Uno de cada cuatro efectivos endeudados de las fuerzas armadas y de seguridad ya está en mora
Un relevamiento elaborado a partir de la Central de Deudores del Banco Central y la nómina del Estado nacional ubicó al Ejército, el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal y Gendarmería entre los organismos con mayores niveles de morosidad. El deterioro se profundizó desde 2024 y alcanza con mayor fuerza a los efectivos menores de 35 años.
El endeudamiento entre los trabajadores del Estado nacional muestra uno de sus niveles más altos dentro de las fuerzas armadas y de seguridad. Un relevamiento realizado con información de la Central de Deudores del Banco Central correspondiente a mayo de 2026, cruzada con la nómina del personal estatal, detectó que alrededor de uno de cada cuatro efectivos que tienen algún tipo de financiamiento registra atrasos superiores a los 90 días.
El estudio contabilizó 43.784 integrantes de las fuerzas en situación de mora. Ese número representa aproximadamente el 25% de los efectivos con créditos o deudas registradas dentro del universo analizado. El porcentaje no corresponde al total del personal, sino exclusivamente a quienes tienen algún financiamiento informado en la base utilizada para el relevamiento.
El Ejército encabeza el ranking, con el 29,3% de su personal endeudado en situación irregular. Le siguen el Servicio Penitenciario Federal, con 28,1%; la Policía Federal, con 23,8%; Gendarmería Nacional, con 23,6%; Prefectura Naval, con 21,5%; la Fuerza Aérea, con 21,2%; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con 20,6%.
Por debajo aparecen otros organismos nacionales. Vialidad Nacional registra un 20%; la Administración Nacional de Aviación Civil, 18,7%; Migraciones, 18,6%; RENAPER, 17,9%; la Armada, 17,8%; INDEC, 17,1%; establecimientos de salud, 15,7%; y PAMI, 14,6%. El promedio entre las fuerzas llega al 25%, mientras que en el resto del Estado nacional se ubica alrededor del 10,8%.
La mora pasó del 8% al 25%
Los datos muestran además que el problema se aceleró en menos de dos años. En agosto de 2024, aproximadamente el 8% de los integrantes de las fuerzas que tenían deudas se encontraba en mora. Para mayo de 2026 ese porcentaje había llegado al 25%, más de tres veces el nivel registrado al comienzo del período.
El aumento siguió durante los últimos meses. Sólo entre abril y mayo de este año habrían ingresado otras 1.474 personas a la categoría de morosos. La evolución indica que no se trata de un número estable, sino de una cantidad de efectivos con problemas de pago que continuó creciendo durante 2026.
Los menores de 35 años concentran una parte importante del total. De las 43.784 personas identificadas con atrasos, 25.649 pertenecen a ese grupo etario, casi seis de cada diez morosos registrados entre las fuerzas armadas y de seguridad.
Entre los jóvenes que tienen financiamiento, el 28,7% acumularía atrasos superiores a los 90 días y el 14,8% aparece dentro de la categoría 5 de la Central de Deudores, definida como “irrecuperable”. De acuerdo con la clasificación del Banco Central, ese nivel incluye deudas con incumplimientos que, por el tiempo transcurrido, superan el año.
Fuerte presencia del crédito no bancario
Otro dato del relevamiento es el peso que alcanzaron las entidades no bancarias. Cerca del 72% de los jóvenes de las fuerzas que tienen deudas habría recurrido a proveedores de crédito por fuera del sistema bancario tradicional, entre ellos financieras, emisoras de tarjetas, fintech, cooperativas y otras empresas dedicadas al financiamiento.
Ese sector también viene mostrando un fuerte aumento de la morosidad. Los informes del Banco Central registran un deterioro de los créditos otorgados a las familias y, particularmente, de los préstamos personales concedidos por proveedores no financieros, donde las tasas son en muchos casos considerablemente superiores a las aplicadas por los bancos.
El acceso rápido al crédito permitió que una cantidad creciente de trabajadores pudiera financiar consumos o cubrir gastos corrientes, pero también dejó a una parte de ellos expuesta a cuotas más caras. Cuando el ingreso pierde capacidad de compra, las posibilidades de sostener esas obligaciones se reducen y las refinanciaciones pueden terminar prolongando el problema.
El relevamiento no permite establecer, sin embargo, por qué cada efectivo dejó de pagar. Para determinarlo sería necesario conocer los ingresos individuales, el monto de las cuotas, el número de acreedores, las tasas contratadas, el nivel de endeudamiento previo y las condiciones familiares de cada persona.
Salarios por debajo de la inflación
Las escalas oficiales de las Fuerzas Armadas permiten observar qué ocurrió con los haberes durante parte del mismo período. Un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda tenía en agosto de 2024 un haber mensual cercano a los 454 mil pesos. En mayo de 2026 había llegado a unos 687 mil pesos.
Un Cabo o Cabo Segundo pasó, en esos mismos meses, de aproximadamente 539 mil a 815 mil pesos. En ambos casos, el incremento nominal fue cercano al 51%, por debajo de la inflación acumulada entre agosto de 2024 y mayo de 2026.
Al comparar esas escalas con la evolución del Índice de Precios al Consumidor, el haber básico perdió alrededor de diez puntos porcentuales de poder adquisitivo real. La cuenta sirve como referencia general, ya que el salario final puede incorporar suplementos, adicionales y compensaciones según la función y el destino de cada integrante.
Durante ese mismo período, la proporción de efectivos endeudados que cayó en mora pasó de alrededor del 8% al 25%. Los datos salariales y financieros evolucionaron en la misma dirección, aunque el relevamiento no alcanza por sí solo para atribuir la totalidad del aumento de la mora exclusivamente a la caída del ingreso.
El ranking no fue elaborado por el Banco Central
El ranking difundido no corresponde a un informe oficial elaborado por el Banco Central. La entidad aporta la información de la Central de Deudores, pero los porcentajes surgieron de un procesamiento posterior que cruzó esos registros con la nómina de empleados del Estado nacional.
El trabajo fue difundido públicamente por el diputado nacional y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, quien relacionó el crecimiento de la morosidad con la pérdida de ingresos. Hasta el momento no se difundió una base completa que permita reconstruir los 86 organismos analizados y conocer todos los denominadores utilizados para calcular los porcentajes.
Esa falta de apertura metodológica impide auditar de manera independiente cada uno de los resultados. También obliga a evitar una interpretación incorrecta: el dato no muestra simplemente cuántos efectivos están endeudados, sino cuántos de quienes ya tienen algún crédito dejaron de cumplir normalmente con sus pagos.
Los números disponibles muestran que el problema se concentra con especial fuerza entre las fuerzas armadas y de seguridad y que se agravó desde 2024. El dato más delicado aparece entre los menores de 35 años, donde miles de efectivos acumulan atrasos prolongados y una parte ya figura en la categoría más grave de la Central de Deudores.
