COOPSAR: Uribe respondió a las acusaciones de Ramírez: “No tengo nada que ocultar ni motivos para callarme”
Horas después de la conferencia de prensa de COOPSAR, la ex tesorera y actual consejera titular salió a responder las acusaciones del actual responsable de Tesorería y difundió su descargo formal ante la Sindicatura, presentado con patrocinio jurídico. Rechazó los señalamientos sobre pagos duplicados, contrataciones de servicios y la supuesta pérdida de $130 millones por un embargo judicial. Aportó antecedentes bancarios, contables y judiciales, recordó que el balance de su gestión fue aprobado por unanimidad y mencionó una auditoría del INAES sin observaciones sobre sus funciones. También reclamó conocer si existe alguna investigación formal en su contra, se reservó el derecho de iniciar acciones legales y cuestionó que las diferencias administrativas se trasladen al terreno político para desacreditar a quienes formularon las denuncias.
Horas después de la conferencia de prensa realizada este miércoles 28 de octubre por la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Sarmiento (COOPSAR), en Chubut, la ex tesorera y actual consejera titular Yessica de Lourdes Uribe Gallardo publicó un descargo en sus redes sociales para responder a las acusaciones que el ingeniero Ariel Ramírez había formulado sobre su anterior desempeño en la administración económica de la entidad.
La publicación estuvo acompañada por imágenes de una presentación formal realizada ante la síndica titular Nora Campos Mazquiarán, con el patrocinio jurídico de la abogada María Teresa Villagrán Gallardo. El escrito responde a la Nota N.º 228/2026, emitida por la Sindicatura el 20 de octubre, mediante la cual se le solicitaron explicaciones sobre cuatro cuestionamientos que Ramírez había difundido anteriormente en Facebook, relacionados con contrataciones de servicios, pagos por reparaciones y un embargo judicial de $130 millones.
El nuevo episodio se produjo después de que el presidente de COOPSAR, Jorge Ariel Ñancucheo, encabezara una conferencia de prensa en la que dio lectura a un documento de 36 páginas elaborado por consejeros de la Lista Blanca. Aquella presentación defendió las contrataciones millonarias, las reparaciones del parque automotor y distintas decisiones administrativas, además de cuestionar a los consejeros que promovieron las denuncias y vincular el conflicto con la próxima renovación de autoridades.
Uribe había presentado a fines de septiembre observaciones por presuntos sobreprecios y contrataciones direccionadas ante el Consejo de Administración y posteriormente ante la Sindicatura. Las acusaciones que ahora respondió corresponden a otro tramo del conflicto: los señalamientos que Ramírez formuló contra ella al defender públicamente su propia gestión como tesorero.
“No tengo nada que ocultar ni motivos para callarme”, expresó la consejera al comenzar su publicación. También afirmó que cumplió los procedimientos establecidos en el Estatuto Social para presentar sus observaciones y sostuvo que no está dispuesta a ser cómplice de irregularidades que pudieran comprometer el patrimonio de la cooperativa.
Dos pagos por trabajos de plomería y una reparación que habría quedado mal realizada
El primer cuestionamiento estaba relacionado con un presunto doble pago por trabajos de plomería realizados durante abril y mayo de 2025 en la sala velatoria del barrio 21 de Junio. Ramírez había sostenido que Uribe autorizó pagar dos veces por una misma reparación, sin exigir al primer prestador que respondiera por las deficiencias del trabajo.
En su contestación, la ex tesorera explicó que la intervención inicial respondió a una pérdida de agua en el tanque de la sala velatoria y que la reparación había sido solicitada con carácter urgente por la consejera responsable del área de Sepelio, Analía Fiant. Para resolver el inconveniente se consultó a personal de mantenimiento sobre la disponibilidad de un prestador que pudiera intervenir inmediatamente.
Sin embargo, transcurridos algunos días, la responsable del sector manifestó su disconformidad con los resultados debido a deficiencias que persistían en la instalación. Esa situación habría motivado la contratación de otro profesional para corregir el problema y garantizar el funcionamiento de las instalaciones, especialmente por tratarse de un espacio destinado a la prestación de servicios funerarios.
Uribe rechazó que se hubiera autorizado arbitrariamente el pago de dos trabajos idénticos y explicó que la segunda intervención respondió a la necesidad de subsanar las fallas de la primera reparación. También mencionó la existencia de registros audiovisuales de los trabajos realizados, ofrecidos como respaldo de su explicación ante la Sindicatura.
La contratación del gasista y una diferencia de $190.000 entre presupuestos
La segunda acusación formulada por Ramírez se refería a la contratación de un profesional para limpiar y acondicionar los calefactores de las dependencias de COOPSAR. El actual tesorero había cuestionado que su antecesora eligiera un presupuesto superior cuando existía una alternativa más económica y ambos prestadores, según su publicación, reunían condiciones equivalentes para realizar el servicio.
Uribe explicó que los trabajos comprendían 26 artefactos distribuidos entre las instalaciones de la cooperativa y que debían realizarse antes de la temporada invernal. En su presentación precisó que las cotizaciones recibidas fueron de $910.000 y $1.100.000, con una diferencia de $190.000 entre ambas propuestas.
La elección del presupuesto más elevado respondió, de acuerdo con su defensa, a la experiencia y los antecedentes profesionales del gasista contratado. También mencionó problemas anteriores con la calidad de trabajos realizados por el otro prestador, circunstancia que habría obligado a contratar nuevamente a un profesional para corregir deficiencias en la sala de sepelio del barrio 21 de Junio.
La consejera sostuvo que la idoneidad y confiabilidad del profesional constituían aspectos necesarios para preservar la seguridad de las instalaciones y de las personas que concurren o trabajan en ellas. Por ese motivo rechazó que la contratación representara una decisión arbitraria o contraria a los intereses de COOPSAR, y defendió que la evaluación de una oferta no puede limitarse exclusivamente a su precio.
Negó haber autorizado $400.000 por la instalación de dos tomacorrientes
El tercer señalamiento estaba relacionado con una supuesta contratación por $400.000 para instalar dos tomacorrientes en el sector Sepelio del Centro, operación que Ramírez había ubicado alrededor de agosto de 2025, cuando Uribe ya no desempeñaba funciones al frente de la Tesorería.
En su respuesta, la ex tesorera manifestó desconocer tanto la contratación como el supuesto pago y sostuvo que no encontró constancias que permitan identificar trabajos de esas características durante el período mencionado. También recordó que para esa fecha ya había dejado el cargo, por lo que no tenía intervención directa en la ejecución de los pagos correspondientes al sector.
Ante esa acusación, solicitó que se acompañen las facturas, órdenes de trabajo, comprobantes de pago y demás antecedentes que permitan determinar las circunstancias de la operación, identificar al prestador y establecer quién intervino en su autorización.
Uribe rechazó que se le atribuya responsabilidad por una contratación cuya existencia, autorización y pago considera que todavía no fueron acreditados mediante documentación. Su presentación plantea que esas circunstancias deben esclarecerse antes de formular conclusiones sobre su actuación administrativa.
Los $130 millones embargados y las medidas judiciales que afectan a COOPSAR desde 2019
El cuarto punto ocupa uno de los desarrollos más extensos de la contestación. Ramírez había responsabilizado públicamente a Uribe por la supuesta pérdida de $130 millones durante un embargo judicial ocurrido a fines de mayo de 2025, cuando todavía se encontraba al frente de la Tesorería. En aquella publicación sostuvo que los fondos podrían haber sido resguardados en otras cuentas y que nunca fueron recuperados.
La ex tesorera rechazó esa imputación y explicó que COOPSAR se encuentra afectada desde septiembre de 2019 por medidas judiciales de embargo sobre sus cuentas bancarias, originadas en procesos promovidos por CAMMESA por obligaciones relacionadas con el suministro de energía eléctrica.
En su escrito señaló que las cuentas del Banco Nación registraban embargos del 20% y las del Banco del Chubut del 40%. También mencionó que desde agosto de 2022 la cooperativa comenzó a operar con el Banco Credicoop, dentro de una estructura financiera condicionada por las medidas judiciales existentes.
Respecto de una medida ejecutada en marzo de 2025, identificó el Oficio Judicial N.º 3481/2025 y un embargo sobre la totalidad de los fondos de una cuenta, hasta cubrir la suma de $2.580.366.922,86. Ese antecedente fue incorporado para explicar el alcance de las restricciones judiciales que afectaban el movimiento de fondos de la cooperativa.
Uribe planteó que debe distinguirse entre la existencia de un embargo judicial y la supuesta pérdida de dinero por una administración negligente. Sostuvo que los fondos afectados por esas medidas no desaparecieron, sino que fueron destinados al cumplimiento de obligaciones reclamadas a COOPSAR, por lo que rechazó que se le atribuyera personalmente un perjuicio patrimonial.
También cuestionó la afirmación de que esos recursos podrían haberse trasladado a otras cuentas para evitar las medidas judiciales, al considerar que esa interpretación desconoce las obligaciones existentes y el alcance de los embargos.
La presentación incorpora además un argumento referido a la continuidad de esas medidas durante la gestión de Ramírez. Uribe señaló que los embargos no finalizaron cuando dejó la Tesorería y que continuaron ejecutándose sobre fondos de la cooperativa, incluso durante los últimos meses.
Como referencia, mencionó embargos por $147.174.645,26 en el Banco Credicoop y $443.255.521,54 en el Banco del Chubut durante los últimos doce meses, importes que utilizó para explicar que las restricciones judiciales siguieron afectando a la administración actual.
La cuestión también había sido abordada durante la conferencia de prensa de este miércoles, cuando Ramírez reconoció que COOPSAR mantiene embargos sobre cuentas bancarias y que esas medidas dificultan el acceso a financiamiento para renovar vehículos. En esa intervención volvió a mencionar los $130 millones de 2025 y sostuvo que, de no haberse producido aquella situación, la cooperativa podría haber adquirido tres camionetas Toyota Hilux.
Uribe rechazó que se le atribuya exclusivamente a su gestión una responsabilidad derivada de medidas judiciales que, según los antecedentes que presentó, comenzaron varios años antes y continuaron ejecutándose después de su salida de la Tesorería.
Un balance aprobado por unanimidad y una auditoría del INAES sin observaciones sobre su cargo
Además de responder las cuatro acusaciones, Uribe incorporó antecedentes vinculados con el período en que estuvo al frente de la administración económica de COOPSAR.
En su presentación señaló que el balance correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2025 fue tratado y aprobado por unanimidad durante la Asamblea celebrada el 3 de octubre de ese año, conforme al Acta N.º 46, sin observaciones.
También mencionó una auditoría realizada durante febrero de 2025 por profesionales de las áreas contable y jurídica del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Afirmó que durante aquella revisión no se formularon observaciones respecto de las obligaciones correspondientes al cargo que desempeñaba.
La consejera incorporó ambos antecedentes para respaldar su posición frente a los cuestionamientos públicos sobre su desempeño administrativo y sostuvo que deben ser considerados al evaluar las imputaciones formuladas por Ramírez.
Su defensa plantea que las decisiones de su gestión deben examinarse a partir de los registros administrativos, las actuaciones de los organismos de fiscalización y las resoluciones adoptadas por los órganos de la cooperativa.
Un informe de Fiscalía y el pedido de conocer si existe alguna investigación en su contra
Otro apartado de la contestación está dedicado a un informe expedido por el Ministerio Público Fiscal de Sarmiento, que Uribe afirmó haber acompañado a su presentación.
De acuerdo con lo expresado en el escrito, esa constancia indica que no registra causas ni antecedentes ante ese organismo. La consejera incorporó el documento frente a la gravedad de las manifestaciones públicas que considera perjudiciales para su reputación personal y profesional.
También rechazó las insinuaciones sobre la comisión de conductas ilícitas y dejó planteada la posibilidad de promover acciones legales para resguardar su honor, dignidad y buen nombre si continúan las afirmaciones que considera falsas o carentes de sustento.
La presentación solicita que la Sindicatura tenga por contestado el requerimiento, incorpore los antecedentes documentales y audiovisuales ofrecidos e informe si existe alguna investigación o procedimiento formal relacionado con las acusaciones.
En caso de existir actuaciones de esa naturaleza, Uribe pidió conocer los elementos que las sustentan y contar con la posibilidad de efectuar nuevas aclaraciones o presentar pruebas. También dejó constancia de que las manifestaciones públicas de Ramírez no pueden considerarse hechos acreditados únicamente por haber sido difundidas en una red social.
“La política no debe utilizarse para desviar la atención de los hechos”
La difusión de la contestación formal estuvo acompañada por un mensaje publicado durante la tarde de este miércoles en la cuenta personal de Facebook de Uribe, pocas horas después de la conferencia de prensa de COOPSAR.
La consejera reiteró que las observaciones que había presentado sobre las contrataciones actuales siguieron los procedimientos establecidos en el Estatuto Social y sostuvo que no tiene motivos para guardar silencio frente a situaciones que considera necesario esclarecer.
“Mi compromiso es con la TRANSPARENCIA y la RESPONSABILIDAD, no con intereses políticos”, escribió, antes de agregar que “la política no debe utilizarse para desviar la atención de los hechos ni para desacreditar a las personas”.
La declaración se produjo después de que la conducción de COOPSAR vinculara públicamente las denuncias con la próxima renovación parcial del Consejo de Administración. Durante la conferencia, Ñancucheo había sostenido que los cuestionamientos responderían a una disputa electoral y había pedido que quienes consideraran que existían delitos acudieran a la Justicia.
En el documento de 36 páginas elaborado por consejeros de la Lista Blanca, que el presidente leyó durante el encuentro, también se formularon acusaciones contra determinados sectores de la prensa y contra los integrantes del Consejo que habían difundido las observaciones sobre las contrataciones.
Uribe sostuvo que su actuación respondió a las responsabilidades que tiene como consejera titular y señaló que corresponde esperar el informe de la Sindicatura antes de evaluar los pasos siguientes respecto de las operaciones cuestionadas inicialmente.
Su publicación terminó con una frase dirigida a quienes cuestionaron su desempeño: “Quien necesita ensuciar a otro para defenderse demuestra mucho más de sí mismo”.
La contestación formal fue presentada ante COOPSAR antes de la conferencia de este miércoles y posteriormente difundida en redes sociales. El escrito responde al requerimiento que la Sindicatura había formulado por las acusaciones públicas de Ramírez, mientras continúa por separado la revisión de las contrataciones y gastos denunciados inicialmente por Uribe ante el Consejo de Administración y el órgano de fiscalización.
