“Parece que el delincuente tiene más derechos que un ciudadano común”: Massoni fulminó la política de seguridad en Trelew
Federico Massoni trazó un diagnóstico durísimo sobre la seguridad en Trelew, cuestionó la falta de presencia estatal, puso en duda las estadísticas oficiales sobre la baja del delito y advirtió sobre un escenario en el que comerciantes comienzan a armarse para defenderse. También apuntó contra la falta de controles, cuestionó la permanencia en organismos públicos de personas involucradas en delitos y calificó con “un 1 o un 2” la gestión del ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz.
Federico Massoni volvió a meterse de lleno en la discusión por la inseguridad en Trelew durante una entrevista en Redacción 20, el programa que conduce Carlos Di Filippo por LU20 Radio Chubut. El abogado, exministro de Seguridad y dirigente político partió del reciente caso del comerciante que se defendió durante un intento de robo, mató a uno de los presuntos asaltantes e hirió a otro, pero rápidamente amplió el análisis hacia lo que considera un deterioro general de las condiciones de seguridad en la ciudad.
Massoni aseguró que desde hace unos 90 días viene recopilando hechos ocurridos en Trelew y que, al analizarlos en conjunto, observa una escalada en el nivel de violencia. Mencionó allanamientos por drogas, tiroteos, homicidios y personas baleadas durante los últimos meses, y sostuvo que la secuencia deja un diagnóstico “extremadamente malo”. Su crítica estuvo dirigida especialmente a la respuesta estatal: “No me quiero quedar solamente con un diagnóstico y ser un comentarista de esa realidad. Yo ahora no puedo ser actor porque no soy ministro”, planteó, diferenciando su posición de la de quien actualmente tiene la responsabilidad política del área.
El caso del comerciante tuvo para Massoni una particularidad que agrava el escenario: ocurrió en pleno centro de Trelew, durante un horario de actividad comercial y a escasos metros de la Comisaría Primera. “Se da en un lugar que está a 20 metros de la comisaría, del portón trasero de la Comisaría Primera, en pleno centro y en un horario comercial activo”, remarcó. Desde esa situación sostuvo que existe una percepción creciente de impunidad entre quienes delinquen y resumió su diagnóstico con una frase directa: “El delincuente no tiene miedo”.
Esa falta de temor, según Massoni, comienza a generar una respuesta igual de preocupante entre los comerciantes. Dijo escuchar cada vez con mayor frecuencia que algunos evalúan armarse para proteger sus negocios y sus familias. Aunque defendió el derecho de una persona a proteger su vida y su propiedad, sostuvo que el problema aparece cuando la defensa individual comienza a reemplazar al Estado. “Me parece terrible que el comerciante esté armado, porque lo que están dando a entender es que no hay presencia del Estado en un lugar en donde tendría que estar firme para darnos seguridad a todos nosotros”, afirmó.
“No está midiendo delitos, está midiendo denuncias”
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la discusión sobre las estadísticas que utiliza el Ministerio de Seguridad para sostener que determinados índices delictivos disminuyeron. Massoni cuestionó esa lectura y marcó una diferencia entre la cantidad de delitos que efectivamente ocurren y aquellos que finalmente terminan registrados a través de una denuncia. “Acá hay una trampa en la cual nos quiere llevar a todos el ministro de Seguridad cuando dice eso. Él no está midiendo delitos, está midiendo denuncias”, sostuvo.
Para fundamentar esa posición hizo referencia a las encuestas de victimización del INDEC y señaló que una proporción importante de delitos contra hogares y personas no llega a denunciarse. Mencionó entre las razones la desconfianza en las autoridades, la percepción de que realizar la denuncia representa una pérdida de tiempo y el temor de algunas víctimas a quedar nuevamente expuestas frente al agresor. Según su interpretación, una baja en las denuncias no necesariamente implica una baja equivalente en la cantidad real de delitos.
Ese razonamiento desembocó en una de las definiciones más fuertes de la entrevista. “Si se pusiera a medir el delito con encuestas de victimización, se daría cuenta de que la mayoría de los ciudadanos trelewenses son los que tienen miedo en vez de que el delincuente tenga miedo del Estado”, señaló. Para Massoni, el problema no está solamente en las estadísticas, sino en una inversión de la relación de temor: el vecino modifica sus rutinas y evita denunciar, mientras quien delinque siente cada vez menos riesgo frente a la respuesta estatal.
La conversación se amplió cuando Di Filippo recordó episodios recientes en los que aparecieron trabajadores de instituciones de la ciudad vinculados a hechos policiales. Se mencionó a un empleado del Concejo Deliberante detenido en el marco de un robo y a una trabajadora de la Cooperativa Eléctrica involucrada en un episodio de presunto abigeato, además de un antecedente de un empleado de la propia Cooperativa relacionado años atrás con el robo de medidores de agua.
Massoni consideró especialmente delicados estos casos cuando involucran instituciones públicas o prestadoras de servicios esenciales y sostuvo que el problema no comenzó con la actual administración. Recordó los cuestionamientos que existieron durante la gestión del exintendente Adrián Maderna por la presencia de personas con antecedentes dentro de estructuras estatales y afirmó que esa situación requiere controles más estrictos. “No hay una revisión del empleado público para ver si realmente se ajusta a lo que establece una norma, porque la norma dice cómo tiene que comportarse ese empleado y no se toman medidas con posterioridad”, sostuvo.
El dirigente fue más lejos y relacionó esa situación con formas de construcción política y territorial. Según planteó, parte de la dirigencia utiliza personas con antecedentes para manejar sectores y garantizar adhesiones electorales. “La corrupción que existe en la faz política, en la dirigencia política, siempre apela a que le manejen la tropa este tipo de personas que tienen antecedentes penales. Arrastran por las buenas o por las malas para llevar el voto, para tener mayor cantidad de gente cautiva”, afirmó.
En ese mismo tramo reclamó que se apliquen los mecanismos administrativos existentes para sancionar o separar de sus funciones a empleados públicos que incurran en conductas incompatibles con sus responsabilidades. Recordó que existen sumarios, sanciones y hasta la posibilidad de exoneración, pero cuestionó que muchas veces las normas no se aplican y tampoco se modifican cuando resultan insuficientes. Fue allí cuando lanzó una de las frases más contundentes de toda la entrevista: “No podemos seguir acá con el gobierno de los delincuentes. Parece que el delincuente tiene más derechos que un ciudadano común, más derechos que aquel que se levanta a las ocho de la mañana”.
Massoni llevó ese planteo al impacto concreto que producen los robos sobre trabajadores y pequeños comerciantes. Utilizó como ejemplo la sustracción de herramientas y cuestionó que esos hechos puedan ser tratados como delitos menores cuando para quien depende de esos elementos representan la pérdida directa de su sustento. “Hay una persona a quien le reventaron la vida, le sacaron los elementos que utilizaba para vivir y sobrevivir y nosotros no le damos la importancia necesaria como para ir y perseguir dónde están sus cosas”, sostuvo.
También cuestionó la falta de controles sobre ferias, redes sociales y circuitos de comercialización de herramientas usadas. Aseguró que todavía recibe llamados de vecinos que, luego de sufrir robos, encuentran sus pertenencias ofrecidas en internet. “Me llaman a mí ahora, que no tengo posibilidades de acción, y me dicen: ‘Me robaron las herramientas y las están vendiendo en tal página’. Y nadie hace nada, nadie hace absolutamente nada”, relató, apuntando tanto a la Municipalidad como al Ministerio de Seguridad por la falta de controles sobre esos espacios.
Para Massoni, esa ausencia de respuesta termina empujando a algunos vecinos hacia soluciones individuales. Volvió entonces al caso del comerciante que originó la entrevista y pidió que sea protegido ante posibles represalias. “Espero que lo cuiden, espero que le den protección, porque ahora tiene una vida de preocupación total por él y por su familia”, expresó, después de señalar que el hombre quedó expuesto a una situación que excede ampliamente el hecho puntual en el que se defendió.
Un “1 o un 2” para la gestión de Iturrioz
La entrevista llegó luego a una evaluación directa del ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz. Di Filippo le propuso calificar su gestión en una escala del 1 al 10 y Massoni respondió inicialmente que le pondría una nota “muy, muy baja”. Ante la insistencia del conductor para precisar el número, terminó respondiendo sin rodeos: “Un 1 o un 2”.
Massoni explicó que su cuestionamiento no se limita a los resultados y afirmó que observa en Iturrioz una posición más cercana a su anterior función como fiscal que a la responsabilidad política de conducir un Ministerio de Seguridad. “Cuando usted lo entrevistó parecía que estaba entrevistando a un fiscal y no a un ministro de Seguridad. Lo primero que hace es sacarse las responsabilidades de encima”, cuestionó, para luego remarcar que “un ministro de Seguridad lo último que puede hacer es sacarse las responsabilidades de encima”.
La crítica volvió inmediatamente a las estadísticas oficiales. Para Massoni, el problema no está en negar que siempre existirán delitos, sino en utilizar determinadas métricas para sostener una realidad que, según su lectura, no coincide con la experiencia cotidiana de los vecinos. “Lo que más bronca da no es que haya ilícitos, porque ilícitos siempre va a haber. Lo que más bronca da es que se justifique diciendo que bajaron”, señaló. Y agregó que insistir con esos indicadores implica “vivir en una no realidad”.
Limpiavidrios, controles y una ordenanza que reclama hacer cumplir
En el último tramo, la conversación pasó a la situación de los limpiavidrios que permanecen en distintas esquinas de Trelew y a la ordenanza aprobada para regular esa actividad. Di Filippo señaló que, pese a la normativa, trabajadores y comerciantes del centro aseguran que la situación prácticamente no cambió. Massoni sostuvo que no se trata de una reglamentación imposible de aplicar, sino de una decisión política y operativa que depende de hacer cumplir las normas vigentes.
Recordó que durante su gestión al frente de Seguridad se realizaban intervenciones cuando se constataban contravenciones, consumo de alcohol o drogas en la vía pública, molestias a terceros o alteraciones de la libre circulación. “Yo a los trapitos los sacaba. Los sacaba y los terminábamos demorando, en muchos casos, porque si no cometieron ilícito seguramente se cometían contravenciones”, recordó, y aseguró que esas intervenciones terminaron generándole denuncias por presunto abuso de autoridad.
Ante la consulta de Di Filippo sobre quién había impulsado aquellas denuncias, Massoni respondió que había intervenido la Defensa Pública y recordó las diferencias que mantuvo con ese organismo durante su gestión. Su argumento fue que el derecho a realizar una actividad en la vía pública no puede utilizarse para justificar conductas que afecten a terceros. “El trabajo nunca puede ser afectando los derechos de otra persona”, sostuvo.
Massoni cerró ese tramo reclamando que se aplique la ordenanza vigente y ubicó nuevamente la responsabilidad en los organismos que deben ejecutarla. “¿Sabe de quién depende para sacarlos? De la fuerza policial, del ministro de Seguridad. Y hay una ordenanza a la que hay que dar cumplimiento, como un montón de ordenanzas a las que no se les da cumplimiento”, concluyó.
