¿No hay plata? $2.152 millones en coparticipación: los números que desmienten la idea de una caída
Mientras desde el Ejecutivo municipal se habló de una merma de recursos asociada a la caída del precio del petróleo, los datos oficiales muestran otra realidad: durante 2025, Río Mayo recibió más de dos mil ciento cincuenta millones de pesos en coparticipación y fondos asociados. Impuestos nacionales, consensos fiscales, regalías y compensaciones integraron un flujo sostenido de recursos que no solo no cayó, sino que creció más de un 23 % respecto de 2024.
Durante el año 2025, el Municipio de Río Mayo percibió un total de $2.152.462.160,25 en concepto de coparticipación y transferencias automáticas, según surge del análisis de las liquidaciones oficiales giradas por la Provincia. Estos recursos provinieron principalmente de la coparticipación federal de impuestos, los distintos puntos del Consenso Fiscal, regalías hidroeléctricas, petroleras y gasíferas, además de bonos de compensación y otros mecanismos establecidos por ley.
El comportamiento de estos fondos a lo largo del año permite una lectura precisa. En el primer trimestre, Río Mayo recibió $515.259.017,24; en el segundo trimestre, $477.592.157,56; el tercer trimestre mostró una recuperación con $563.623.428,14; y el cuarto trimestre alcanzó los $595.987.557,31, el monto más alto del año. De este modo, 2025 cerró con ingresos por coparticipación superiores a los dos mil millones de pesos.
Lejos de tratarse de envíos aislados, los fondos llegaron mediante un esquema regular de liquidación. A lo largo del año se registraron 11 transferencias en el primer trimestre, 12 en el segundo, 12 en el tercero y 13 en el cuarto, superando las 45 transferencias en total. Cada giro respondió a los cortes administrativos habituales de la Provincia, que concentran distintos conceptos según el calendario fiscal.
Este punto resulta clave para entender por qué, en determinados momentos del año, pudo instalarse la percepción de una baja en la coparticipación. No todas las transferencias incluyen los mismos rubros: algunas concentran regalías o bonos compensatorios, mientras que otras reflejan principalmente coparticipación impositiva. A esto se suman los descuentos automáticos aplicados cuando los municipios reciben adelantos financieros o asistencias transitorias, lo que impacta en el ingreso neto de una liquidación puntual sin modificar la masa total anual.
La comparación interanual despeja cualquier duda. En 2024, Río Mayo había recibido $1.748.045.836,03. En 2025, ese monto ascendió a $2.152.462.160,25, lo que representa un incremento nominal del 23,14 %, con más de 404 millones de pesos adicionales en apenas un año. Es decir, no hubo una caída estructural de la coparticipación: hubo un crecimiento significativo.
Ranking de coparticipación 2025 en el departamento Senguer
Para dimensionar el volumen de recursos percibidos por Río Mayo durante 2025, resulta útil ubicarlo dentro del mapa regional. En el departamento Senguer, los montos anuales de coparticipación muestran una distribución marcada por el peso institucional y la escala de cada jurisdicción. En ese marco, Río Mayo encabezó el ranking departamental con $2.152.462.160,25, seguido por Alto Río Senguer, que recibió $1.626.785.276,34.
En un segundo peldaño, con cifras significativamente menores, aparecen las demás localidades del departamento: Ricardo Rojas con $192.124.115,65, Lago Blanco con $190.498.419,70, Aldea Beleiro con $183.825.742,70 y Aldea Apeleg con $168.296.684,30. El orden refleja los coeficientes de distribución vigentes y permite comprender el peso relativo que tuvo cada municipio y comuna rural en el esquema de transferencias automáticas a lo largo del año.
Coparticipación y petróleo: dos fenómenos distintos
En reiteradas declaraciones públicas, el intendente municipal Gustavo Loyaute vinculó la situación financiera del Municipio con la caída del precio internacional del barril de petróleo. Sin embargo, se trata de dos fenómenos distintos, regidos por lógicas económicas diferentes.
El precio del petróleo responde a variables del mercado internacional y su impacto directo se refleja principalmente en las regalías petroleras, que dependen del valor del crudo y del nivel de producción. La coparticipación, en cambio, se compone mayoritariamente de impuestos nacionales, como el IVA y el Impuesto a las Ganancias, además de mecanismos fiscales y compensatorios previstos por ley. Por eso, aun cuando el barril mostró valores más bajos en 2025 que en 2024, la coparticipación no cayó. Creció.
Dicho de manera sencilla: puede bajar el petróleo y subir la coparticipación; puede disminuir una regalía en una liquidación puntual y, aun así, aumentar el total anual de recursos. Confundir estos planos conduce a diagnósticos erróneos que no resisten el contraste con los datos completos.
El otro lado del “no hay plata”: la respuesta de la gestión Loyaute
El crecimiento sostenido de los recursos contrasta con la estrategia adoptada por la gestión del intendente Gustavo Loyaute para enfrentar el escenario social y laboral de la localidad. Mientras la coparticipación creció más del 23 % interanual, la respuesta política no se tradujo en una política institucional de empleo, sino en la expansión de mecanismos de contención precaria.
Bajo la actual administración, el Municipio sostiene una estructura donde conviven 56 trabajadores de planta permanente con alrededor de 300 personas incorporadas bajo el régimen de “becas laborales”. No se trata de salarios en sentido estricto, sino de asignaciones económicas que rondan los 170 mil pesos por quincena, sin estabilidad, sin derechos laborales plenos y sin reconocimiento de relación de dependencia.
Este esquema configura un modelo que prioriza el paliativo antes que la construcción de empleo genuino. No hay una política clara de pase a planta, no hay carrera administrativa ni planificación de recursos humanos orientada a la dignificación del trabajo. El Estado municipal no aparece como generador de empleo formal, sino como administrador de la emergencia.
Precarización como política económica: el impacto social de las “becas laborales”
El uso del término “beca” no es inocente. En su sentido original, una beca tiene como finalidad formar, capacitar y generar aptitudes para que una persona estudie o aprenda un oficio. En el esquema implementado por la actual gestión municipal, esa finalidad no existe. No hay trayectos formativos, no hay certificaciones ni salidas laborales. Hay tareas regulares, horarios, responsabilidades y, en muchos casos, exposición a riesgos laborales, sin las garantías que exige la ley.
En los hechos, se trata de trabajo no registrado, encubierto bajo una denominación administrativa que funciona como resguardo político y jurídico. Al denominar “becas laborales” a lo que en la práctica son puestos de trabajo, el Ejecutivo municipal evita asumir plenamente las obligaciones del Estado como empleador, trasladando el riesgo hacia adelante.
Ese riesgo no es abstracto. Cualquier accidente laboral, reclamo o conflicto derivado de esta situación no recaerá sobre la decisión política individual, sino sobre el Municipio. Un eventual juicio no lo paga el intendente: lo paga el Estado local, es decir, la comunidad en su conjunto. Así, una política presentada como contención social se convierte en una hipoteca jurídica y financiera para el futuro.
Este modelo impacta de lleno en la economía cotidiana del pueblo. Ingresos bajos, inestables y sin derechos no dinamizan el comercio ni fortalecen el entramado productivo. Por el contrario, consolidan una economía de subsistencia, donde cientos de personas quedan atrapadas en la precarización, en un contexto de aumentos sostenidos en electricidad, gas, combustibles y servicios básicos.
Tarifaria 2026 y administración de la escasez
El contraste se vuelve aún más evidente al observar lo proyectado para 2026, aprobado mediante la ordenanza tarifaria y el presupuesto municipal. El cálculo de recursos prevé nuevamente un fuerte peso de la coparticipación y transferencias automáticas, junto con ingresos por regalías, consensos fiscales y asistencias, que permiten sostener un presupuesto superior a los 4.160 millones de pesos.
Sin embargo, esa planificación no incorpora una política de Estado orientada al trabajo digno, la producción local o el desarrollo económico sostenido. Se proyectan gastos corrientes elevados —energía, combustibles, servicios— y se mantiene una estructura de precarización laboral como principal respuesta social.
La conclusión que incomoda
Los números son claros. La plata estuvo. Ingresó de manera regular, creció interanualmente y permitió cerrar 2025 con ingresos récord por coparticipación. Lo que no existió fue una política institucional capaz de transformar esos recursos en empleo genuino, derechos laborales y desarrollo local.
La discusión de fondo ya no es si hubo o no plata. La discusión es qué modelo de Estado local eligió la gestión de Gustavo Loyaute: uno que administra la precariedad como forma de contención social o uno que utilice los recursos públicos para construir dignidad, trabajo y futuro para la comunidad de Río Mayo.
