Pollos de Papel: sostienen que la comida destinada a los más necesitados terminó en actos políticos
La causa conocida como “Pollos de Papel” volvió a exponer presuntas irregularidades ocurridas durante la gestión del exintendente Adrián Maderna en Trelew. La investigación apunta al funcionamiento del Programa de Asistencia Alimentaria del municipio, que debía distribuir pollos y carne a familias vulnerables, pero que según la Fiscalía habría servido para abastecer encuentros políticos y asados internos. Parte de estas revelaciones surgen de lo publicado por el periodista Rolando Tobárez en Diario Jornada.
En la audiencia de apertura, la jefa de la Unidad Fiscal Anticorrupción, Julieta Gamarra, describió la existencia de una presunta “estructura delictiva compleja” integrada por funcionarios municipales y comerciantes locales. De acuerdo al artículo de Jornada, la fiscal detalló que la carne de buena calidad, pollos, chorizos e incluso productos para locro, destinados a sectores vulnerables, habrían sido utilizados para actividades políticas y asados en los que se menciona la presencia del entonces intendente.
El juez Marcelo Nieto Di Biase declaró el expediente como “caso complejo”, lo que habilita a la Fiscalía a investigar hasta noviembre de 2026. Según reconstruyó Tobárez, el presunto perjuicio económico para la Municipalidad rondaría los 170 millones de pesos.
La acusación alcanza a los exfuncionarios Marcelo Olivera (Hacienda), Ángel Castillo (Desarrollo Social), Eliana Gómez (Contratación) y Diego Catrimay (Programa de Protección Social). También están imputados los comerciantes Rainiero Frontini y Elías Tellechea, proveedores de la mercadería que debía llegar a los hogares vulnerables.
Durante la audiencia, la Fiscalía intentó reproducir audios de WhatsApp que formarían parte del núcleo probatorio, aunque el juez no autorizó su difusión pública. Según explicó Jornada, se leyeron transcripciones en las que se evidenciaría la coordinación entre funcionarios y proveedores: desde el adelantamiento de precios y pliegos hasta consultas sobre si licitaciones correspondían a mercadería ya entregada. Para Gamarra, esto demostraría que “el origen mismo de los expedientes ya era fraudulento”.
La investigación también apunta al depósito de Acción Social, que contaba con tres cámaras frigoríficas, aunque dos —según publicó Tobárez— no funcionaban desde 2001. Pese a esto, se firmó una nota oficial donde se las declaraba operativas. Para la Fiscalía, la magnitud de la mercadería que figura en los expedientes no podría haberse almacenado en esas condiciones, y la declaración de dos exempleadas del depósito refuerza la sospecha de que allí nunca ingresó la cantidad de productos que aparece en la documentación.
Otro punto señalado en la audiencia es la búsqueda de firmas para remitos que la Fiscalía considera falsos, donde aparece mencionado Diego Catrimay. Según lo citado por Diario Jornada, su intervención habría sido clave para otorgar apariencia de legalidad al circuito de alimentos.
La versión de la defensa difiere por completo. Los abogados Fabián Gabalachis y Federico Ruffa, representantes de los proveedores, sostuvieron —según publicó Jornada— que sus clientes entregaron los alimentos comprometidos sin sobreprecios y que cualquier desvío debe atribuirse exclusivamente a los exfuncionarios municipales. A su vez, los defensores Romina Rowlands y Sergio Rey, que representan a los cinco exfuncionarios, acusaron a la Fiscalía de “recortar hechos y testimonios a su conveniencia” y de no valorar declaraciones que, a su entender, contradicen la hipótesis acusatoria.
Mientras la causa avanza bajo la figura de “caso complejo”, la Fiscalía busca consolidar la idea de un esquema de corrupción montado durante la gestión de Adrián Maderna, mientras que las defensas sostienen que se trata de irregularidades administrativas sin intencionalidad delictiva. El expediente promete un largo recorrido hasta que el juez determine si la causa va finalmente a juicio.
