Los Colegios de Abogados rechazaron la reforma procesal y pidieron volver a discutir el proyecto
Los Colegios Públicos de Abogados de Chubut solicitaron que se rechace el proyecto de Código General de los Procesos y reclamaron que cualquier reforma se discuta con participación de magistrados, abogados, universidades y otros sectores vinculados con la Justicia. Cuestionaron la falta de diagnóstico previo, los costos que demandaría la nueva estructura, la obligatoriedad del precedente judicial, el sistema de oralidad y las restricciones recursivas previstas en la iniciativa.
Los Colegios Públicos de Abogados de Chubut endurecieron su posición frente al proyecto de Código General de los Procesos y solicitaron que la iniciativa sea rechazada para abrir una nueva discusión sobre la reforma de los procesos no penales en la provincia.
El planteo alcanza al Proyecto de Ley N° 060/26, remitido por el Superior Tribunal de Justicia a la Legislatura, y concentra cuestionamientos tanto sobre la forma en que fue elaborado como sobre varios de los cambios que propone introducir en el funcionamiento judicial.
Los abogados no rechazan la posibilidad de modificar las normas procesales. Admiten que existen aspectos que requieren actualización, pero consideran que el proyecto presentado no parte de un diagnóstico suficiente sobre los problemas actuales de la Justicia y que una reforma de esta magnitud no debería avanzar sin conocer previamente cuáles serán sus resultados, su costo y la estructura necesaria para aplicarla.
Uno de los principales cuestionamientos vuelve a ser la falta de participación previa. Los Colegios sostienen que una reforma destinada a regular durante años el funcionamiento de los procesos judiciales debió ser discutida desde el comienzo con magistrados, abogados, universidades y otros actores vinculados con la actividad judicial.
Ese reclamo ya había aparecido cuando el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn comenzó a analizar el proyecto en junio. Su presidente, Gustavo Cruz, había señalado que la iniciativa fue elaborada “sin participación de los colegios de abogados, ni de los propios magistrados y operadores jurídicos de la provincia”, además de cuestionar la ausencia de estadísticas y estudios previos sobre el funcionamiento del sistema actual.
Sin diagnóstico y con dudas sobre el costo
Entre las objeciones aparece una cuestión básica: los Colegios sostienen que no se ha demostrado que los problemas actuales de la Justicia tengan su origen en el Código vigente ni que reemplazarlo integralmente permita resolver las demoras existentes.
La posición de los abogados es que determinados problemas podrían ser corregidos mediante modificaciones puntuales, incorporación de jueces en los sectores con mayor acumulación de expedientes y mejoras en la gestión, sin necesidad de cambiar completamente el sistema procesal.
También cuestionan el costo que demandaría la nueva estructura. La implementación de la oralidad exigiría más magistrados, personal administrativo, recursos técnicos, infraestructura y salas adecuadas para las audiencias. Gustavo Cruz ya había advertido que “no hay una infraestructura preparada para llevar adelante este código” y que su aplicación requeriría nuevos jueces, personal y recursos edilicios en una provincia que viene renovando sucesivamente la emergencia económica.
Las entidades profesionales también pusieron bajo análisis el plazo previsto para la implementación. Consideran que seis meses resultan insuficientes para adaptar edificios, incorporar personal, reorganizar estructuras y poner en funcionamiento un sistema que modifica de manera profunda la tramitación de los procesos.
Los abogados advierten además que la oralidad, tal como está planteada, podría generar dificultades para absorber el volumen de causas existente. Según las estimaciones incluidas en el análisis de los Colegios, la cantidad actual de magistrados sería insuficiente para sostener el número de audiencias que demandaría el nuevo esquema.
Precedentes, recursos y facultades de los jueces
Otro de los cuestionamientos importantes se dirige al sistema de precedentes judiciales. Los Colegios observan con preocupación que determinados criterios puedan resultar obligatorios para los jueces inferiores y advierten sobre las consecuencias que esa regulación podría tener sobre la independencia judicial y el control de constitucionalidad.
Este punto coincide con una advertencia realizada previamente por el abogado constitucionalista y ex presidente del Superior Tribunal de Justicia Edgardo Rubén Hughes, quien había señalado que el precedente aparecía incorporado como una suerte de “cerrojo” para los magistrados inferiores y podía provocar dificultades en planteos vinculados con cuestiones constitucionales.
Los Colegios también cuestionan las restricciones previstas para determinados recursos y consideran que algunas disposiciones podrían limitar la posibilidad de revisión de las decisiones judiciales. Dentro del mismo análisis aparecen reparos respecto de las facultades disciplinarias que el proyecto otorgaría a los jueces sobre los abogados particulares.
Para las entidades profesionales, el control disciplinario de los matriculados corresponde a los propios Colegios y cualquier modificación en ese sentido debe respetar las competencias establecidas para el gobierno de la matrícula.
También fueron observadas disposiciones vinculadas con procesos colectivos y con la intervención de ciudadanos en determinadas decisiones judiciales. Los abogados sostienen que algunas de esas herramientas necesitan una revisión más profunda para evitar conflictos con normas constitucionales y con las competencias propias de los magistrados.
El pedido es rechazar el proyecto y empezar nuevamente
La posición de los Colegios no consiste en solicitar algunas modificaciones durante el tratamiento legislativo. El planteo es que el Proyecto de Ley N° 060/26 sea rechazado y que posteriormente se abra una discusión nueva sobre qué reforma necesita la Justicia no penal de Chubut.
El reclamo incluye la participación del Poder Judicial, la Legislatura, el Ejecutivo, universidades, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la matrícula, con información previa sobre el funcionamiento actual del sistema y las consecuencias que tendría cada modificación.
La postura se conoce después de que las críticas al proyecto llevaran a abrir una instancia de revisión con distintos sectores judiciales. Esa consulta fue uno de los puntos reclamados desde el comienzo por quienes cuestionaron la iniciativa.
Edgardo Rubén Hughes había formulado una advertencia similar aproximadamente una semana antes de que se conociera la decisión de revisar la propuesta. El ex presidente del Superior Tribunal reclamaba una “consulta generalizada y democrática” antes de avanzar y sostenía que debían conocerse previamente los beneficios, costos, cantidad de jueces y personal necesarios para poner en funcionamiento la reforma.
Ahora los Colegios avanzaron un paso más y pidieron directamente que el texto sea rechazado. Su posición es que la discusión debe comenzar nuevamente, con un diagnóstico del sistema actual y con participación de quienes deberán aplicar las nuevas reglas.
