El Concejo Deliberante como escribanía
Las diferencias políticas rara vez llegan al recinto, los fundamentos de las decisiones casi nunca se exponen públicamente y buena parte de los acuerdos parecen construirse antes de la sesión. En ese contexto, cada vez son más las dudas sobre cuánto se debate realmente y cuánto se limita el Concejo a formalizar decisiones previamente resueltas.
Transcurrida más de la mitad del mandato de los actuales concejales, debería resultar relativamente sencillo para cualquier vecino identificar qué piensa cada representante sobre los principales temas que atraviesan a Río Mayo. Sin embargo, esa respuesta no siempre aparece con claridad. Se conocen los nombres de quienes ocupan las bancas, se conocen algunas votaciones y se conocen las decisiones que finalmente adopta el cuerpo, pero muchas veces resulta difícil saber qué postura sostiene cada concejal, cuáles son sus prioridades, qué mirada tiene sobre determinados problemas o qué argumentos utiliza para acompañar o rechazar una iniciativa.
La situación comienza incluso antes de que se abra una sesión. Basta leer una orden del día para advertir que la información suele aparecer reducida a expresiones mínimas. Despachos de comisión, números de expedientes, notas ingresadas o referencias genéricas a proyectos de ordenanza conforman documentos que pueden resultar comprensibles para quienes participan habitualmente de la actividad legislativa, pero que dicen muy poco al vecino común. Formalmente la información está publicada. En la práctica, muchas veces es imposible saber qué tema concreto se encuentra detrás de cada punto. Quien está dentro del sistema conoce el expediente. Quien está afuera apenas conoce una referencia administrativa.
La misma lógica parece repetirse después dentro del recinto. Los expedientes avanzan, los despachos se votan y las sesiones concluyen. Lo que rara vez aparece es una exposición clara de las distintas posiciones que existen sobre cada asunto. Cuando una iniciativa es aprobada por unanimidad, pocas veces se conocen los argumentos que llevaron a todos los bloques a acompañarla. Cuando una propuesta sale por mayoría, tampoco suele quedar demasiado claro cuáles fueron las objeciones de quienes decidieron no acompañarla. El resultado final se conoce. El razonamiento político que llevó a ese resultado muchas veces no.
Y allí comienza a aparecer una de las cuestiones más llamativas del funcionamiento actual. Da la impresión de que existe cierta tendencia a evitar que las diferencias lleguen al espacio público. Como si debatir significara pelearse. Como si cuestionar una propuesta implicara atacar personalmente a quien la presenta. Como si el desacuerdo fuera algo que debe resolverse previamente para evitar incomodidades durante la sesión. Bajo esa lógica, los temas suelen discutirse, corregirse y acomodarse antes de llegar al recinto, de modo que cuando finalmente son tratados ya vienen con buena parte del recorrido realizado.
La consecuencia de esa dinámica es que muchas veces también se vuelve difícil identificar dónde termina el oficialismo y dónde comienza la oposición. No porque todos voten exactamente igual ni porque no existan matices, sino porque esas diferencias rara vez se expresan públicamente con claridad. Las posiciones aparecen difusas, los desacuerdos quedan puertas adentro y el vecino termina observando un funcionamiento que se asemeja más al de un único cuerpo administrativo que al de un ámbito donde conviven miradas distintas sobre los problemas de la comunidad.
Esa percepción se fortalece cada vez que los temas llegan al recinto con acuerdos prácticamente cerrados o cuando las discusiones más importantes parecen haberse agotado antes de la sesión. El resultado es que oficialismo y oposición terminan apareciendo muchas veces como partes de una misma lógica de funcionamiento, más preocupada por preservar la armonía interna que por exponer públicamente las diferencias que justifican la existencia misma de distintas representaciones políticas dentro del Concejo.
El problema no está en las comisiones. Las comisiones son necesarias y forman parte del funcionamiento normal de cualquier cuerpo legislativo. El problema aparece cuando la discusión parece agotarse allí y el recinto termina funcionando solamente como una instancia de validación. La ordenanza ya está redactada, el despacho ya fue elaborado y la posición de cada bloque parece estar definida antes de que se inicie el tratamiento público. Entonces la sesión deja de ser el lugar donde se conocen las diferencias para convertirse en el lugar donde se formalizan acuerdos previamente construidos.
A eso se suma otra cuestión que también merece ser observada. Muchas veces las decisiones parecen construirse entre quienes integran el sistema político, pero con escasa participación de quienes después deberán convivir con las consecuencias de esas decisiones. El ejemplo de los comerciantes resulta ilustrativo. Después de reuniones, reclamos y planteos que terminaron llegando al Concejo Deliberante, todavía no se observa una instancia amplia de intercambio con quienes conocen la actividad comercial desde la experiencia cotidiana. Y lo llamativo no es solamente este caso puntual. La sensación es que ocurre algo parecido con otros temas donde la experiencia práctica de vecinos, productores, instituciones o sectores específicos podría aportar elementos que no siempre aparecen dentro del debate legislativo.
Eso termina generando una situación particular. Se legisla sobre determinadas realidades sin que necesariamente exista un contacto profundo con quienes viven esas realidades todos los días. No se trata de transferir la responsabilidad de legislar a los sectores involucrados. La decisión siempre corresponde a los concejales. Pero una cosa es legislar para un sector y otra muy distinta es construir una regulación escuchando a quienes conocen de primera mano los problemas que se pretende resolver. Cuando esa instancia falta, las posibilidades de que las normas terminen chocando con la realidad aumentan considerablemente.
Quizás allí se encuentre una explicación para algunas situaciones que se repiten con el paso del tiempo. Río Mayo tiene ordenanzas sobre múltiples aspectos de la vida comunitaria. Sin embargo, varios de los problemas que motivaron esas normas continúan reapareciendo periódicamente. Los animales sueltos, distintos conflictos vinculados a la convivencia urbana o cuestiones que han sido objeto de modificaciones legislativas siguen regresando una y otra vez a la agenda pública. Eso obliga a preguntarse si el problema pasa exclusivamente por la falta de normas o si también existe una desconexión entre la elaboración de esas normas y la realidad sobre la que después deben aplicarse.
Tampoco parece casual que cuando las discusiones se vuelven más complejas aparezcan dificultades que dejan expuestas ciertas carencias. La interpretación de procedimientos básicos, las dudas reglamentarias o la necesidad de recurrir permanentemente a terceros para resolver cuestiones que deberían formar parte del funcionamiento habitual del cuerpo muestran que muchas veces falta estudio, preparación y profundización de los temas. Y cuando la preparación escasea, el acuerdo previo suele resultar mucho más cómodo que el debate abierto. Discutir exige conocer el tema, sostener argumentos y estar dispuesto a defender una posición frente a quienes piensan distinto.
Por eso la discusión de fondo probablemente no pase por la cantidad de sesiones realizadas ni por la cantidad de ordenanzas aprobadas. La discusión pasa por la calidad de la representación política que recibe la comunidad y por la capacidad del Concejo para transformarse en un verdadero ámbito de deliberación. Porque un cuerpo legislativo no existe solamente para producir normas. Existe para discutir públicamente los problemas de la comunidad, exponer distintas miradas y permitir que los vecinos conozcan cómo y por qué se toman las decisiones que terminan afectando su vida cotidiana.
Y tal vez allí radique la principal preocupación. No en la existencia de acuerdos, que son parte natural de cualquier institución política, sino en la creciente dificultad para conocer las diferencias. Porque cuando las posiciones dejan de expresarse públicamente, cuando los argumentos quedan encerrados entre cuatro paredes y cuando las decisiones aparecen ya resueltas antes de llegar al recinto, el Concejo comienza a parecerse cada vez más a una escribanía administrativa y cada vez menos a un órgano deliberativo donde las ideas se confrontan a la vista de la comunidad.
