Consenso Fiscal: mientras intendentes firmaron el acuerdo con Provincia, sindicatos municipales organizan un rechazo provincial
El denominado Consenso Fiscal impulsado por el gobernador de Chubut, Ignacio Agustín Torres, y firmado el 23 de enero en Rawson por intendentes de distintos municipios de la provincia —entre ellos el jefe comunal de Río Mayo, Gustavo Loyaute, junto a otros intendentes chubutenses— comenzó a abrir un fuerte debate político y sindical en todo el territorio provincial.
El acuerdo fue presentado desde el Gobierno provincial como una herramienta para ordenar las cuentas públicas y coordinar políticas fiscales entre la Provincia y los municipios. Según lo planteado oficialmente, el objetivo sería armonizar criterios de administración financiera, equilibrar gastos con ingresos reales y avanzar en un esquema común de responsabilidad fiscal entre las distintas jurisdicciones.
Sin embargo, desde distintos sectores comenzaron a surgir cuestionamientos sobre el alcance real del acuerdo y las consecuencias que podría tener sobre las decisiones que hoy dependen de cada municipio.
El documento plantea, entre otros puntos, coordinar criterios de aumento salarial entre municipios y provincia, establecer pautas de control del gasto público, limitar el ingreso de personal en las administraciones locales y priorizar el pago de obligaciones con organismos provinciales como la obra social SEROS Chubut. Para el Ejecutivo provincial estas medidas buscan ordenar las finanzas públicas en un contexto marcado por la caída de ingresos provenientes de regalías hidrocarburíferas y de coparticipación nacional.
Pero desde el movimiento sindical municipal la lectura es muy distinta.
Dirigentes gremiales advierten que el acuerdo implica, en los hechos, condicionar las paritarias municipales, restringir decisiones propias de cada municipio y avanzar sobre facultades que históricamente fueron ejercidas por los gobiernos locales. En ese sentido, sostienen que el consenso fiscal representa un avance sobre la autonomía de cada municipio, al trasladar al ámbito provincial decisiones que hasta ahora formaban parte de la administración propia de las comunas.
Además, remarcan que los salarios municipales presentan fuertes diferencias entre localidades, por lo que aplicar criterios uniformes de aumento podría consolidar desigualdades salariales en lugar de corregirlas. Municipios con estructuras económicas y presupuestarias muy distintas no pueden, según señalan, quedar sujetos a pautas salariales homogéneas definidas desde la provincia.
También recuerdan que durante muchos años los municipios esperaban primero los aumentos que otorgaba el gobierno provincial para luego discutir la recomposición salarial local, lo que generaba un retraso sistemático en las negociaciones. En muchos casos los trabajadores municipales terminaban percibiendo incrementos varios meses después de que ya habían sido otorgados a los empleados provinciales.
Esa situación cambió recién cuando, después de años de organización sindical, se logró consolidar la negociación directa con los ejecutivos municipales. Por eso, desde el movimiento sindical advierten que cualquier esquema que vuelva a subordinar las políticas salariales municipales a decisiones provinciales representa un retroceso respecto de derechos que fueron conquistados con años de lucha.
En el plano político también surgieron críticas sobre el contexto en el que se impulsa el acuerdo. Según plantean sectores sindicales, el Gobierno provincial estaría aprovechando la difícil situación económica que atraviesan muchos municipios para avanzar con este tipo de consensos.
“Muchos municipios están atravesando una situación financiera delicada y, en ese marco, los intendentes terminan subordinándose al poder central en busca de asistencia económica”, señalan referentes gremiales. En esa lectura, el consenso fiscal funcionaría también como una herramienta de alineamiento político entre los gobiernos locales y la administración provincial.
El alineamiento de intendentes que firmaron el acuerdo es amplio. Entre los jefes comunales que suscribieron el documento se encuentran Damián Biss, Gustavo Sastre, Gerardo Merino, Matías Taccetta, Luka Jones, Claudia Loyola, Jorge Perversi, Iván Fernández, Rubén Calpanchay, Jorge David Seitune, Víctor Candia, Silvio Boudargham, Diego Pérez, Ariel Peralta y Miguel Alejandro Mongilardi, entre otros.
Mientras tanto, el acuerdo comenzó a ingresar a distintos concejos deliberantes de la provincia para su ratificación legislativa. En el caso de Río Mayo, el documento tomó estado parlamentario durante una sesión ordinaria y fue girado a la Comisión de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos para su análisis.
La discusión sumará un actor central en los próximos días. Representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Mayo (SOEMRM) fueron convocados a participar de la reunión de comisión donde se debatirá el alcance del documento.
Desde el gremio ya adelantaron su postura. El sindicato elaboró un documento que cuenta con el acompañamiento de sus afiliados y que será presentado ante el Concejo Deliberante local expresando el rechazo al consenso fiscal.
Para el SOEMRM, uno de los puntos más críticos es la cláusula que obliga a coordinar los aumentos salariales con la provincia. Desde el gremio sostienen que esta lógica introduce lo que denominan una “igualdad porcentual injusta”, ya que aplicar el mismo porcentaje de aumento sobre salarios de base muy distintos sólo profundiza la desigualdad entre trabajadores provinciales y municipales.
El debate también tiene una dimensión jurídica. Diversos sectores advierten que el acuerdo podría entrar en contradicción con la Ley XVI Nº 46, que establece la autonomía de los municipios y otorga a los concejos deliberantes la facultad de fijar las remuneraciones de los empleados municipales.
Otro punto que genera preocupación es el mecanismo previsto para priorizar el pago de obligaciones con la obra social provincial. Según el texto del acuerdo, no podrán realizarse aumentos de gastos si previamente no se regularizan las deudas con SEROS, lo que en la práctica podría condicionar futuras recomposiciones salariales.
En ese contexto, el encuentro previsto en el Concejo Deliberante de Río Mayo aparece como un momento clave para el futuro institucional de la localidad. Allí los concejales deberán definir si acompañan la adhesión al consenso fiscal o si priorizan la defensa de la autonomía municipal y la capacidad de discutir las políticas salariales en el ámbito local.
Mientras tanto, sindicatos municipales de distintos puntos de Chubut avanzan en la elaboración de un documento conjunto de rechazo al acuerdo, lo que anticipa que el consenso fiscal, lejos de cerrar el debate, podría convertirse en uno de los principales focos de conflicto político y sindical en la provincia durante las próximas semanas.
