El drama que vive una familia en Sarmiento: clausuras, vacío normativo y la pelea por seguir trabajando sobre Ruta 26
Mientras el municipio sostiene que la clausura del “Carrito de Angie” respondió a falta de habilitación y presuntas irregularidades sanitarias, Diego Enrique Pereira asegura que cumple con gran parte de los requisitos exigidos y que el verdadero conflicto pasa por otro lado: el Estado no quiere habilitarlo en el lugar donde trabaja desde hace años. Río Mayo 1935 analizó ordenanzas, resoluciones municipales y documentación oficial vinculada a carros gastronómicos y encontró un escenario mucho más complejo que una simple discusión bromatológica.
Mientras las normativas vigentes reconocen, regulan y habilitan la actividad de vehículos-cocina en espacios públicos, no aparece una prohibición expresa sobre el sector de la Ruta Nacional 26 donde funciona actualmente el carrito ni tampoco una obligación formal de trasladarse al Skate Park.
En el medio quedan las imágenes viralizadas, los procedimientos municipales, las cartas documento sin respuesta y la historia de una familia que asegura que ese carrito representa su único sustento económico. Diego tiene 43 años, su pareja Natalia 37 y juntos sostienen una familia con tres hijos: Thiago, de 18 años; Victoria, de 16; y Valentina, de 8.
Detrás del conflicto administrativo hay una discusión mucho más profunda: qué pasa cuando el Estado clausura la única fuente de ingreso de una familia que asegura no tener otra alternativa para subsistir.
“Yo no me quiero pelear con nadie. Quiero trabajar. Tengo tres chicos que alimentar.”
En diálogo exclusivo con Río Mayo 1935, Diego Enrique Pereira contó una historia muy distinta a la que quedó instalada públicamente durante las últimas horas. Desde el comienzo de la charla insistió en que el municipio “le está impidiendo trabajar” y aseguró que el principal conflicto no es bromatológico, sino la negativa a habilitarlo en el lugar donde actualmente funciona el carrito.
“Yo tengo libreta sanitaria, carnet de manipulación de alimentos, matafuego vigente, botiquín completo. Lo que me falta es la habilitación comercial, que el mismo municipio no me quiere dar”, afirmó mientras explicaba que actualmente intenta avanzar con reuniones en el Juzgado de Faltas y conversaciones con concejales para buscar una salida administrativa al conflicto. Según relató, desde el municipio le plantearon trasladarse hacia otro sector de la ciudad vinculado a la zona del Skate Park, aunque él sostiene que eso prácticamente haría inviable el emprendimiento.
“Todos los carritos que fueron ahí fundieron. Es una plaza oscura, donde no anda gente”, expresó al explicar por qué insiste en permanecer trabajando sobre la Ruta 26. En ese contexto también contó que viene manteniendo conversaciones con concejales intentando modificar la ordenanza o encontrar una alternativa que le permita regularizarse sin perder el flujo de clientes que hoy tiene sobre la ruta.
En distintos tramos de la entrevista aparece permanentemente la sensación de estar enfrentando una estructura estatal mucho más poderosa que él. Diego relató que ya atravesó distintos procedimientos vinculados al carrito y que el último operativo incluso se realizó con presencia policial. “La otra vez siempre venían por Guardia Urbana, pero esta última vez vinieron con la policía”, señaló, mientras describía un escenario que —según sostiene— se viene agravando desde el año pasado.
Según contó, ya recibió distintos desalojos relacionados con el carrito y asegura que actualmente vive con incertidumbre permanente sobre qué puede pasar con su trabajo. “Esta es la tercera vez que me hacen el desalojo”, dijo. También sostuvo que junto a su abogada enviaron cartas documento al municipio reclamando respuestas administrativas, aunque afirma que nunca obtuvo contestación formal. “Mandamos cartas documento el año pasado y otra ahora en abril. Nunca me respondieron. Nunca me llamaron del municipio ni nada”, expresó.
Otro punto que cuestiona tiene que ver con las imágenes difundidas públicamente. Diego sostiene que varias de las fotografías viralizadas corresponderían a procedimientos anteriores y asegura que algunas fueron tomadas cuando él se encontraba de viaje y el lugar había quedado bajo responsabilidad de otra persona. “Yo había viajado a Buenos Aires y quedó un chico trabajando conmigo. Sacaron fotos y dejaron mal posicionado el carro”, sostuvo.
En medio del relato también aparece constantemente la historia familiar detrás del emprendimiento. Diego explicó que antes trabajaba allí su madre, fallecida tiempo atrás, y que incluso anteriormente ya habían existido otros carros gastronómicos funcionando históricamente en la misma zona. “Mi mamá estaba ahí desde 2017. Antes hubo otros carros también y nunca hubo problemas”, relató, mencionando incluso antecedentes de otros vehículos gastronómicos que trabajaron sobre ese sector durante distintos períodos.
Durante la entrevista también dejó ver el impacto emocional y económico que toda la situación viene generando dentro de su casa. “La verdad que es angustiante porque es mi único ingreso”, dijo. Explicó que actualmente viven únicamente de lo que genera el carrito y de asignaciones familiares. “Cobramos la asignación de mi nena y de la nena de mi pareja, que son 200 mil pesos cada uno. Con eso no se llega a fin de mes ni a palos”, sostuvo.
“Hoy por hoy la situación económica está difícil, no hay trabajo. Y el único sustento que tengo no me lo quieren habilitar”, agregó. Incluso contó que durante las últimas horas evitó abrir el carrito por temor a nuevos procedimientos. “Hoy no pude salir del carro por miedo a que vengan de vuelta”, expresó. Y en otro tramo de la conversación reconoció el impacto que generan esos operativos sobre sus hijos. “La nena chiquita a veces viene la policía y es un momento medio feo”, relató.
Diego insiste además en que no está intentando evitar controles ni obligaciones municipales. “No tengo problema en pagar la habilitación comercial, de pagar todos los meses como corresponde, como paga cualquier comercio”, afirmó, remarcando que lo único que pide es poder trabajar.
Incluso vinculó el comienzo de los conflictos con la apertura de una nueva estación de servicio Axion en el sector. Según su mirada, desde ese momento comenzaron las inspecciones y problemas administrativos. “Desde que abrió la Axion nueva empecé a tener problemas”, afirmó. Luego agregó: “No tengo pruebas para decir que es eso, pero desde que vino el nuevo dueño empecé a tener problemas”. Hasta el momento no existen documentos públicos ni pruebas oficiales que permitan confirmar una relación directa entre ambas situaciones.
Pero por encima de todas las discusiones administrativas, sanitarias y políticas, hubo una frase que apareció una y otra vez durante toda la conversación y que terminó marcando el tono humano del conflicto. “Voy a seguir peleándola hasta donde me dé.”
El relato oficial
La clausura del carrito gastronómico ubicado sobre la Ruta Nacional 26 fue presentada oficialmente como un procedimiento vinculado a irregularidades bromatológicas y administrativas detectadas durante controles municipales. Las publicaciones difundidas durante las últimas horas hablaron de falta de habilitación comercial, ausencia de libreta sanitaria y condiciones de insalubridad. Las imágenes viralizadas mostraban alimentos, ollas y distintos elementos del interior del carro gastronómico bajo la acusación de representar un riesgo sanitario para la población.
En paralelo, también trascendió que no sería la primera intervención sobre el lugar y que ya existirían antecedentes de inspecciones vinculadas al funcionamiento del emprendimiento. El procedimiento además se realizó con participación de Guardia Urbana y presencia policial, algo que terminó amplificando todavía más el impacto público del caso y dejando al carrito en el centro de una fuerte exposición mediática y social.
Con las imágenes difundidas y los comunicados oficiales, el mensaje quedó instalado rápidamente: el Estado intervino porque el carrito no reunía condiciones para seguir funcionando. Pero mientras toda esa versión circulaba con fuerza en redes sociales y medios digitales, prácticamente no se escuchaba públicamente la voz de la persona que estaba del otro lado del operativo.
Qué dicen las normativas vigentes
Río Mayo 1935 analizó las ordenanzas municipales vinculadas a carros gastronómicos, habilitaciones comerciales y facultades de control municipal. La Ordenanza 028/07 reglamenta específicamente el funcionamiento de carros gastronómicos en Sarmiento. La norma exige condiciones sanitarias, controles bromatológicos, matafuego, agua potable, higiene, habilitación comercial y distintos requisitos técnicos para poder funcionar.
Las ordenanzas además le otorgan al municipio facultades para inspeccionar, labrar actas y clausurar comercios ante incumplimientos. Es decir: la potestad de control estatal existe y está prevista legalmente. Sin embargo, cuando se analiza la cuestión territorial, aparecen varios puntos que hoy forman parte del centro del conflicto.
En ninguna de las ordenanzas analizadas aparece una prohibición expresa sobre el sector de la Ruta Nacional 26 donde actualmente funciona el carrito. Tampoco surge un listado taxativo de lugares prohibidos para carros gastronómicos ni una obligación específica de instalarse únicamente en el Skate Park.
La propia Ordenanza 071/12 de Habilitaciones Comerciales incluso establece que la “zonificación” es “sin restricciones”, salvo disposición específica en contrario. Además, Río Mayo 1935 accedió a las Resoluciones Municipales 1124/20 y 155/21, firmadas durante la gestión del intendente Sebastián Balochi, donde el Ejecutivo Municipal autorizó expresamente el funcionamiento de vehículos-cocina en espacios públicos dentro del denominado “Paseo Gastronómico de los Colonos”.
En esos documentos el propio municipio reconoce textualmente que “hasta el momento, no se ha establecido un lugar fijo para la instalación de este tipo de vehículos-cocina” y además sostiene expresamente “que no existe impedimento alguno” para el funcionamiento de este tipo de actividades.
Las resoluciones autorizaban a propietarios de vehículos-cocina con habilitación municipal vigente a utilizar espacios públicos determinados de la ciudad, fijando condiciones de convivencia, higiene y seguridad vial, pero sin establecer que el Skate Park fuera el único lugar habilitado para este tipo de emprendimientos. Incluso los artículos posteriores de esa resolución solamente regulaban cómo debían funcionar quienes se instalaran dentro de ese paseo gastronómico puntual: distancias mínimas, limpieza, prevención sanitaria, circulación y convivencia urbana.
Pero no derogaban el resto de la normativa ni convertían automáticamente ese sector en el único punto habilitado para carros gastronómicos. Porque mientras el municipio sostiene que actuó en función de controles y habilitaciones, Diego insiste en que nadie le explicó formalmente por qué no puede seguir trabajando en un lugar donde —según afirma— hubo carros durante años.
Y mientras las ordenanzas municipales reconocen, regulan y hasta autorizan este tipo de actividades en espacios públicos, la discusión sigue sin una respuesta clara sobre qué norma prohíbe específicamente el funcionamiento del carrito sobre ese sector de la Ruta 26.
En el medio queda una familia hablando de clausuras, desalojos, cartas documento sin respuesta y la incertidumbre de no saber si podrá seguir sosteniendo el único ingreso económico con el que hoy alimentan a tres chicos.
