La ley que llevaba su apellido duró más que las convicciones de la política
En 2016, cuando Mario Das Neves gobernaba Chubut y Jacqueline Caminoa integraba la oposición, la Legislatura aprobó la ley que limitó las reelecciones consecutivas de intendentes y concejales en los municipios sin Carta Orgánica. El 3 de mayo de 2026, el gobernador Ignacio Torres la recibió en la Casa de Gobierno para despedirla tras su renuncia y destacó públicamente su trayectoria y compromiso. El 2 de julio, apenas dos meses después, diputados del mismo oficialismo aprobaron la derogación de esa misma norma. Hay veces en que alcanza con mirar las fechas para entender mejor la política que escuchando los discursos.
Hay dirigentes que terminan un mandato y con el tiempo apenas sobreviven en una fotografía de archivo. Otros dejan una marca que atraviesa los años. Jacqueline Caminoa consiguió eso. Durante casi una década nadie necesitó recordar el número de la ley que limitaba las reelecciones consecutivas. Todos la conocían simplemente como la Ley Caminoa. No era una casualidad. Era la reforma institucional más importante de toda su trayectoria legislativa y, probablemente, el legado con el que quedará asociada para siempre dentro de la política chubutense.
Aquella ley nació en un escenario muy distinto al actual. Corría 2016, Mario Das Neves gobernaba la provincia y Caminoa ocupaba una banca desde la oposición. No tenía mayoría, no controlaba la Legislatura y tampoco disponía de los votos para aprobar un proyecto por sí sola. Tuvo que convencer, negociar y construir acuerdos con sectores que pensaban distinto. Así logró sacar adelante una norma que ponía un límite a las reelecciones consecutivas de intendentes y concejales de los municipios sin Carta Orgánica. Fue una ley nacida del consenso, no del peso de una mayoría circunstancial.
Durante casi diez años esa norma permaneció intacta. Cambiaron los gobernadores, cambiaron las alianzas, cambiaron los bloques legislativos y también cambiaron los intendentes. La ley siguió siendo exactamente la misma. Nadie sostenía que fuera inconstitucional, nadie impulsaba seriamente su derogación y nadie discutía que había pasado a formar parte de las reglas de juego de la política provincial. Hasta que el calendario empezó a juntar hechos que hoy resultan difíciles de ignorar.
El 30 de abril de este año, Jacqueline Caminoa anunció públicamente su renuncia a la Legislatura por cuestiones personales y de salud. Fue una decisión que explicó ella misma y que nadie tiene motivos para poner en duda. Tres días después, el 3 de mayo, Ignacio Torres la recibió en la Casa de Gobierno. Hubo fotografías, abrazos y palabras de reconocimiento. El gobernador destacó su compromiso, su trayectoria y el respeto que se había ganado durante sus años como diputada. La acompañó hasta la puerta de Fontana 50 con todos los honores que puede recibir una dirigente cuando deja la función pública.
Dos meses más tarde, el 2 de julio, la Legislatura aprobó el regreso de las reelecciones indefinidas para intendentes, concejales y presidentes de comunas rurales de los municipios sin Carta Orgánica. La consecuencia fue inmediata: quedó derogada la Ley Caminoa. El mismo espacio político que pocas semanas antes había despedido a su autora con abrazos, elogios y agradecimientos terminaba eliminando la reforma institucional que mejor resumía toda su carrera parlamentaria. Es una secuencia que, por sí sola, explica buena parte de las contradicciones de la política.
Hay un dato que vuelve todavía más llamativa la historia. La Ley Caminoa fue aprobada cuando su autora no tenía los votos y debió construir una mayoría convenciendo a oficialistas y opositores. Diez años después fue derogada por un oficialismo que sí tenía los votos para hacerlo. Una reforma construida desde el acuerdo terminó desapareciendo por decisión de una mayoría. No es solamente una diferencia de procedimiento. Es una forma completamente distinta de entender cómo se construye una política de Estado.
También aparece una pregunta inevitable. Caminoa explicó por qué dejó la Legislatura y esa explicación merece respeto. Pero cualquiera puede preguntarse qué habría ocurrido si el 2 de julio todavía hubiera estado ocupando su banca. ¿Habría acompañado la derogación de la ley que impulsó cuando era oposición? ¿Habría votado para eliminar el proyecto más importante de toda su vida legislativa? Nunca lo sabremos. Lo único comprobable es que la votación llegó cuando ella ya no formaba parte del cuerpo.
Hay otra cuestión que llama la atención. Cuando anunció su renuncia hubo cámaras, declaraciones y repercusión política. Cuando Torres la despidió hubo fotografías y reconocimientos públicos. Cuando derogaron la Ley Caminoa nadie salió a buscar la palabra de la única persona capaz de explicar qué significaba esa norma y qué representa verla desaparecer. Hoy, que ya no ocupa una banca, pareciera que su opinión dejó de interesar. Sin embargo, probablemente sea la entrevista política más importante que ningún medio fue a buscar en Chubut.
Mientras tanto, en los pasillos de Fontana 50 hace tiempo circula una descripción sobre la forma de conducir del gobernador que este episodio volvió a poner sobre la mesa. Hay dirigentes, incluso algunos que mantienen o mantuvieron acuerdos con Ignacio Torres, que sostienen que el gobernador construye consensos con facilidad, pero también que los revisa con la misma rapidez cuando el escenario político cambia. Que puede despedirte con un abrazo, agradecerte por tu trabajo y hacerte sentir parte de un proyecto común. Después la puerta se cierra y la política toma otro rumbo. Cada uno hará la valoración que considere justa. Lo cierto es que el caso de la Ley Caminoa difícilmente alcance para desmentir esa percepción.
La oposición sostiene además que una modificación de las reglas electorales no podía aprobarse con la mayoría simple que reunió el oficialismo y anticipa una discusión judicial sobre la validez de la votación. Ese será un debate para los tribunales. La discusión política, en cambio, ya está planteada. Una diputada consiguió aprobar desde la oposición una reforma que sobrevivió diez años porque logró construir consensos. Renunció, fue despedida con todos los honores por el gobernador y apenas dos meses después el mismo oficialismo decidió borrar esa reforma. Cada lector llegará a su propia conclusión. La de esta redacción es bastante simple: la Ley Caminoa duró más que las convicciones de buena parte de la política chubutense.
