Contratos por $744 millones: el Tribunal detectó que un organismo de la gestión Torres los desdobló para evitar una licitación pública
Contratos por $744 millones: el Tribunal detectó que un organismo de la gestión Torres los desdobló para evitar una licitación pública
El Tribunal de Cuentas objetó dos concursos privados de la Administración Portuaria de Comodoro Rivadavia, conducida por Digna Hernando, exministra de Producción y funcionaria designada por Ignacio Torres. Eran dos contrataciones de $372 millones cada una, tenían a la misma cooperativa como adjudicataria y el organismo de control determinó que fueron divididas “con el único fin” de quedar debajo del límite establecido y evitar una licitación pública.
Dos contrataciones por un total de $744 millones impulsadas desde la Administración Portuaria del Puerto de Comodoro Rivadavia quedaron bajo observación del Tribunal de Cuentas del Chubut, que determinó que existió un desdoblamiento de los procedimientos para evitar el llamado a una licitación pública. El organismo está conducido por Digna Hernando, exministra de Producción de Ignacio Torres y actual administradora del Puerto, designada para ese cargo por el propio gobernador.
La objeción quedó plasmada en los dictámenes 49/26 y 51/26, ambos del 12 de junio de 2026, correspondientes a los expedientes 43.293/26 y 43.294/26. Uno tramitaba el Concurso Privado de Precios 03/26 para el mantenimiento de calles, veredas e infraestructuras comunes y el otro el Concurso Privado 04/26 para limpieza y desmalezamiento de espacios verdes, drenajes y zanjas a cielo abierto.
Los dos expedientes llegaron al Tribunal de Cuentas para su intervención previa y fueron analizados en conjunto. Los asesores detectaron que se había invitado a las mismas empresas, que en ambos procedimientos aparecía como adjudicataria la Cooperativa de Trabajo Lara Limitada y que las dos contrataciones tenían exactamente el mismo monto: $372 millones cada una.
A eso se sumó otro elemento que terminó siendo determinante. El Tribunal consideró que, por la naturaleza y especificidad de los trabajos, los objetos de ambas contrataciones permitían inferir que respondían a un mismo fin y que, por lo tanto, debían evaluarse en conjunto.
El límite establecido por la propia Administración Portuaria para utilizar el mecanismo de concurso privado era de $435.074.894. Cada contratación de $372 millones, tomada individualmente, quedaba por debajo de ese techo. Sumadas, alcanzaban los $744 millones y superaban ampliamente el monto que obligaba a utilizar un procedimiento de mayor apertura.
El Tribunal fue terminante al analizar esa situación. Sostuvo que resultaba “evidente” la existencia de un desdoblamiento y afirmó que se había realizado “con el único fin de no superar dicho umbral y así evitar el procedimiento correspondiente”, que en este caso era un llamado a licitación pública.
La observación fue más allá de una diferencia de criterio administrativo. El organismo calificó el mecanismo como una “clara irregularidad” y explicó que una licitación pública permite ampliar la cantidad de competidores, mejorar las posibilidades de obtener mejores precios y condiciones para el Estado y garantizar mayores niveles de transparencia y control.
La responsabilidad política sobre la conducción de la Administración Portuaria lleva directamente a la gestión provincial. Hernando fue una de las funcionarias con las que Torres inició su gobierno en diciembre de 2023, cuando la designó ministra de Producción. Tras dejar ese cargo, en agosto de 2024 el gobernador volvió a nombrarla, esta vez como administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia.
La APPCR es formalmente un ente público no estatal, por lo que los concursos no fueron tramitados directamente por un ministerio de la administración central. Sin embargo, su máxima autoridad es designada por el Poder Ejecutivo provincial y en este caso Torres colocó al frente a una funcionaria que había formado parte de su gabinete desde el inicio de la gestión.
La empresa seleccionada en ambos procedimientos también suma un componente político al caso. La Cooperativa de Trabajo Lara Limitada, con domicilio en la provincia de Buenos Aires, tiene entre sus integrantes a Matías Abinet, quien cuenta con poder para representar a la entidad según registros oficiales de proveedores.
Abinet tiene una vieja trayectoria vinculada al kirchnerismo. Ya en 2003 aparecía entre los denominados “Jóvenes K”, el espacio que acompañó políticamente la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia y en el que era señalado como uno de los dirigentes cercanos a Nicolás Trotta. Años después también ocupó funciones dentro del Ministerio de Planificación durante los gobiernos kirchneristas.
La Cooperativa Lara tampoco aparece por primera vez como proveedora del Estado. La entidad registra antecedentes de contrataciones con organismos nacionales y en 2023 obtuvo, entre otros contratos, un servicio de limpieza para dependencias del Senado de la Nación.
Los servicios que ahora quedaron observados tampoco eran nuevos dentro de la Administración Portuaria. Durante 2025, ya bajo la conducción de Hernando, se habían realizado dos concursos privados para tareas prácticamente equivalentes: uno destinado a limpieza y desmalezamiento y otro al mantenimiento de calles, veredas e infraestructura.
En aquel momento, sin embargo, las contrataciones presentaban diferencias importantes. Los montos no eran idénticos y las empresas seleccionadas eran distintas. El Tribunal de Cuentas intervino sobre esos procedimientos, pero no los calificó como un desdoblamiento ni formuló la objeción que sí aparece un año después.
La situación cambió en 2026. Los mismos dos tipos de servicios volvieron a tramitarse mediante concursos privados, pero esta vez se invitó a las mismas empresas, la Cooperativa Lara quedó seleccionada en ambos y cada expediente terminó exactamente en $372 millones. Esa combinación llevó al Tribunal a considerar que las contrataciones debían analizarse como una sola operación y que, por su monto total, correspondía una licitación pública.
Hasta ahora existe además un dato que sigue abierto. Después de observar los procedimientos, el Tribunal dispuso que la Administración Portuaria informara oportunamente cuál había sido el resultado definitivo de ambos trámites. No surge de la documentación pública conocida si las contrataciones fueron dejadas sin efecto, reformuladas mediante una licitación o continuaron por otra vía.
Por esa razón, tampoco corresponde afirmar que los $744 millones hayan sido efectivamente pagados a la cooperativa. Lo que sí está acreditado es que los dos procedimientos fueron impulsados, que tenían a la misma empresa seleccionada, que cada uno alcanzaba los $372 millones y que el Tribunal de Cuentas concluyó que habían sido desdoblados para evitar la licitación pública que correspondía por el monto conjunto.
Los dictámenes tampoco atribuyen a Ignacio Torres una intervención personal en la decisión de dividir las contrataciones. La vinculación política surge de otro lugar: el procedimiento fue impulsado desde un organismo conducido por una exministra del gobernador, designada por él mismo, y fue el propio Tribunal de Cuentas del Chubut el que determinó que el mecanismo utilizado buscó evitar un procedimiento de mayor competencia, publicidad y control.
