Caso Ángel: formalizan cargos, detienen a los imputados y la querella va contra el juez
La madre y su pareja quedaron imputados por homicidio agravado y fueron detenidos tras la audiencia de formalización. En paralelo, la querella que representa al padre del niño apuntó directamente contra el accionar judicial previo y anticipó que avanzarán con denuncias contra el juez y profesionales que intervinieron en el caso.
La causa por la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia avanzó en las últimas horas con definiciones judiciales que no solo impactan en la investigación penal, sino que vuelven a exponer el funcionamiento del sistema en todo el recorrido previo del caso.
Tras la audiencia de control de detención, la madre del niño, Mariela Altamirano, no fue alojada en una comisaría de la ciudad. La decisión, que generó cuestionamientos, responde a una limitación estructural: en Comodoro no hay espacios adecuados para detenciones de mujeres en determinadas dependencias policiales, lo que obliga a adoptar esquemas alternativos de alojamiento bajo custodia.
El contraste se dio con su pareja, Michel Kevin González, quien sí quedó detenido en una celda especial. Esta medida responde a la gravedad de la imputación y a las condiciones particulares del caso.
Ambos quedaron formalmente imputados por presunto homicidio agravado por el vínculo, una calificación que marca un punto de inflexión en la causa y que se sostiene sobre los elementos reunidos hasta el momento por el fiscal Cristian Olazábal.
Durante la audiencia de formalización, no solo se expusieron los cargos, sino que también quedó en evidencia un cambio de tono en la intervención de la querella. El abogado del padre, Roberto Castillo, apuntó directamente contra el accionar judicial previo y resumió el planteo en una frase: “Nadie se hace cargo”.
Pero el cuestionamiento fue más allá. Castillo vinculó lo ocurrido con decisiones concretas dentro del fuero de familia, especialmente en el proceso de revinculación y en las evaluaciones que sostuvieron las medidas adoptadas en su momento.
En ese marco, anticipó que avanzarán con acciones específicas. Entre ellas, confirmó que analizan impulsar un jury de enjuiciamiento contra el juez Pablo Pérez, así como también la presentación de denuncias penales contra profesionales de la psicología que intervinieron en el expediente.
El punto más crítico de su exposición llegó con una declaración directa: “Si el juez no fuera juez, sería partícipe necesario. Sin su firma, Ángel estaría entre nosotros”.
Las declaraciones se dan en un escenario donde la investigación ya avanzó con la detención de la madre y su pareja, ambos imputados en una causa que ahora busca determinar responsabilidades penales concretas.
Al mismo tiempo, el eje del debate se amplía. Ya no se limita a lo ocurrido en las horas previas a la muerte del niño, sino que alcanza también al rol de la Justicia, los equipos técnicos y las decisiones que se tomaron en instancias anteriores.
Con la causa en pleno desarrollo, se espera que en los próximos días haya nuevas definiciones tanto en el frente penal como en las acciones anunciadas por la querella, en un caso que sigue generando conmoción y que ahora empieza a derivar en cuestionamientos institucionales de mayor alcance.
