Investigan presunto cohecho y enriquecimiento ilícito en la Alcaidía de Comodoro: seis allanamientos y descabezaron la conducción de la dependencia
La investigación comenzó el 22 de abril tras la detección de presuntas irregularidades dentro de la Alcaidía policial de Comodoro Rivadavia. La Justicia realizó seis allanamientos con requisas personales, apartó al jefe de la dependencia, trasladó al segundo jefe y analiza posibles delitos de cohecho, beneficios indebidos a detenidos y un eventual enriquecimiento ilícito.
La Justicia provincial avanza sobre una investigación que sacudió a la Alcaidía policial de Comodoro Rivadavia y derivó en una serie de medidas sin precedentes dentro de la dependencia. Seis allanamientos simultáneos, requisas personales, cambios en la conducción y el secuestro de distintos elementos de interés forman parte de una causa que busca determinar si existió una estructura de beneficios irregulares para personas privadas de la libertad.
El fiscal Cristian Olazábal confirmó que la investigación comenzó el pasado 22 de abril, cuando la Fiscalía tomó conocimiento de presuntas irregularidades que estarían ocurriendo dentro de la cadena policial encargada de la custodia de detenidos.
A partir de las primeras medidas investigativas, los fiscales reunieron elementos que permitieron avanzar sobre hipótesis concretas vinculadas a posibles hechos de corrupción.
“Pudimos establecer una sospecha razonable de un posible delito de cohecho y también un posible enriquecimiento ilícito”, sostuvo Olazábal durante la conferencia de prensa realizada este miércoles.
Los procedimientos se llevaron adelante durante la madrugada y alcanzaron sectores administrativos, áreas específicas de la Alcaidía y domicilios vinculados a integrantes de la conducción de la dependencia. Las medidas fueron acompañadas por requisas personales autorizadas judicialmente.
Según explicó el fiscal, parte de las sospechas iniciales encontraron respaldo durante los operativos realizados.
“Se ha encontrado documentación y elementos que confirman aquello que surgía de varias declaraciones testimoniales y también de intervenciones telefónicas”, afirmó.
Aunque la investigación permanece bajo reserva, la Fiscalía confirmó que una de las principales líneas de trabajo apunta a determinar si existió una relación irregular entre detenidos y personal policial con responsabilidades dentro del establecimiento.
“Estamos hablando de posibles beneficios otorgados a personas privadas de libertad por fuera de cualquier reglamento, de las normas institucionales e incluso de la propia ley”, indicó Olazábal.
La hipótesis que manejan los investigadores apunta a determinar si algunos internos recibían privilegios o condiciones especiales incompatibles con las normas que regulan el funcionamiento de la unidad de detención y si esos beneficios pudieron estar vinculados a contraprestaciones indebidas.
En el centro de la investigación aparece José Leonardo Fernández, comisario mayor y jefe de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia. Fernández había asumido la conducción de la dependencia tras su paso por la Comisaría de Alto Río Senguer y ahora quedó apartado preventivamente de sus funciones mientras avanza la causa judicial.
Las consecuencias también alcanzaron al resto de la conducción. El director de Seguridad de la provincia, Omar Delgado, confirmó que el jefe de Policía dispuso el pase a disponibilidad preventiva por 60 días del jefe de la dependencia, el traslado del segundo jefe y la designación de nuevas autoridades para garantizar el funcionamiento normal de la Alcaidía.
Por su parte, el subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelarena, destacó que la propia fuerza policial acompañó el proceso investigativo y sostuvo que la actuación demuestra que existen mecanismos internos para detectar y actuar frente a posibles irregularidades.
Fuentes calificadas vinculadas a la investigación señalaron a este medio que durante los procedimientos se habrían secuestrado bienes considerados de interés para la causa. Sin embargo, las autoridades judiciales no brindaron precisiones oficiales sobre los elementos incautados ni sobre el resultado completo de los allanamientos, por lo que esa información no pudo ser corroborada de manera independiente.
La causa también vuelve a poner bajo análisis hechos ocurridos semanas atrás dentro de la misma dependencia. Durante una requisa realizada en uno de los pabellones fueron secuestrados doce teléfonos celulares y sustancias prohibidas ocultas en distintas celdas. Si bien la Fiscalía no confirmó una relación directa entre aquel procedimiento y la investigación actual, ambos episodios exponen problemas de control dentro de una unidad que hoy se encuentra bajo la lupa judicial.
Además, las autoridades provinciales anunciaron un relevamiento integral dentro de la Alcaidía para retirar elementos prohibidos y reorganizar el funcionamiento interno de la dependencia mientras continúa la investigación.
La documentación secuestrada, los teléfonos celulares, las intervenciones telefónicas y el resto de los elementos incorporados al expediente serán ahora analizados por los investigadores. No se descarta que el avance de la causa derive en nuevas medidas judiciales o en la incorporación de otros involucrados.
“Estamos en los albores de la investigación y es cuando más debemos proteger la información”, concluyó Olazábal.
Con la sospecha de posibles delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y beneficios indebidos otorgados a detenidos, la investigación recién comienza, pero ya provocó el descabezamiento de la conducción de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia y abrió una de las causas más sensibles que enfrenta actualmente el sistema de seguridad provincial.
