Sarmiento: Balochi y Venter cuestionaron las demoras del Concejo, pero Quiroga denunció que el Ejecutivo entregó documentación “a cuenta gotas”
El gobierno municipal reclama celeridad para disponer de $468,6 millones de fondos provinciales, pero la concejal que presidió la comisión especial atribuyó las demoras al propio Ejecutivo. Denunció que los convenios firmados en 2024 y 2025 no habían sido remitidos oportunamente y que la documentación fue llegando después de los requerimientos legislativos. El lunes, el Concejo ratificó por unanimidad tres acuerdos y este miércoles publicó las planillas presupuestarias antes de avanzar con la ampliación.
La demora en el tratamiento de una ampliación presupuestaria de $468.612.849,95 dejó enfrentadas dos versiones sobre las responsabilidades del Ejecutivo y del Concejo Deliberante de Sarmiento. Mientras Sebastián Balochi y el viceintendente Emanuel Venter Jenks vienen reclamando mayor celeridad para disponer de fondos provinciales destinados a obras y programas sociales, la concejal Micaela Quiroga sostuvo que fue el propio gobierno municipal el que extendió los plazos al remitir tardíamente convenios y documentación necesaria para su aprobación.
El contrapunto quedó expuesto entre la tercera sesión extraordinaria del lunes 5 de octubre y las declaraciones que Venter realizó este miércoles en el programa Te Puedo Acompañar, conducido por Abel Pasarín en FM Sur 105.5. El viceintendente, actualmente a cargo del Ejecutivo por la ausencia de Balochi, confirmó que los recursos provinciales ya fueron depositados en las cuentas municipales, pero aseguró que todavía no pueden utilizarse porque falta aprobar la ampliación y readecuación presupuestaria. Ese mismo miércoles, el Concejo difundió las planillas del proyecto y recordó el procedimiento de publicidad previsto en el artículo 60 de la Carta Orgánica Municipal.
Balochi y Venter reclaman celeridad y advierten sobre la devolución de fondos
El pedido de Venter mantiene la misma línea de cuestionamientos que Sebastián Balochi había formulado en entrevistas anteriores sobre el tiempo que demanda el tratamiento legislativo de las modificaciones presupuestarias. El intendente había llegado a plantear la posibilidad de devolver los fondos provinciales destinados a la poda y extracción de árboles en la Escuela 725 ante la falta de autorización para ejecutar los trabajos. Venter retomó esa preocupación este miércoles y aseguró que el Ministerio de Educación intimó al Municipio a realizar las tareas o reintegrar los recursos transferidos.
El viceintendente explicó que la época del año también genera dificultades para realizar la poda, aunque señaló que profesionales consultados por el Municipio consideran posible intervenir sobre los álamos durante todo el año. También mencionó las obras de electrificación de las manzanas 10 y 51, vinculadas con terrenos reservados para trabajadores viales y otros sectores, y la pavimentación de dos cuadras de la avenida Larregui, en continuidad con 9 de Julio. Según explicó, los recursos están disponibles, pero la falta de autorización presupuestaria impide iniciar los trabajos y avanzar con las contrataciones correspondientes.
Venter advirtió además que el transcurso de los meses puede encarecer las obras por la inflación y las variaciones del dólar, especialmente en los materiales eléctricos. Sostuvo que la ampliación y readecuación presupuestaria constituye un procedimiento técnico habitual, que los municipios realizan una o dos veces por año, y cuestionó que el expediente hubiera sido enviado a una comisión especial cuando, a su entender, podría haber sido tratado directamente por Hacienda, con mayor disponibilidad para reunirse durante la semana.
El funcionario reconoció que posteriormente se realizaron más reuniones y que representantes municipales concurrieron a brindar explicaciones, pero insistió en que el tratamiento se extendió más de lo esperado. Durante la entrevista sostuvo que el Concejo fue solicitando documentación y que el Ejecutivo respondió inmediatamente cada requerimiento para evitar nuevas demoras. La intimación del Ministerio de Educación mencionada por Venter, en tanto, se conoce hasta ahora a través de sus declaraciones y no de un documento incorporado a la información difundida.
Quiroga denunció que los convenios llegaron tarde y la información “a cuenta gotas”
La explicación que Micaela Quiroga había dado apenas dos días antes en el recinto fue diferente. La concejal de Alternativa Vecinal presidió la comisión especial que estudió los convenios y las modificaciones presupuestarias, y utilizó su intervención durante la extraordinaria para reconstruir cómo había ingresado la documentación. Según detalló, el trámite comenzó el 3 de septiembre, cuando el Ejecutivo remitió un proyecto que solicitaba la aprobación de un convenio vinculado con la poda y extracción de árboles en la Escuela 725, junto con la creación e incremento de partidas presupuestarias.
Sin embargo, el convenio cuya aprobación se solicitaba no estaba adjunto. Quiroga explicó que fue la propia comisión la que detectó esa ausencia y debió requerir la documentación, que recién ingresó el 18 de septiembre. La concejal aseguró que los acuerdos correspondientes a pavimentación y electrificación también fueron incorporándose posteriormente mediante otros expedientes, lo que obligó a reconstruir los antecedentes necesarios para continuar el tratamiento. Por eso cuestionó que la información hubiera sido remitida desde un comienzo “a cuenta gotas”, en lugar de acompañar íntegramente las solicitudes originales.
La presidenta de la comisión especial también puso el acento en la antigüedad de los acuerdos. El convenio marco con el Ministerio de Educación había sido firmado el 31 de enero de 2024; el correspondiente a las dos cuadras de pavimento, el 10 de diciembre de 2025; y el de electrificación de las manzanas 10 y 51, el 19 de diciembre de ese mismo año. Según explicó, esos instrumentos no habían sido remitidos oportunamente al Concejo para cumplir con el artículo 119 inciso 27 de la Carta Orgánica, que establece entre las atribuciones legislativas la ratificación o rechazo de los convenios celebrados por el intendente.
Quiroga fue directa al atribuir responsabilidades y sostuvo que desde el Ejecutivo se había dilatado el tratamiento por la falta de documentación y el incumplimiento de los procedimientos correspondientes. Su señalamiento contradice la versión de Venter sobre la rapidez con que fueron contestados los requerimientos. Mientras el viceintendente atribuye la demora al procedimiento legislativo y al tiempo que demandó el análisis, la concejal sostiene que el cuerpo recibió los antecedentes de manera fragmentada y tuvo que reclamar documentación que debía acompañarlos desde el comienzo.
El Concejo ratificó por unanimidad tres convenios durante la extraordinaria del lunes
La tercera sesión extraordinaria del Concejo Deliberante se realizó el lunes 5 de octubre, bajo la presidencia de Rubén Alberto Camarda. El asunto central fue el tratamiento del Dictamen N.º 010/26, elaborado sobre el expediente 815/26, referido al cumplimiento del artículo 119 inciso 27 de la Carta Orgánica Municipal. El expediente había sido estudiado inicialmente por una comisión especial presidida por Quiroga y posteriormente pasó por la Comisión de Legislación General, Interpretación, Reglamento e Instrucción Pública, conforme al artículo 43 del Reglamento Interno.
En esa segunda instancia, Lucas Gognat, Micaela Quiroga y Paola Aguiar firmaron el dictamen que permitió elevarlo al recinto. La comisión especial había decidido separar dos cuestiones que originalmente llegaron vinculadas: la ratificación de los convenios firmados por el Ejecutivo y la creación e incremento de partidas presupuestarias necesarias para ejecutar los fondos. Quiroga explicó que esa división permitió ordenar el tratamiento y evitar que la acumulación de documentación y asuntos diferentes dificultara la decisión legislativa.
Durante la extraordinaria, el Concejo aprobó por unanimidad de los presentes el anteproyecto que ratificó tres acuerdos. El primero corresponde al convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Educación de Chubut y la Municipalidad de Sarmiento sobre infraestructura escolar, celebrado el 31 de enero de 2024. El segundo ratifica el acuerdo firmado el 19 de diciembre de 2025 entre el gobernador Ignacio Torres y el intendente Sebastián Balochi para financiar la electrificación de las manzanas 10 y 51.
El tercer convenio corresponde al aporte provincial para ejecutar dos cuadras de pavimento, acordado el 10 de diciembre de 2025 entre la Secretaría de Infraestructura provincial y el Municipio. Los dos últimos instrumentos respaldan $383.338.324,95 de los recursos que el Ejecutivo pretende incorporar al presupuesto vigente, aproximadamente el 82% de la ampliación total solicitada. La aprobación del lunes permitió completar la ratificación legislativa de esos acuerdos, pero no significó todavía la autorización para modificar las partidas presupuestarias.
Quiroga defendió el trabajo realizado por los integrantes de la comisión y sostuvo que existió voluntad de avanzar con las obras. También pidió que el Ejecutivo remita oportunamente los convenios que firma, acompañados por la documentación necesaria para que el Concejo pueda cumplir sus funciones sin nuevos requerimientos. Al finalizar su intervención resumió ese reclamo con una frase dirigida al gobierno municipal: “Para que las cosas funcionen bien, la documentación debe llegar bien”.
El Concejo publicó las planillas de una ampliación por $468,6 millones
Dos días después de la extraordinaria, el Concejo Deliberante difundió un comunicado informando que ponía a disposición de la comunidad copias del Presupuesto Financiero para su consulta, con una referencia expresa al procedimiento de publicidad establecido en el artículo 60 de la Carta Orgánica Municipal. La publicación apareció mientras continuaban los cuestionamientos del Ejecutivo por la demora en la aprobación de las partidas y después de que Venter manifestara su expectativa de obtener una resolución durante la sesión ordinaria prevista para el jueves 8 de octubre.
Las planillas difundidas corresponden a la ampliación del Presupuesto 2026, que contempla $43.244.002.762,44 y pasaría a $43.712.615.612,39 mediante la incorporación de $468.612.849,95. El incremento se distribuye entre $271.231.250,18 para dos cuadras de pavimento, $112.107.074,77 para electrificación, $35.274.525 para mantenimiento de edificios educativos, $20 millones para Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia y $30 millones para Emergencia Alimentaria.
La modificación no contempla recortes de otras partidas para financiar esos gastos. Los nuevos créditos se corresponden con transferencias provinciales por el mismo monto, aunque su incorporación al presupuesto municipal requiere autorización legislativa. La comunicación del miércoles también plantea una cuestión sobre el procedimiento: el artículo 60 regula la publicidad del anteproyecto presupuestario antes de su tratamiento, mientras el expediente pendiente corresponde a una ampliación del ejercicio vigente. El Concejo no explicó expresamente si decidió aplicar ese mecanismo por una interpretación de la norma o como una medida adicional de publicidad.
La votación pendiente definirá cuándo podrán utilizarse los fondos
La ampliación presupuestaria llega ahora a una instancia distinta de la que se discutió durante la extraordinaria. Los convenios principales ya fueron ratificados, pero todavía resta que el Concejo autorice la incorporación de los recursos y las partidas correspondientes. El Ejecutivo sostiene que necesita esa aprobación para iniciar obras cuyos fondos ya están depositados y advierte sobre el riesgo de encarecimiento de los trabajos o de tener que reintegrar recursos destinados a la Escuela 725.
Desde la comisión especial, Quiroga respondió que el tiempo empleado no puede analizarse sin considerar las fechas de los convenios, la ausencia de documentación en el expediente inicial y los requerimientos que debieron realizarse para completar el trámite. Venter, en cambio, anticipó que esperaba la aprobación durante la sesión ordinaria del jueves, después de que la extraordinaria del lunes se limitara a ratificar los acuerdos.
La decisión legislativa permitirá conocer si el Concejo considera completado el procedimiento y autoriza finalmente los $468,6 millones. Hasta entonces, las versiones públicas siguen enfrentadas: Venter sostiene que el Ejecutivo respondió inmediatamente y que el análisis legislativo demoró las obras; Quiroga afirma que fue el gobierno municipal el que extendió los plazos al enviar la documentación “a cuenta gotas” y convenios que llevaban meses, e incluso años, sin pasar por el Concejo.
