La Justicia Federal avanzó sobre empresarios pesqueros y volvió a encender la tensión en uno de los negocios más poderosos de Chubut
Una investigación encabezada por la Justicia Federal derivó en allanamientos sobre empresarios vinculados al sector pesquero en Chubut y volvió a colocar bajo presión a una de las estructuras económicas con mayor peso político dentro de la provincia. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Pablo Yadarola y ejecutados por Gendarmería Nacional sobre domicilios y firmas relacionadas con la actividad pesquera y logística.
La causa apareció en un contexto especialmente sensible. Desde hace meses, el negocio pesquero atraviesa una escalada de conflictos que mezcla disputas empresariales, cuestionamientos por permisos de pesca, deudas de canon, acusaciones cruzadas y una fuerte pelea política alrededor de la denominada “Ficha Limpia Pesquera” impulsada por el gobierno provincial.
Según publicó Diario Jornada, los allanamientos alcanzaron a empresarios considerados históricos dentro del esquema pesquero chubutense y a alrededor de 19 empresas vinculadas al sector. Aunque hasta ahora no trascendieron oficialmente detalles completos sobre las imputaciones, la magnitud del operativo volvió a mover un tablero donde hace tiempo conviven intereses económicos, influencia política y disputas judiciales.
En Chubut, la pesca nunca fue solamente pesca. Detrás de los permisos, las cuotas y las plantas, históricamente también se discutió poder. Por eso la noticia impactó rápido dentro del sector político y empresarial. No sólo por quiénes aparecen mencionados, sino porque la investigación llega en un momento donde el gobierno de Ignacio Torres viene endureciendo el discurso contra parte del empresariado pesquero.
En las últimas semanas ya se habían profundizado los cruces por la ley de “Ficha Limpia Pesquera”, una iniciativa que busca impedir que empresas con incumplimientos fiscales, sanciones o irregularidades puedan acceder o renovar permisos de explotación. Parte del sector empresario respondió judicializando la norma y denunciando supuestos excesos del Ejecutivo provincial.
A eso se sumaron discusiones por deudas millonarias vinculadas al canon pesquero y fuertes cuestionamientos sobre cómo se manejaron durante años algunos permisos de captura. El trasfondo es más profundo que una simple discusión administrativa: lo que está en juego es el control de un negocio multimillonario que mueve empleo, exportaciones y una enorme capacidad de presión política dentro de la provincia.
Por ahora, la causa federal se mantiene bajo reserva y no existen condenas ni resoluciones definitivas contra los empresarios mencionados. Pero el impacto político ya empezó a sentirse. Porque cada vez que la Justicia entra en el corazón del negocio pesquero chubutense, inevitablemente también empieza a rozar relaciones de poder que llevan décadas construyéndose alrededor del puerto, las plantas y los permisos.
