Fita y Abril piden explicaciones por el cierre de profesorados en Comodoro Rivadavia para 2027
Los cierres de carreras de Economía, Geografía, Educación Tecnológica y Danza y el traslado del Profesorado de Educación Especial señalados en el pedido de informes provocaron preocupación entre docentes y estudiantes. Los legisladores reclaman al Ministerio de Educación del Chubut los fundamentos pedagógicos, administrativos y presupuestarios de las medidas, además de los estudios de matrícula y demanda que se utilizaron para justificarlas.
Los diputados provinciales Gustavo Fita y Vanesa Abril, del bloque Arriba Chubut, presentaron un proyecto de resolución en la Legislatura para solicitar explicaciones al Ministerio de Educación sobre el cierre, la suspensión y el traslado de distintas carreras de formación docente en Comodoro Rivadavia, previstos para el ciclo lectivo 2027. La iniciativa surge ante la preocupación de estudiantes, docentes y autoridades educativas por las consecuencias que estas modificaciones podrían tener sobre la continuidad de los estudios y las fuentes laborales.
El pedido de informes identifica cuatro profesorados alcanzados por decisiones de cierre: Economía y Geografía, que se dictan en el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N.º 807; Educación Tecnológica, correspondiente al ISFD N.º 802; y Danza, del ISFD N.º 806. Los legisladores reclaman que el Gobierno provincial explique cuáles fueron los fundamentos pedagógicos, administrativos y presupuestarios considerados para disponer estas medidas y qué alternativas se evaluaron antes de modificar la oferta académica.
La presentación también cuestiona el traslado del Profesorado de Educación Especial desde el ISFD N.º 802 al ISFD N.º 810. Se trata de una carrera con más de cuarenta años de trayectoria en su institución de origen, un antecedente que los diputados incorporaron expresamente al proyecto. El requerimiento solicita precisar los motivos de la decisión, identificar el establecimiento y la localidad donde funcionará efectivamente la carrera y aclarar si existe alguna previsión para abrirla en otra localidad de Chubut.
Otro de los puntos apunta a determinar qué sucederá con las carreras que dejarían de dictarse en Comodoro Rivadavia. Fita y Abril solicitaron que el Ministerio informe si esas ofertas académicas serán trasladadas o habilitadas en otros institutos de la provincia, cuáles serían los establecimientos receptores y qué fundamentos respaldan esa eventual redistribución. La información resulta necesaria para conocer si se trata de cierres definitivos, suspensiones de nuevas cohortes o modificaciones en la distribución territorial de los profesorados.
El proyecto exige además la remisión de los informes de matrícula, demanda de inscripción, estudios de pertinencia y evaluaciones pedagógicas que fundamentaron cada una de las decisiones. Con esa documentación, los legisladores buscan determinar si las modificaciones responden a una evaluación de las necesidades del sistema educativo, a cuestiones presupuestarias o a una combinación de factores que todavía no fueron explicados públicamente en el material presentado.
La iniciativa incorpora otro aspecto relacionado con los procedimientos institucionales. Los diputados preguntan si las decisiones fueron tratadas y evaluadas en el Consejo Asesor Jurisdiccional (CAJ), conforme a las disposiciones del Reglamento Orgánico Marco. El pedido apunta a establecer qué participación tuvieron los espacios de consulta previstos para el sistema de formación docente y qué documentación existe sobre el tratamiento de las modificaciones anunciadas.
En los fundamentos del proyecto, Fita y Abril advierten que los cambios generan preocupación entre estudiantes, docentes y equipos institucionales por sus posibles consecuencias sobre las trayectorias educativas, las fuentes de trabajo y el sostenimiento de la formación docente en la región. También sostienen que cualquier modificación de la oferta académica debe estar debidamente fundamentada y contemplar las necesidades educativas y sociales de cada localidad.
Al comunicar la presentación, los legisladores cuestionaron la falta de diálogo con las comunidades educativas y reclamaron explicaciones sobre las decisiones previstas para 2027. Bajo la consigna «La educación pública se defiende, no se recorta», plantearon la necesidad de conocer qué ocurrirá con los estudiantes y docentes afectados y por qué se avanzó con modificaciones que, según expresaron, no fueron suficientemente discutidas con quienes integran las instituciones.
El proyecto presentado en la Legislatura constituye un pedido de informes y no una resolución que suspenda los cambios anunciados. Su tratamiento y eventual aprobación permitirían formalizar el requerimiento al Ministerio de Educación. La documentación difundida no incluye las resoluciones administrativas que dispusieron los cierres y traslados, por lo que todavía resta conocer el alcance concreto de las medidas, especialmente si afectarán únicamente el ingreso de nuevos estudiantes durante 2027 o también la continuidad de las cohortes que ya se encuentran cursando.
Fuentes: presentación de Gustavo Fita y Vanesa Abril y material remitido a Río Mayo 1935; Crónica, cobertura del reclamo de docentes y estudiantes, 11 de noviembre de 2026. No se tuvo acceso a las resoluciones administrativas del Ministerio de Educación.
Fotografía aportada por Río Mayo 1935 para esta publicación.
