DESDE LA REDACCIÓN | La libertad de expresión no es una concesión del Estado
Desde Río Mayo 1935 expresamos nuestro más enérgico repudio ante la situación vivida por el periodista Diego Almonacid, apartado de Radio 3 después de negarse a retirar una entrevista publicada en su medio independiente Cinco Claves. Por la gravedad institucional de los hechos y por el señalamiento directo realizado por el propio periodista, consideramos que Ramiro Outeda debe presentar de inmediato su renuncia como subsecretario de Información Pública del Gobierno del Chubut, más aún tratándose de un profesional de la comunicación que conoce perfectamente los límites que el poder político no debe atravesar frente al trabajo de un colega.
La responsabilidad política alcanza también al gobernador Ignacio Torres, quien debe tomar dimensión inmediata de lo ocurrido, exigir las explicaciones correspondientes y pedir la renuncia del funcionario señalado. Que desde un área directamente vinculada con la comunicación gubernamental se denuncie una intervención destinada a retirar una publicación periodística y que, pocas horas después, el trabajador involucrado pierda su fuente laboral configura un episodio de enorme gravedad que excede cualquier diferencia entre un periodista y una empresa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental, y que comprende tanto la posibilidad de informar como el derecho de toda la sociedad a recibir información, conocer opiniones diferentes y acceder a voces que no necesariamente coincidan con el discurso oficial. Cuando el poder político intenta determinar qué puede publicarse y qué debe desaparecer, no está condicionando solamente a un periodista: está interfiriendo sobre el derecho de toda una comunidad a informarse libremente.
También consideramos que Radio 3 y el grupo empresario al que pertenece deben revisar la decisión adoptada y restituir la fuente laboral de Diego Almonacid. Ninguna controversia originada por contenidos publicados en un espacio periodístico independiente debería resolverse dejando a un trabajador en la calle, particularmente en un escenario donde la distribución millonaria de publicidad oficial viene generando cuestionamientos sobre el grado de dependencia económica que mantienen numerosos medios respecto del Estado.
Desde Río Mayo 1935 convocamos a sindicatos y asociaciones de trabajadores de prensa, organizaciones periodísticas y medios de comunicación de Chubut a pronunciarse frente a lo ocurrido, pero también a reflexionar sobre el silencio que suele rodear episodios de esta naturaleza. Comprendemos las enormes dificultades económicas que atraviesan las empresas periodísticas y la necesidad de sostener estructuras y salarios en un contexto donde la pauta oficial representa una fuente relevante de ingresos, pero esa realidad no puede convertir el financiamiento estatal en una mordaza ni justificar que el periodismo mire hacia otro lado cuando un colega denuncia haber sido presionado y posteriormente pierde su trabajo.
Guardar silencio porque hoy la presión recae sobre otro medio o sobre otro periodista implica aceptar un precedente que mañana puede alcanzar a cualquiera. Si el sistema de medios naturaliza que el poder político pueda condicionar contenidos mediante su capacidad económica, no habrá pauta suficiente que preserve la libertad de prensa cuando llegue el momento de ejercerla. La defensa de ese derecho exige solidaridad profesional, pero fundamentalmente una convicción colectiva: ningún gobierno debe tener la capacidad de decidir qué voces pueden informar y cuáles deben desaparecer de la discusión pública.
