La fiscalía apeló decisiones clave y busca incorporar más pruebas al juicio por el crimen de Pedro Quilodrán

Un tribunal revisor analizó los planteos del Ministerio Público Fiscal contra resoluciones adoptadas durante la audiencia preliminar de la causa que tiene como imputado a Carlos Llaipen. La discusión gira en torno a testigos, documentación y pruebas que podrían formar parte del futuro juicio por jurados.

Las fiscales Andrea Vázquez y Rita Barrionuevo solicitaron este martes que se revoquen algunos de los puntos de la resolución dictada por el juez Alejandro Rosales durante la audiencia preliminar de la causa por el homicidio de Pedro Segundo Quilodrán.

Los planteos fueron escuchados por el tribunal revisor integrado por los jueces Mauro Soza y Ariel Quiroga, durante una audiencia realizada en la sala N° 1 de la Oficina Judicial de Sarmiento.

Carlos Omar Llaipen (66) está imputado como autor del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego. El hecho ocurrió el 16 de marzo de 2025 en la estancia “La Fuencisla”, ubicada a unos 50 kilómetros de la localidad de Dr. Ricardo Rojas.

Los cuestionamientos de la fiscalía

Durante la audiencia, las representantes del Ministerio Público Fiscal cuestionaron la resolución adoptada por Rosales el pasado 5 de mayo, particularmente en lo referido a la admisión y exclusión de pruebas que podrían ser presentadas durante el juicio.

Uno de los puntos planteados fue la declaración de inadmisibilidad de dos testigos pertenecientes al grupo familiar de la víctima. Las fiscales solicitaron que esa decisión sea revisada y que ambos puedan ser convocados a declarar durante el debate.

También impugnaron la autorización otorgada a la defensa para incorporar testigos de oídas vinculados al entorno familiar del acusado.

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con una prueba documental presentada por la defensa. Las investigadoras sostuvieron que dicha evidencia fue incorporada de manera extemporánea y que no reúne garantías mínimas de autenticidad.

Asimismo, expresaron su desacuerdo con la exclusión de una prueba de refutación ofrecida por el Ministerio Público Fiscal.

La postura de la defensa

Por su parte, el abogado particular Guillermo Iglesias solicitó al tribunal que confirme en todos sus términos la resolución dictada por el juez Rosales durante la audiencia preliminar.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, los jueces Soza y Quiroga informaron que emitirán su resolución dentro de los plazos legales correspondientes y notificarán posteriormente a la fiscalía y a la defensa.

Llaipen continúa detenido bajo prisión preventiva en la comisaría de Sarmiento, donde permanece alojado desde el 19 de marzo de 2025.

El hecho investigado

De acuerdo con la acusación fiscal, Pedro Segundo Quilodrán se encontraba realizando tareas rurales el domingo 16 de marzo de 2025 en inmediaciones de la estancia “La Fuencisla”, cuando recibió un disparo de arma de fuego que le provocó la muerte.

La víctima había sido contratada para buscar y arrear yeguas y caballos salvajes en campos de la zona. Esa jornada se desplazaba en una motocicleta tipo cross cuando ingresó en un sector que, según la investigación, no presentaba delimitaciones claras.

La hipótesis de la fiscalía sostiene que Llaipen utilizó un rifle calibre 22 con mira telescópica y efectuó un disparo desde una distancia estimada entre 10 y 50 metros. La autopsia determinó que el proyectil impactó en el lado derecho del tórax de la víctima.

Los investigadores afirman que, tras el ataque, el acusado dejó el cuerpo en el lugar y regresó al casco de la estancia.

Al día siguiente, compañeros de trabajo de Quilodrán hallaron el cuerpo durante una búsqueda iniciada luego de perder contacto con él. Según consta en la causa, cuando se encontraba en el lugar, Llaipen manifestó: “Yo le pegué un tiro en el pecho con una carabina”. También habría advertido a uno de los peones presentes: “Y vos cuídate, porque te va a pasar lo mismo”.

Rumbo al juicio por jurados

La causa se encuentra en la etapa previa al juicio por jurados, modalidad bajo la cual se prevé que sea juzgado el caso.

Antes de esa instancia, deberá quedar definida la situación de las pruebas y testimonios que podrán ser incorporados al debate oral, una cuestión que ahora quedó bajo análisis del tribunal revisor.

La decisión que adopten los jueces Soza y Quiroga tendrá incidencia directa en la conformación del material probatorio que será presentado ante el jurado popular encargado de emitir el veredicto.