Los bienes de YPF desataron una fuerte disputa política entre Provincia y Comodoro
La transferencia de inmuebles y otros activos de la petrolera a Chubut abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno provincial y los principales referentes políticos de Comodoro Rivadavia. Mientras el intendente Othar Macharashvili, el senador Carlos Linares, el diputado nacional Juan Pablo Luque y el diputado provincial Gustavo Fita reclaman que el patrimonio quede bajo la órbita de la ciudad, el gobernador Ignacio Torres y el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, sostienen que los bienes serán destinados a instituciones y proyectos para los comodorenses mediante una ley provincial. El acuerdo, que deberá tratar la Legislatura, contempla recursos y bienes valuados en más de 85 millones de dólares.
La salida de YPF de las áreas convencionales de la Cuenca del Golfo San Jorge volvió a colocar a Comodoro Rivadavia en el centro de la escena política provincial. Lo que comenzó con el anuncio de la transferencia de inmuebles y otros activos a la Provincia terminó convirtiéndose, en cuestión de horas, en un duro enfrentamiento entre el Gobierno de Chubut y los principales dirigentes políticos de la ciudad petrolera.
El detonante fue la confirmación de que el histórico edificio de Kilómetro 3 y otros inmuebles vinculados a la empresa pasarán a la órbita provincial como parte del acuerdo alcanzado entre Chubut e YPF. La noticia generó un inmediato rechazo desde Comodoro, donde distintos sectores sostienen que esos bienes forman parte de la historia y del patrimonio construido por generaciones de trabajadores petroleros.
El primero en expresar esa posición fue el intendente Othar Macharashvili. El jefe comunal cuestionó la decisión de la empresa de transferir los bienes a la Provincia y pidió al gobernador Ignacio Torres que los inmuebles sean cedidos al Municipio. Argumentó que Comodoro fue protagonista del desarrollo de YPF durante más de un siglo y que ese legado no puede quedar sujeto a decisiones tomadas fuera de la ciudad. También reclamó que la discusión no deje de lado los pasivos ambientales generados por la actividad petrolera y las consecuencias económicas que dejó el retiro de la compañía.
El planteo encontró rápidamente respaldo político. El senador nacional Carlos Linares sostuvo que espera que todos los bienes de YPF queden “en manos de la Municipalidad y de los habitantes de Comodoro Rivadavia”, al considerar que se trata de un patrimonio construido gracias al esfuerzo de la comunidad comodorense y que debe permanecer bajo la administración de la ciudad.
La respuesta del gobernador llegó a través de las redes sociales. En un mensaje dirigido a Linares, Torres aseguró que impulsará una ley para garantizar que los bienes de YPF “queden para los comodorenses, no para la Municipalidad”. El mandatario propuso que el patrimonio sea destinado directamente a clubes, instituciones y organizaciones de la ciudad y planteó incluso consultar a los vecinos sobre cuál consideran que debe ser el destino de esos inmuebles.
El intercambio marcó un punto de inflexión en la discusión. Hasta ese momento el debate giraba alrededor de la cesión de los bienes; desde entonces comenzó a discutirse quién debe administrarlos. Mientras el Municipio sostiene que los inmuebles deben incorporarse a su patrimonio, el Gobierno provincial plantea que la administración directa del Estado municipal no garantiza necesariamente que lleguen a toda la comunidad y propone asignarlos mediante una ley provincial.
En ese escenario también tomó posición el diputado nacional Juan Pablo Luque. El exintendente de Comodoro afirmó que “no vamos a permitir que se lleven los bienes de YPF que pertenecen a los comodorenses” y sostuvo que esos inmuebles forman parte de la identidad de la ciudad. Según expresó, el patrimonio construido durante décadas de actividad petrolera debe permanecer en Comodoro y ser administrado pensando en las necesidades de sus habitantes.
La discusión sumó otra voz con la intervención del diputado provincial Gustavo Fita. Si bien coincidió en reclamar que los bienes permanezcan vinculados a la comunidad comodorense, amplió el eje del debate al señalar que el retiro de YPF dejó cuestiones pendientes que exceden la propiedad de los inmuebles. “Comodoro no puede pagar otra vez el costo de decisiones ajenas”, afirmó, al recordar que la ciudad sostuvo durante más de cien años buena parte del desarrollo de la empresa.
Fita advirtió que, además del patrimonio inmobiliario, todavía existe una deuda vinculada al pasivo ambiental y al pasivo social generado por la retracción de la actividad petrolera. Sostuvo que muchas familias perdieron su fuente laboral, que el comercio sintió el impacto de la caída de la actividad y que quienes obtuvieron importantes beneficios económicos durante décadas también deben asumir responsabilidades frente a esas consecuencias.
Mientras las críticas crecían desde Comodoro, el Gobierno provincial decidió responder institucionalmente a través del ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce. El funcionario defendió el acuerdo alcanzado con YPF y aseguró que “vamos a garantizar que los bienes de YPF sean para los comodorenses, no para Othar y Luque”. Además, cuestionó duramente a los dirigentes que gobernaron la ciudad durante los últimos años y sostuvo que el objetivo es impedir que el patrimonio vuelva a quedar bajo el control de “los mismos de siempre”.
Ponce explicó que el convenio firmado con la petrolera supera los 85 millones de dólares entre recursos económicos y bienes. Detalló que contempla un pago de 25 millones de dólares, la transferencia de 102 vehículos destinados prioritariamente a fortalecer la seguridad y los servicios públicos y el traspaso de tierras e inmuebles valuados en más de 60 millones de dólares.
Según el ministro, la intervención de la Provincia permitió evitar que esos activos pudieran terminar en manos privadas tras la salida de YPF. Afirmó que la intención del Ejecutivo es destinar los inmuebles a clubes deportivos, asociaciones vecinales, instituciones sociales, proyectos de vivienda y familias que esperan desde hace años la regularización de sus tierras, descartando que los bienes sean incorporados al patrimonio municipal.
El funcionario también respondió a uno de los principales cuestionamientos planteados por Macharashvili y Fita. Señaló que las obligaciones vinculadas a los pasivos ambientales continúan siendo responsabilidad de las empresas titulares de las concesiones y explicó que existen auditorías de cierre, planes ambientales específicos y compromisos legales que deberán cumplirse aun después de la salida de YPF.
Con las posiciones ya definidas, el conflicto ingresará ahora en una nueva etapa. El acuerdo será remitido a la Legislatura del Chubut, donde deberá ser analizado por los diputados provinciales junto con la documentación técnica, las auditorías ambientales, el inventario de bienes y el esquema de cesiones previsto por el Ejecutivo.
Detrás del intercambio de declaraciones subyace una discusión mucho más amplia que la propiedad de un edificio o un conjunto de terrenos. Lo que está en juego es el destino del patrimonio que deja la principal empresa petrolera de la historia argentina en la ciudad donde nació el petróleo nacional. Mientras todos los sectores coinciden en que esos bienes deben beneficiar a los comodorenses, las diferencias aparecen cuando llega el momento de definir quién deberá administrarlos, bajo qué mecanismo institucional y con qué objetivos para el futuro de Comodoro Rivadavia.
