Uranio en Chubut: un general de Estados Unidos asesora a la minera que ya evalúa extracción a cielo abierto
Jaguar Uranium anunció autorización ambiental para explorar casi 60.000 hectáreas y presentó cálculos para Laguna Salada que contemplan una modalidad prohibida por la Ley 5001. La compañía contrató al general retirado Charles Flynn para acercarse a Washington. El avance ocurre durante la gestión de Ignacio Torres, con Juan José Rivera al frente de Ambiente.
Jaguar Uranium Corp. anunció que obtuvo aprobación ambiental para explorar uranio en el prospecto La Rosada, que comprende seis propiedades mineras y una superficie de 59.895,3 hectáreas en Chubut. La compañía canadiense también presentó una estimación de recursos para otros sectores del proyecto Laguna Salada que contempla extracción a cielo abierto, una modalidad prohibida para la minería metalífera por la legislación provincial.
A esos movimientos se suma una decisión empresarial con alcance internacional: la incorporación del general estadounidense retirado Charles Flynn como asesor y la contratación de Manifest Industries para desarrollar relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Jaguar busca acercar sus proyectos de uranio a las prioridades de abastecimiento y seguridad energética de Washington.
La autorización anunciada para La Rosada corresponde a exploración. No habilita la construcción de una mina ni la explotación comercial. Pero los documentos difundidos por la propia compañía permiten conocer hacia dónde dirige sus evaluaciones: el escenario de extracción utilizado para calcular recursos de Laguna Salada incluye minería a cielo abierto.
La Ley 5001 prohíbe el método que aparece en los cálculos
La Ley XVII N.º 68, conocida como Ley 5001, prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. Una aprobación ambiental para explorar no modifica esas restricciones.
La norma contempla un procedimiento de zonificación cuya aprobación debe realizarse mediante una ley. Tampoco la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones permite eludir la prohibición: la Ley IX N.º 171 excluye de su alcance las actividades mineras prohibidas por la legislación chubutense.
El 13 de octubre de 2026, Jaguar presentó una estimación de recursos minerales para Laguna Salada que comprende 4,2 millones de libras de óxido de uranio —U₃O₈— en categoría indicada y 10,1 millones de libras en categoría inferida. Son recursos estimados, no reservas cuya explotación rentable haya sido demostrada.
Los cálculos corresponden a los sectores Lago Seco, Pampa Arroqui y Buried Lake, no a La Rosada. Su evaluación contempla un escenario de extracción a cielo abierto, con profundidades del orden de cinco a ocho metros.
La diferencia entre los sectores resulta necesaria para entender el alcance de cada anuncio. La Rosada recibió, según la empresa, autorización para realizar estudios exploratorios; otras áreas de Laguna Salada ya cuentan con una estimación que utiliza supuestos de extracción. El método considerado en esa evaluación es el que enfrenta la prohibición provincial.
Torres, Rivera y los funcionarios del área ambiental
El anuncio de aprobación se produjo durante la gobernación de Ignacio Agustín Torres. La Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable está encabezada por Juan José Rivera, mientras que Fernando Luis Pegoraro ocupa la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable y Juan Francisco Arens, la Subsecretaría de Regulación y Control Ambiental.
Las designaciones de Arens y Pegoraro constan en los decretos 1591/2023 y 1593/2023, respectivamente, fechados el 18 de diciembre de 2023 y publicados en el Boletín Oficial del 21 de diciembre. Ambos instrumentos llevan las firmas de Torres y del entonces ministro Andrés Matías Meiszner.
Estos documentos identifican a las autoridades de la estructura ambiental y a quienes formalizaron sus nombramientos. No corresponden a la aprobación de La Rosada. En la documentación consultada no pudo confirmarse quién firmó el acto ambiental anunciado por Jaguar en septiembre de 2026.
La comunicación empresarial del 29 de septiembre informó que los trabajos incluirían muestreos geoquímicos, mapeos geológicos, relevamientos radiométricos y estudios para determinar la distribución y continuidad de la mineralización. La compañía indicó que las tareas de campo comenzarían después de la temporada invernal.
Las 59.895,3 hectáreas representan la superficie total de las seis propiedades comprendidas en el prospecto. El anuncio no permite determinar cuánto terreno será intervenido por cada trabajo ni reemplaza el detalle de obligaciones y controles que debe contener el permiso provincial.
Un expediente con antecedentes desde 2013
La Rosada tiene una historia administrativa anterior a la actual gestión. En 2013 se publicó una instancia de consulta pública vinculada con el proyecto, presentado entonces por Mines Argentina S.A., bajo el expediente 1020-MAyCDS/12.
Otro antecedente es la Disposición 66/2022, fechada el 1 de julio y publicada en el Boletín Oficial del 12 de julio de ese año. Ese instrumento aprobó tareas de prospección para la sucursal argentina de 2847312 Ontario Inc., por un plazo de dos años.
La disposición exigía informes semestrales y una actualización ambiental antes del vencimiento. También establecía que la empresa debía contar con la aprobación del cateo antes de iniciar las tareas de campo y contemplaba la suspensión de actividades ante incumplimientos.
Esas condiciones muestran que el seguimiento ambiental forma parte de las obligaciones del proyecto desde sus antecedentes administrativos. Para establecer cuáles fueron renovadas, ampliadas o modificadas en 2026 es necesario conocer el instrumento que respalda la nueva aprobación comunicada por Jaguar.
Charles Flynn y la estrategia para llegar a Washington
El 28 de julio, Jaguar anunció la contratación de Manifest Industries y la incorporación de Charles Flynn como asesor. El general retirado participa en una estrategia de relaciones con el gobierno estadounidense que busca vincular los activos de uranio de la compañía con las necesidades de abastecimiento de ese país.
La presentación empresarial contempla acercamientos a organismos federales y ámbitos relacionados con la defensa. No se acreditaron en la documentación consultada contratos de suministro, financiamiento gubernamental estadounidense ni compromisos de compra para la producción de estos proyectos.
El papel de Flynn es el de asesor de la empresa. Su contratación no demuestra que el uranio chubutense tenga un destino militar, pero sí incorpora a un exintegrante de la conducción militar estadounidense a la estrategia comercial de una compañía que pretende desarrollar recursos en la provincia.
Jaguar también utiliza argumentos geopolíticos para promocionar sus activos. En su sitio institucional menciona la denominada “Doctrina Donroe” y vincula sus expectativas con una mayor influencia estadounidense en Sudamérica. Ese posicionamiento forma parte del discurso de la empresa ante sus inversores.
La Ley 5001 sigue vigente. Mientras Jaguar suma al general retirado a su estrategia de acercamiento a Washington y presenta cálculos que contemplan extracción a cielo abierto, el gobierno de Ignacio Torres debe explicar qué condiciones impuso para avanzar con la exploración y cómo controlará su cumplimiento. La autorización ambiental anunciada por la compañía no modifica la prohibición provincial.
