos acontecimientos, no se conoce una declaración del magistrado que confirme que haya renunciado exclusivamente para evitar el jury.
De aceptarse la dimisión y archivarse el procedimiento, el Tribunal de Enjuiciamiento no llegará a determinar si las conductas comprendidas en la acusación justificaban la destitución.
Tampoco existirá una absolución disciplinaria como resultado de ese juicio.
La situación es distinta respecto de la investigación penal iniciada en Comodoro Rivadavia. Su continuidad depende de las decisiones del Ministerio Público Fiscal y de los elementos incorporados al expediente.
La renuncia a un cargo judicial no extingue automáticamente la responsabilidad penal que pudiera surgir de hechos anteriores.
El recorrido de Petris reúne antecedentes separados por más de dos décadas. En 2008, el Consejo de la Magistratura examinó una causa penal originada durante su desempeño en Lomas de Zamora. En 2010, el magistrado ascendió a la Cámara de Apelaciones de Esquel. En 2025, el mismo organismo resolvió promover su enjuiciamiento por presunto mal desempeño, a partir de una investigación que involucró operaciones patrimoniales, relaciones personales y decisiones judiciales.
El próximo paso corresponde al Superior Tribunal de Justicia, que deberá resolver si acepta la renuncia. La investigación penal constituye una actuación independiente y su estado procesal actualizado deberá establecerse mediante las resoluciones de la fiscalía competente.
