El Concejo Deliberante le dio 30 días a Balochi para poner en marcha el ente regulador de los servicios públicos
La resolución fue aprobada por unanimidad, incluido el voto del presidente del Concejo, Rubén Camarda, y los tres concejales de Despierta Chubut, que previamente habían rechazado dos mociones impulsadas por la oposición. Con el viceintendente Emanuel Venterchenki presente, los seis votos opositores permitieron avanzar con el expediente durante la misma sesión. Tras un cuarto intermedio y modificaciones al proyecto original, todo el cuerpo terminó respaldando el reclamo al intendente por un ente regulador cuya creación fue aprobada en septiembre de 2024 y que, más de dos años después, todavía no funciona.
El Concejo Deliberante de Sarmiento aprobó este jueves 8 de octubre una resolución que insta al intendente Sebastián Balochi a adoptar, en un plazo de 30 días corridos, las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal 024/24, que creó el Ente de Control y Regulación de los Servicios Públicos. La decisión se tomó durante la decimotercera sesión ordinaria, después de dos votaciones divididas, un cuarto intermedio y modificaciones al proyecto original presentado por la oposición.
La iniciativa fue impulsada por el bloque Alternativa Vecinal de Sarmiento, integrado por César Cufoni, Micaela Quiroga y Martín Fernández. El reclamo apunta a una ordenanza sancionada en septiembre de 2024, mediante la cual se creó formalmente el organismo encargado de controlar la contratación, adjudicación y prestación de los servicios públicos dentro del ejido municipal. Transcurridos más de dos años desde su aprobación, el ente continúa sin funcionar y permanece pendiente la convocatoria al concurso público para integrar su directorio.
La creación de este organismo tiene un antecedente anterior. La Carta Orgánica Municipal, aprobada en 2019, estableció en su artículo 187 la existencia de un ente de control y regulación de los servicios públicos. Posteriormente, en 2024, el Concejo sancionó la Ordenanza 024/24, elaborada a partir del trabajo de los bloques Alternativa Vecinal y justicialista. La norma fue promulgada por el Ejecutivo municipal y fijó el procedimiento para conformar el organismo, pero los plazos previstos transcurrieron sin que comenzara a funcionar.
Durante la sesión, Cufoni recordó que el Concejo había reclamado reiteradamente el cumplimiento de la ordenanza y que, pese a las respuestas recibidas desde el Ejecutivo, no se había avanzado con la conformación del ente. También señaló que el organismo cuenta con presupuesto aprobado y que corresponde al Municipio convocar al concurso público de antecedentes y oposición para seleccionar a los profesionales que integrarán su directorio.
El primer intento de avanzar con el expediente se produjo cuando Cufoni solicitó su tratamiento sobre tablas, procedimiento que permite debatir y votar un proyecto durante la misma sesión sin esperar el dictamen previo de una comisión. La propuesta obtuvo seis votos afirmativos, correspondientes a Natalia Rúa, Ana Reyes, Micaela Quiroga, Martín Fernández, César Cufoni y Paola Aguiar.
Sin embargo, el presidente del Concejo, Rubén Camarda, y los concejales Claudia Torres, Eloy Dorado y Lucas Gognak, de Despierta Chubut, votaron en contra. Como el reglamento exige siete votos para habilitar el tratamiento sobre tablas, la oposición no alcanzó la mayoría necesaria y el proyecto no pudo avanzar por ese procedimiento.
Cufoni cuestionó la decisión y sostuvo que se estaba demorando el tratamiento de una resolución destinada a exigir el cumplimiento de una ordenanza aprobada por el propio Concejo. Camarda respondió que prefería revisar los proyectos antes de tratarlos sobre tablas y señaló que muchas iniciativas presentadas mediante ese procedimiento requerían correcciones. Gognak, presidente de la Comisión de Legislación, explicó que compartía el objetivo del proyecto, pero consideraba necesario modificar algunos de sus fundamentos. Torres también defendió el trabajo de las comisiones permanentes y sostuvo que la falta de tratamiento inmediato no significaba rechazar la iniciativa.
Ante ese resultado, Cufoni solicitó que el expediente fuera girado a la Comisión de Legislación. Sin embargo, después de escuchar a los concejales que habían rechazado el tratamiento sobre tablas, pero manifestaban su predisposición a trabajar sobre el proyecto, presentó una nueva moción de orden para que la comisión se reuniera durante la propia sesión, elaborara un dictamen y permitiera resolver el asunto ese mismo día.
La segunda votación volvió a dividir al cuerpo legislativo. Rúa, Reyes, Quiroga, Fernández, Cufoni y Aguiar votaron afirmativamente, mientras que Camarda, Torres, Dorado y Gognak volvieron a pronunciarse en contra. Esta vez, al tratarse de una moción de orden que requería mayoría simple, los seis votos afirmativos fueron suficientes para aprobarla.
Las dos votaciones reflejaron la distribución de fuerzas dentro del Concejo. El oficialismo, representado por Camarda y los tres concejales de Despierta Chubut, consiguió impedir el tratamiento sobre tablas, pero no pudo evitar que el expediente avanzara durante la misma sesión. Los seis concejales que respaldaron la propuesta de Alternativa Vecinal reunieron la mayoría necesaria para disponer su tratamiento inmediato en comisión, sin postergarlo para una reunión legislativa posterior.
Después de esa decisión, Gognak solicitó un cuarto intermedio de dos horas para realizar el trabajo en la Comisión de Legislación. La propuesta fue aprobada por unanimidad y la sesión quedó interrumpida a las 12:23. El debate se desarrolló con la presencia del viceintendente Emanuel Venterchenki, mientras los concejales discutían una iniciativa dirigida directamente al Ejecutivo municipal.
Durante el cuarto intermedio, la Comisión de Legislación General, Interpretación, Reglamento e Instrucción Pública, presidida por Gognak e integrada también por Ana Reyes, Micaela Quiroga, Paola Aguiar y Martín Fernández, analizó el proyecto original y acordó modificaciones a sus fundamentos y al artículo primero.
Una de las incorporaciones fue un considerando que vinculó la necesidad de poner en funcionamiento el ente regulador con la inexistencia de convenios del servicio público de electricidad y la falta de un cuadro tarifario adecuado y actualizado. La modificación relacionó el reclamo por la conformación del organismo con la situación que atraviesa Sarmiento respecto de la prestación del servicio eléctrico.
El antecedente contractual corresponde al convenio de concesión firmado en 2013 con la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Sarmiento (Coopsar). Aquel acuerdo contemplaba dos períodos de cinco años y una prórroga de dos años, que finalizó el 30 de junio de 2025. La situación posterior de la concesión y la ausencia del ente regulador forman parte de los asuntos pendientes para el tratamiento institucional de las tarifas eléctricas.
La Carta Orgánica Municipal establece, en su artículo 119, inciso 22, que corresponde al Concejo Deliberante fijar los cánones y tarifas de los servicios públicos previo dictamen técnico del ente regulador, mediante el procedimiento de doble lectura. También dispone que, para apartarse de ese dictamen, se requiere el voto nominal de las dos terceras partes de los integrantes del cuerpo legislativo.
Durante el debate, la concejal Ana Reyes había advertido que la falta del organismo repercute sobre los vecinos que deben afrontar el costo de los servicios públicos. Cufoni también sostuvo que existen otros proyectos pendientes de tratamiento en el Concejo cuya resolución depende de la intervención del ente regulador.
La segunda modificación acordada durante el cuarto intermedio alcanzó al artículo primero del proyecto. La iniciativa original reclamaba que el Ejecutivo diera cumplimiento a la Ordenanza 024/24 dentro de los 30 días corridos posteriores a la promulgación de la resolución. El texto definitivo estableció que, dentro de los 30 días corridos contados desde su comunicación, el Ejecutivo deberá arbitrar las medidas administrativas necesarias para cumplir la ordenanza.
Esta diferencia modifica el alcance de la exigencia. La resolución aprobada no establece expresamente que el directorio deba estar designado y funcionando al vencimiento de los 30 días, sino que el Ejecutivo debe adoptar dentro de ese plazo las medidas administrativas necesarias para avanzar con la implementación del organismo.
Una vez concluido el trabajo en comisión, el expediente regresó al recinto acompañado por el dictamen 012/26, firmado por sus cinco integrantes. El despacho fue aprobado por unanimidad y posteriormente se dio lectura al texto resolutivo, que también recibió el acompañamiento de todos los concejales presentes, incluido Camarda y los tres representantes de Despierta Chubut que habían votado en contra de las dos mociones anteriores.
El artículo primero de la resolución establece: “Instar al Poder Ejecutivo municipal a que dentro del plazo de 30 días corridos contados a partir de la comunicación de la presente arbitre las medidas administrativas necesarias para dar efectivo cumplimiento a la Ordenanza Municipal 024/24”.
De esta forma, el proyecto que inicialmente no consiguió los siete votos necesarios para ser tratado sobre tablas terminó aprobado por unanimidad durante la misma sesión. La oposición logró que el expediente avanzara mediante una moción de orden aprobada por mayoría simple, mientras que el trabajo posterior en comisión permitió incorporar las modificaciones que finalmente recibieron el respaldo de todo el cuerpo legislativo.
La resolución deberá ser comunicada al intendente Sebastián Balochi y, desde esa notificación, comenzará a correr el plazo de 30 días. Entre los procedimientos pendientes se encuentra la convocatoria al concurso público de antecedentes y oposición para integrar el directorio del Ente de Control y Regulación de los Servicios Públicos, cuya creación fue establecida por ordenanza en 2024 y continúa sin concretarse.
