“Todo es oscuridad. La información circula de manera lateral.” — Pais
Las declaraciones pertenecen al diputado provincial Juan Horacio Pais de arriba a Chubut y forman parte de una intervención realizada durante una sesión reciente de la Legislatura del Chubut. El legislador expuso una serie de cuestionamientos dirigidos al Poder Ejecutivo, centrados en la falta de publicidad de los actos administrativos, la ausencia de información oficial sobre acuerdos estratégicos y una sucesión de decisiones que —según afirmó— se adoptan por fuera de los procedimientos legales establecidos.
Pais situó su intervención en un contexto donde, según indicó, la provincia atraviesa un proceso de contradicción entre discurso y práctica. Mientras el Gobierno provincial sostiene públicamente conceptos como “transparencia” y “calidad institucional”, los actos más relevantes no aparecen publicados en los portales oficiales. Esa situación, señaló, deriva en un funcionamiento institucional donde la información no circula por los canales correspondientes, sino de manera fragmentada y extraoficial. “Todo es oscuridad. La información circula de manera lateral”, sintetizó.
El diputado ejemplificó esta contradicción al recordar la cesión de un área petrolera en la que se aseguraba que no habría despidos, cuando finalmente se produjeron alrededor de siete mil desvinculaciones. También mencionó la sanción de una ley vinculada a la bibliotapía, mientras coexistían autorizaciones a publicaciones relacionadas con el juego online. Para Pais, estos hechos reflejan un patrón de decisiones que no se condice con los lineamientos institucionales que el propio Gobierno declara sostener.
Uno de los puntos centrales de su intervención fue el contrato suscripto con la empresa PROFAT. Pais informó que el documento no fue publicado en la Secretaría de Pesca ni en ningún organismo oficial, y que tampoco fue remitido a la Legislatura dentro del plazo de 60 días corridos que establece el propio contrato. Señaló que su existencia se conoció únicamente porque un sindicato lo difundió por fuera de los canales institucionales. Ante esta situación, planteó interrogantes: qué firmó la provincia, qué obligaciones contrajo, cuáles son los costos potenciales y quién asumiría las consecuencias de una eventual mala praxis. “¿Quién va a pagar este desaguisado? ¿Los funcionarios o los chubutenses?”, cuestionó.
Sobre la situación de Red Chamber, Pais amplió su análisis y realizó un detalle exhaustivo de las inconsistencias que, a su entender, presenta el accionar del Ejecutivo. Recordó que en la gacetilla que circuló inicialmente, el secretario de Pesca atribuía a la empresa incumplimientos significativos y mencionaba una deuda aproximada de 2.500 millones de pesos. En ese documento, afirmó, la postura oficial era crítica y severa.
Sin embargo, señaló que posteriormente el Gobierno modificó su posición sin brindar explicaciones públicas. Pasó de acusar a la empresa de incumplidora a establecer un nuevo acuerdo de operación sin detallar su contenido. Frente a este cambio, Pais enumeró una serie de preguntas:
¿Qué motivó el viraje de postura?
¿Se condonó una deuda millonaria sin intervención de la Legislatura?
¿Tiene el Poder Ejecutivo facultades para hacerlo?
¿Cuál es el contenido específico del convenio?
¿Hubo procesos administrativos formales o se actuó por fuera de ellos?
¿Se corrigió alguno de los incumplimientos mencionados inicialmente?
¿Quién autorizó y bajo qué criterios se decidió reestablecer la relación con la empresa?
El diputado advirtió que estas inconsistencias generan un escenario de inseguridad jurídica que afecta la confianza en las instituciones. Según expresó, sin reglas claras, sin publicación de los actos y sin procedimientos transparentes, la provincia pierde capacidad de atraer inversiones genuinas y compromete la estabilidad administrativa. “Nos está faltando transparencia, nos está faltando seguridad jurídica, calidad institucional y nos está faltando que alguien se haga cargo”, afirmó.
La exposición de Pais buscó dejar asentado en el recinto que la publicidad de los actos de gobierno es una obligación constitucional y que la falta de acceso a la información pública no es un detalle técnico, sino un problema estructural que condiciona el funcionamiento del Estado. Para el legislador, la provincia debe revertir estas prácticas para recuperar previsibilidad, institucionalidad y credibilidad frente a la ciudadanía y a los actores económicos.
