El Tribunal de Cuentas multó a Balochi y sancionó a otros responsables municipales por rendiciones incumplidas
El intendente de Sarmiento deberá pagar $193.343,50 por no haber presentado cuatro rendiciones mensuales de 2025 y la Cuenta de Inversión del Presupuesto, pese a una intimación anterior. Las resoluciones también alcanzan a Cholila, Epuyén, Río Pico y las comunas rurales de Los Altares, Carrenleufú y Cerro Centinela.
El Tribunal de Cuentas de Chubut aplicó multas económicas y emitió nuevas intimaciones contra intendentes y autoridades comunales por incumplimientos relacionados con la presentación de rendiciones de cuentas, documentación bancaria y respuestas pendientes ante las fiscalías del organismo.
Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial del 23 de julio, aunque las resoluciones habían sido firmadas entre el 17 y el 26 de junio. Los expedientes comprenden documentación correspondiente a los ejercicios 2024, 2025 y los primeros meses de 2026 y forman parte de los procedimientos de control que el Tribunal lleva adelante sobre la administración de fondos públicos en municipios y comunas rurales.
Las sanciones económicas fueron fijadas en $193.343,50 por cada responsable e infracción, equivalente al 50 por ciento del valor módulo establecido por el organismo. En todos los casos, las multas no reemplazan la obligación de presentar la documentación reclamada, sino que se aplican por el incumplimiento de las intimaciones previamente cursadas.
Balochi fue multado tras vencer una intimación anterior
En Sarmiento, el Tribunal de Cuentas aplicó una multa de $193.343,50 al intendente Sebastián Balochi mediante la Resolución N.º 111/26.
El expediente se originó por la falta de presentación de las rendiciones de cuentas correspondientes a septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, además de la Cuenta de Inversión del Presupuesto del mismo ejercicio.
No se trató del primer requerimiento. El 10 de abril, mediante la Resolución N.º 47/26, el Tribunal ya había intimado al intendente, a la entonces secretaria de Hacienda Belén Sabina Almada y a la actual titular del área, Celina Amelia López, para que presentaran esa documentación dentro de un plazo de quince días.
En aquella resolución, el organismo dejó expresamente asentado que la Municipalidad de Sarmiento “no ha presentado las rendiciones de cuentas correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2025 ni la Cuenta de Inversión del Presupuesto”, identificando como responsables a las autoridades del Departamento Ejecutivo vinculadas con la administración financiera del municipio.
Vencido el plazo sin que la documentación fuera incorporada al expediente, las actuaciones pasaron al contador fiscal, quien mediante el Dictamen N.º 190/2026 concluyó que correspondía aplicar la sanción prevista en la Ley V N.º 71.
Con ese antecedente, el Tribunal resolvió imponer la multa al intendente Sebastián Balochi y volvió a intimarlo para que regularice la situación, dejando establecido que el pago de la sanción no extingue la obligación de presentar las rendiciones pendientes y la Cuenta de Inversión correspondiente al ejercicio 2025.
La resolución también advierte que, si la multa no es abonada dentro del plazo legal, el importe podrá ser descontado directamente de los haberes del jefe comunal, sin perjuicio de otras acciones previstas por la normativa para obtener el cobro.
Las actuaciones del Tribunal de Cuentas tomaron estado público apenas unos días antes de un cambio en el área financiera del municipio. Ayer, el intendente Sebastián Balochi puso en funciones a Paula Noelia Pasluosta como nueva tesorera municipal, en reemplazo de la funcionaria que ocupaba ese cargo hasta entonces. Durante el acto oficial no se informaron los motivos del reemplazo, por lo que no existe una explicación pública sobre las razones del cambio. Si bien no hay elementos que vinculen la designación con las resoluciones del organismo de control, la asunción se produjo pocos días después de que se conocieran las sanciones e intimaciones dirigidas al Ejecutivo municipal.
Cholila: dos multas por documentación bancaria de Valle Hermoso S.E.
El intendente de Cholila, Silvio Boudargham, fue el funcionario que acumuló la mayor cantidad de sanciones económicas dentro de esta serie de resoluciones.
El Tribunal le aplicó dos multas de $193.343,50 cada una, por un total de $386.687, debido a la falta de presentación del Libro Banco y de las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente de Valle Hermoso Sociedad del Estado, empresa municipal dependiente de esa comuna.
La primera sanción, establecida mediante la Resolución N.º 110/26, corresponde a la documentación bancaria del ejercicio 2024. El municipio ya había sido intimado previamente a través de la Resolución N.º 62/26 y, al no cumplir con el requerimiento, el contador fiscal emitió el Dictamen N.º 181/2026, recomendando la aplicación de la multa.
La segunda, dispuesta por la Resolución N.º 116/26, responde al mismo incumplimiento, aunque referido al ejercicio 2025. En este caso, la intimación previa había sido formulada mediante la Resolución N.º 73/26 y el fundamento técnico quedó plasmado en el Dictamen N.º 182/2026.
A esas dos sanciones se suma una tercera actuación. Mediante la Resolución N.º 117/26, el Tribunal volvió a intimar al intendente para que presente las rendiciones correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026 de la empresa municipal.
De esta manera, el expediente evidencia observaciones que abarcan tres ejercicios consecutivos: la documentación bancaria de 2024, la correspondiente a 2025 y las rendiciones del primer trimestre de 2026, todas vinculadas con Valle Hermoso Sociedad del Estado.
Epuyén: una multa y dos nuevas intimaciones
El intendente de Epuyén, José Contreras, fue alcanzado por tres resoluciones diferentes: una multa económica y dos nuevas intimaciones vinculadas con documentación correspondiente a los ejercicios 2024 y 2026.
La Resolución N.º 115/26 le impuso una multa de $193.343,50 por no responder la Nota N.º 043/26 de la Fiscalía N.º 3, relacionada con la revisión de la rendición de cuentas del ejercicio 2024.
El expediente muestra que Contreras ya había sido intimado previamente mediante la Resolución N.º 79/26. Cumplido el plazo sin respuesta, el contador fiscal elaboró el Dictamen N.º 197/2026, donde recomendó aplicar la sanción prevista por la Ley V N.º 71.
Además del pago de la multa, el Tribunal volvió a exigir que el requerimiento sea contestado dentro del plazo otorgado, advirtiendo que el incumplimiento habilita el descuento del importe de los haberes del funcionario y la continuidad del procedimiento administrativo sobre las partidas observadas.
Paralelamente, la Resolución N.º 113/26 lo intimó a presentar las rendiciones correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026, mientras que la Resolución N.º 114/26 le ordenó responder una nueva observación formulada por la Fiscalía N.º 3 mediante la Nota N.º 45/26.
Las actuaciones del Tribunal se conocen pocos meses después del juicio político que enfrentó Contreras este mismo año. El 30 de abril de 2026, el Concejo Deliberante de Epuyén votó 4 a 3 a favor de su destitución, aunque la medida no prosperó porque no alcanzó la mayoría especial requerida para remover al intendente.
Aquel proceso estuvo atravesado por cuestionamientos sobre la gestión administrativa del municipio, pedidos de informes y observaciones vinculadas al manejo de expedientes durante la emergencia ígnea. Las resoluciones difundidas ahora por el Tribunal de Cuentas corresponden a expedientes distintos y no forman parte de aquel proceso político, aunque vuelven a poner bajo análisis la respuesta administrativa del municipio frente a los requerimientos del organismo de control.
Río Pico: intimación por observaciones en compras y movimientos bancarios
A diferencia de otros municipios incluidos en esta serie de resoluciones, en Río Pico el Tribunal de Cuentas no aplicó multas económicas, aunque sí formuló una nueva intimación para que el municipio responda una serie de observaciones detectadas durante el análisis de la documentación contable.
La Resolución N.º 118/26 ordenó al intendente y a los responsables del área administrativa presentar las aclaraciones y respaldos correspondientes a distintos movimientos registrados durante el ejercicio 2025.
Entre las observaciones figuran una transferencia por $1.060.000, la adquisición de una bomba marca Kushiro por $620.825,71, una compra de bibliotecas por $620.000 y una contratación con la firma Bubas S.R.L. por $915.593,69, entre otros puntos señalados por la Fiscalía interviniente.
En este caso, el Tribunal resolvió otorgar un nuevo plazo para responder las observaciones antes de avanzar con eventuales sanciones, por lo que el expediente continúa en etapa de análisis administrativo.
Los Altares: tres funcionarios deberán pagar multas
La situación más severa entre las comunas rurales corresponde a Los Altares, donde el Tribunal de Cuentas impuso tres multas individuales mediante la Resolución N.º 119/26.
Las sanciones alcanzan al presidente comunal Alejandro Sandoval, al tesorero Alejandro Aguilar y a la secretaria Daiana Vargas, quienes deberán afrontar una multa de $193.343,50 cada uno por incumplimientos vinculados con la presentación de documentación requerida por el organismo de control.
La resolución señala que los responsables habían sido intimados previamente y que, vencidos los plazos otorgados, persistía el incumplimiento, motivo por el cual el Tribunal resolvió aplicar las sanciones previstas por la Ley V N.º 71 y volver a exigir la presentación de la documentación pendiente.
Carrenleufú y Cerro Centinela continúan bajo observación
Las actuaciones alcanzan también a las comunas rurales de Carrenleufú y Cerro Centinela, donde el Tribunal de Cuentas resolvió emitir nuevas intimaciones sin aplicar, por el momento, sanciones económicas.
En Carrenleufú, la Resolución N.º 121/26 otorgó un nuevo plazo para responder requerimientos pendientes vinculados a la rendición de cuentas.
En tanto, mediante la Resolución N.º 122/26, Cerro Centinela fue intimada a regularizar documentación administrativa observada por la Fiscalía del organismo.
Al igual que ocurrió en Río Pico, estos expedientes permanecen en trámite y las autoridades comunales deberán responder las observaciones formuladas antes de que el Tribunal evalúe la aplicación de eventuales multas.
Cómo actúa el Tribunal de Cuentas
Las resoluciones publicadas muestran el mecanismo habitual de control que aplica el Tribunal de Cuentas sobre municipios y comunas rurales.
En una primera instancia, el organismo formula observaciones o solicita documentación mediante notas de las fiscalías. Si los requerimientos no son respondidos, dicta una resolución de intimación otorgando un plazo para regularizar la situación. Cuando ese plazo vence sin cumplimiento, intervienen los contadores fiscales mediante dictámenes técnicos que recomiendan —o no— la aplicación de sanciones.
Recién después de ese procedimiento el Tribunal resuelve imponer multas a los responsables, sin que ello los libere de presentar la documentación pendiente, ya que la obligación administrativa continúa vigente hasta que las observaciones sean subsanadas.
Las actuaciones difundidas en esta oportunidad reflejan expedientes que se encontraban en distintas etapas del proceso de control: mientras algunos derivaron en sanciones económicas, otros permanecen bajo análisis a la espera de las respuestas de los municipios y comunas involucradas.
