Separaron a ocho bomberos del servicio activo en Alto Río Senguer y presentaron un descargo formal
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Alto Río Senguer formalizó la baja de ocho integrantes del sistema bomberil mediante una resolución conjunta de la Comisión Directiva y la Jefatura del Cuerpo Activo, con efectos retroactivos al 1 de diciembre de 2025. La medida fue notificada el 24 de febrero de 2026 y, tras conocerse su contenido, los bomberos involucrados rechazaron la acusación de “abandono de servicio” y presentaron un descargo formal cuestionando el procedimiento.
La resolución, fechada el 30 de diciembre de 2025, establece que los integrantes alcanzados dejan de pertenecer al sistema bomberil por presunto abandono de servicio, inasistencias injustificadas e incumplimiento de órdenes internas. El documento fue rubricado por autoridades de la conducción institucional.
Tras la notificación comenzaron a difundirse publicaciones en redes sociales por parte de uno de los afectados, Rody Andreoli, quien manifestó públicamente su desacuerdo con el procedimiento adoptado. En sus mensajes sostuvo que no existieron instancias formales de reunión previas a la medida y cuestionó la modalidad de notificación. También destacó la trayectoria de los involucrados, varios con más de una década dentro del cuartel.
Uno de los puntos que más debate generó es el carácter colectivo de la resolución. La medida alcanza a ocho integrantes en un mismo acto administrativo y bajo una misma causal disciplinaria. En el texto no se detallan públicamente conductas individualizadas ni circunstancias específicas diferenciadas para cada caso.
En el descargo presentado, los bomberos plantean precisamente ese aspecto: sostienen que cada integrante posee un legajo personal propio y que cualquier eventual incumplimiento debería analizarse de manera individual, con evaluación particularizada de hechos, fechas y registros. Según expresan, la utilización de una resolución genérica para aplicar una sanción de máxima gravedad a todos en simultáneo resulta improcedente y carece de individualización concreta.
En su presentación niegan haber incurrido en abandono de servicio, inasistencias injustificadas o desobediencia a órdenes válidamente impartidas. También señalan que no se instruyó sumario administrativo previo, no se notificaron cargos formales antes de la sanción y no se otorgó oportunidad de ejercer defensa ni ofrecer pruebas.
Otro eje del cuestionamiento es la retroactividad al 1 de diciembre de 2025. Los firmantes sostienen que no existió acto previo que determinara formalmente su situación administrativa en esa fecha, por lo que consideran improcedente aplicar efectos retroactivos a la medida.
En el cierre del documento expresan que se sienten vulnerados en sus derechos y agradecen el apoyo recibido por parte de la comunidad. Hasta el momento, la conducción institucional no había emitido una respuesta pública ampliatoria respecto del descargo presentado.
El conflicto, que comenzó como una decisión administrativa interna, hoy se encuentra en el centro del debate público en Alto Río Senguer, con interrogantes abiertos sobre el procedimiento aplicado y la forma en que se evaluaron las situaciones individuales dentro del cuerpo activo.
