Trelew gastó más de $1.079 millones en pauta y Cáceres busca cerrar la puerta a la discrecionalidad
El concejal Rubén Cáceres presentó un proyecto para regular la publicidad oficial después de difundir contrataciones por más de $1.079 millones entre enero y agosto. La iniciativa establece límites al gasto, criterios para distribuir la pauta y obligaciones de transparencia. A la vez, el edil viene impulsando una nueva Ordenanza General de Obras Públicas y un pedido de informes sobre ese sector de la administración municipal.
El concejal de Trelew Rubén Cáceres presentó formalmente el viernes 21 de agosto el proyecto de ordenanza destinado a regular la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la asignación de la publicidad oficial municipal, cumpliendo con el compromiso que había asumido luego de hacer públicos los números destinados por la Municipalidad a pauta durante 2026.
El proyecto llegó al Concejo pocos días después de que Cáceres difundiera un relevamiento realizado sobre publicaciones del Boletín Oficial Municipal. Según esos datos, entre enero y agosto la Municipalidad de Trelew acumuló $1.079.416.710 en contrataciones de publicidad oficial, distribuidas entre medios de comunicación, grupos empresarios, radios, portales y firmas vinculadas a servicios de publicidad y comunicación digital.
La información permitió conocer no solamente el volumen total de recursos comprometidos, sino también una distribución con fuertes diferencias entre los montos asignados. Hasta el momento, Trelew no cuenta con una ordenanza específica que establezca cuánto puede gastarse, cómo deben seleccionarse los destinatarios, qué criterios deben justificar las contrataciones o qué información tiene obligación de publicar el Ejecutivo.
El texto presentado por Cáceres ingresó bajo el expediente 3271 y parte de una definición concreta: la publicidad oficial sólo debe utilizarse para comunicar información de verdadero interés público. A partir de ese principio, establece que no podrá emplearse para promoción personal de funcionarios, propaganda partidaria o objetivos electorales.
La propuesta también busca impedir que el manejo de la pauta se convierta en una herramienta económica para favorecer determinados medios, condicionar líneas editoriales o perjudicar a quienes mantengan posiciones críticas frente a la administración municipal. Uno de los ejes expresamente difundidos por el concejal señala que la publicidad oficial no deberá utilizarse “para presionar a medios ni cancelar voces críticas u opiniones incómodas”.
Cada contratación deberá estar relacionada con una campaña concreta, planificada y justificada. La iniciativa crea además un Registro Municipal de Proveedores de Publicidad Oficial y establece que la distribución deberá realizarse mediante parámetros objetivos, verificables y no discriminatorios, evitando que la asignación quede librada únicamente a decisiones discrecionales de la administración.
El proyecto también obliga a publicar información periódica sobre las campañas desarrolladas, los medios y proveedores contratados, los montos abonados, los criterios utilizados para distribuirlos y los resultados obtenidos. La publicidad de esos datos permitiría conocer durante el propio ejercicio presupuestario cómo se ejecutan los recursos y no depender exclusivamente de una reconstrucción posterior a través de resoluciones y Boletines Oficiales.
Otro punto es la incorporación de un límite presupuestario anual destinado a evitar gastos desproporcionados. La propuesta también plantea impedir contrataciones permanentes, recurrentes o sin una finalidad pública comprobable, diferenciando la necesidad legítima de informar actos, servicios y campañas municipales de la utilización de recursos públicos para sostener estrategias de posicionamiento político.
“No se trata de impedir la comunicación institucional necesaria. Se trata de evitar abusos, discrecionalidad y gastos injustificados”, sostiene el resumen de los principales ejes presentado por Cáceres. El concejal señaló además que la iniciativa busca establecer reglas claras, fortalecer la transparencia y mejorar el control sobre fondos que provienen de los vecinos.
Obra pública: nueva ordenanza y pedido de informes
El control sobre la pauta oficial se suma a otro trabajo legislativo que Cáceres viene desarrollando alrededor de la obra pública municipal. El 14 de agosto presentó un proyecto de Ordenanza General de Obras Públicas para Trelew, iniciativa que posteriormente tomó estado parlamentario y comenzó su tratamiento en la Comisión de Asuntos Legales.
El proyecto propone reemplazar un marco normativo que considera antiguo y disperso por un régimen general para regular la contratación, ejecución, financiamiento, recuperación de costos y control de las obras municipales. Entre sus principios incorpora planificación previa, responsabilidad fiscal, transparencia activa, libre concurrencia, seguridad jurídica, innovación tecnológica, equidad territorial, sustentabilidad y accesibilidad universal.
La norma alcanza a contratos de concesión, consultoría, elaboración de proyectos, ejecución, conservación y mantenimiento de obras realizadas por la Municipalidad, sus organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas de capital municipal. También define qué debe considerarse obra pública y contempla diferentes fuentes de financiamiento y modalidades de contratación.
Uno de los cambios que propone es exigir que los proyectos cuenten previamente con planificación, sustento técnico y respaldo financiero, además de procedimientos definidos para la selección de contratistas. La intención es ordenar desde la etapa inicial cómo se decide una obra, con qué recursos se financiará, mediante qué procedimiento será contratada y cómo se controlará su ejecución.
Cáceres acompañó esa iniciativa con un pedido de informes vinculado a la obra pública municipal, utilizando una de las herramientas de fiscalización del Concejo para requerir información y documentación al Ejecutivo. El objetivo es acceder a datos sobre la planificación, contratación, financiamiento y ejecución de trabajos municipales y contar con antecedentes que permitan evaluar cómo se están administrando esos procesos.
El requerimiento de información se relaciona directamente con varios de los puntos incorporados en la ordenanza presentada el 14 de agosto: documentación previa, respaldo financiero, procedimientos de contratación y controles durante la ejecución. Cáceres busca que esos elementos no queden solamente establecidos para futuras obras, sino que el Concejo tenga acceso a la información necesaria para fiscalizar las que actualmente dependen de la administración municipal.
El proyecto de Ordenanza General de Obras Públicas ya se encuentra en la Comisión de Asuntos Legales, donde deberá analizarse el articulado antes de avanzar hacia el recinto. El pedido de informes corre por su propio trámite y apunta a obtener documentación del Ejecutivo sobre una materia que involucra contratación y utilización de fondos municipales.
