Comodoro reunió a especialistas para debatir los límites de la inteligencia artificial y la protección de derechos
La responsabilidad de los jueces, el manejo de información confidencial y los prejuicios de género atravesaron la convocatoria internacional. El encuentro también incorporó la protección de niños y personas mayores, junto con la reforma procesal provincial. Una publicación de 254 páginas reúne trabajos de especialistas de Argentina, Brasil y España sobre varios de esos problemas.
Comodoro Rivadavia fue sede del II Congreso Patagónico de Derecho Civil y Comercial y del III Congreso Internacional de Género y Derecho de la Patagonia, cuya programación abarcó del 28 al 30 de octubre en el Centro Cultural. La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Fundación Deiure organizaron la convocatoria, que reunió a profesionales, magistrados, docentes, investigadores y estudiantes.
La jornada inaugural contó con exposiciones de Mario Luis Vivas, ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, y Javier Leal de Ibarra, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Ambos abordaron la incorporación de inteligencia artificial al trabajo judicial. También participaron de la apertura el rector Gustavo Fleitas, el decano Francisco Schiavone y Ricardo Hayes, presidente del congreso.
Datos confidenciales y responsabilidad de quienes utilizan IA
En una entrevista con el programa La Tribuna, de Radio del Mar, publicada el 27 de octubre, Schiavone había planteado que la discusión debía abarcar los límites, las responsabilidades y la protección de la información utilizada en estas plataformas. “En términos de regulación, es la discusión de nuestra era”, afirmó al analizar la velocidad de los cambios tecnológicos y las dificultades para acompañarlos con normas.
El decano advirtió sobre la carga de datos confidenciales en herramientas cuyo funcionamiento y tratamiento de la información no siempre conocen sus usuarios. Mencionó una capacitación desarrollada mediante un convenio entre la Facultad y la Oficina Anticorrupción provincial, orientada al tratamiento de datos personales y al uso institucional de estas tecnologías. También señaló que las diferencias de acceso a la conectividad pueden profundizar las desigualdades.
En el Poder Judicial de Chubut existen reglas específicas desde abril de 2025. El Acuerdo Plenario 5435/2025 exige supervisión humana, revisión de los resultados y resguardo de datos sensibles. Su texto advierte que las respuestas pueden contener errores o reproducir prejuicios, y establece que la inteligencia artificial debe complementar el trabajo profesional sin sustituir el criterio de quienes tienen la responsabilidad de decidir.
Esas directivas estuvieron involucradas en un caso resuelto por el Superior Tribunal el 13 de marzo de este año. La Cámara Penal de Esquel había anulado una condena después de encontrar una frase residual que revelaba el uso de un asistente de inteligencia artificial. El Superior Tribunal revocó esa nulidad y ordenó que otra integración de la Cámara tratara los cuestionamientos pendientes de la defensa.
El fallo sostuvo que utilizar una herramienta tecnológica no demuestra, por sí mismo, que el juez haya delegado su función. Para invalidar una sentencia debe acreditarse una afectación sustancial de garantías o un perjuicio concreto. También reafirmó que la decisión es indelegable y que el magistrado responde íntegramente por el contenido del fallo. Este antecedente provincial aporta contexto a la discusión académica sobre el control de las decisiones asistidas por IA.
Infancias digitales, vejez y prejuicios en las decisiones judiciales
El programa oficial contempló 21 exposiciones. Incluyó contratos negociados mediante inteligencia artificial, protección del consumidor digital y participación de niños como creadores de contenido en redes. También incorporó la autonomía de las personas mayores frente a las intervenciones familiares sobre sus decisiones personales y patrimoniales.
Para la última jornada estaban anunciadas intervenciones sobre transparencia de los sistemas algorítmicos, prejuicios en los juicios por jurados, violencia de género, filiación y derechos sucesorios. La conferencia de cierre asignada al psicólogo Miguel Pérez Fernández proponía analizar la persistencia del machismo en las nuevas tecnologías, tomando como referencia a los asistentes virtuales Siri y Alexa.
La convocatoria incluyó un homenaje al jurista Jorge Osvaldo Azpiri y estuvo vinculada con el libro Innovaciones, Sesgos y Derechos. Desafíos actuales y debates interdisciplinarios para una justicia en transformación. La ficha de la editorial brasileña Conhecimento confirma una primera edición de 2026, de 254 páginas, dirigida por Ricardo Rubén Enrique Hayes y Maria de Fátima Freire de Sá.
El índice reúne 20 capítulos sobre inteligencia artificial, interpretación judicial, género, autonomía personal y relaciones familiares. Incluye trabajos de Vivas y Leal de Ibarra, además de un capítulo de María Marta Nieto dedicado al proyecto de Código General de Procesos de Chubut. La publicación figura con el ISBN 9786553876002.
Una reforma provincial que sigue en discusión
La exposición de Nieto sobre el proyecto procesal también integró la programación del congreso. La camarista participó en la elaboración del anteproyecto junto con Guillermo Walter y Sergio Lucero. La propuesta impulsa la oralidad, las audiencias y cambios en la organización de los procesos no penales.
El debate legislativo registra objeciones de la abogacía organizada. En septiembre, la Federación Argentina de Colegios de Abogados acompañó el rechazo al proyecto 060/2026 formulado por los colegios de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel. Cuestionó la participación previa de esas instituciones y las facultades que el texto atribuye a los jueces, entre otros aspectos. Esas críticas fueron expresadas durante el tratamiento de la reforma, antes del encuentro académico.
El 21 de octubre quedó constituida la Comisión Redactora creada por la Resolución 170/26 de la Legislatura. El cronograma informado contempla un diagnóstico hasta enero y el comienzo del trabajo técnico formal en febrero de 2027. En aquella reunión participaron representantes de distintos sectores, entre ellos Edgardo Hughes por el Colegio de Abogados de Sarmiento; la comisión tomará como base el anteproyecto del Superior Tribunal y los aportes incorporados al proceso de discusión.
