Alerta democrática: organizaciones de derechos humanos exigen derogar el DNU que amplía las facultades de la SIDE
Una veintena de organismos advirtieron que el DNU 941/2025, firmado por el presidente Javier Milei, debilita los controles republicanos, habilita detenciones sin orden judicial y representa un grave retroceso en materia de derechos y garantías constitucionales.
En un contexto de fuerte tensión política e institucional, organizaciones sociales y de derechos humanos encendieron una señal de alarma frente al Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que introduce profundas modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional. El texto, firmado el 31 de diciembre pasado, amplía de manera significativa las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado, lo que —según las entidades— “debilita los controles democráticos” y abre la puerta a prácticas propias de una “policía secreta”.
El pronunciamiento, acompañado por organizaciones de peso como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Poder Ciudadano y la Asociación de Abogados Ambientalistas, califica la medida como “manifiestamente inconstitucional” y reclama su rechazo inmediato por parte del Congreso de la Nación Argentina.
Uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de aprehender personas sin orden judicial ni criterios claros, una facultad que, de acuerdo con los organismos, nunca fue otorgada a los servicios de inteligencia en democracia. Advierten que esta atribución habilita detenciones arbitrarias y eventuales persecuciones políticas, vulnerando garantías básicas del Estado de Derecho.
Otro eje central del rechazo es la ampliación de la vigilancia estatal. El DNU obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales con la SIDE bajo un régimen de secreto absoluto. “Nadie sabrá qué información se recolecta, cómo se usa ni a quién se entrega”, alertaron, subrayando el riesgo que implica centralizar enormes volúmenes de datos sensibles sin mecanismos transparentes de control.
Las organizaciones también cuestionan que toda la actividad de inteligencia pase a ser, por definición, encubierta. Esto impediría a la ciudadanía conocer si está siendo investigada y anularía la posibilidad de recurrir a la Justicia ante posibles abusos. A ello se suma la habilitación a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de inteligencia interna sobre “organizaciones no estatales”, rompiendo un consenso histórico que separa estrictamente la Defensa Nacional de la Seguridad Interior.
En el plano legislativo, el futuro del decreto se encamina a una definición clave. El Poder Ejecutivo tiene plazo para remitir formalmente el DNU al Congreso y, de no constituirse la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la oposición podría forzar su tratamiento directo en el recinto. En ese escenario, distintos bloques opositores ya trabajan para reunir el quórum necesario y avanzar en su rechazo.
Como antecedente, los organismos recordaron que la Argentina construyó durante décadas un marco legal —como la Ley de Inteligencia Nacional 25.520— destinado a evitar que los servicios de inteligencia actúen como fuerzas policiales, una lección aprendida tras los crímenes de la última dictadura militar. En ese sentido, consideran que el DNU 941/2025 representa “un retroceso de más de 40 años” y una seria amenaza para la democracia constitucional.
