A dos meses, los comerciantes sostienen que el silencio del Concejo Deliberante solo agrava la crisis del sector
Sin avances legislativos, sin información oficial sobre el estado de los expedientes y sin una nueva convocatoria a la mesa de trabajo, los comerciantes autoconvocados de Río Mayo volvieron a reclamar respuestas al Honorable Concejo Deliberante. Advierten que mientras sus proyectos permanecen paralizados, la crisis del comercio local se profundiza y que cada semana sin definiciones tiene un costo económico cada vez mayor para quienes sostienen la actividad. El malestar también alcanza al Juzgado Administrativo de Faltas y a recientes habilitaciones para la venta ambulante que el sector considera contradictorias con los controles que viene reclamando.
A dos meses de haber presentado un paquete de proyectos de ordenanza destinado a abordar distintas problemáticas que afectan al comercio de Río Mayo, los comerciantes autoconvocados resolvieron volver a elevar una nota al Honorable Concejo Deliberante para exigir información sobre el tratamiento de las iniciativas y reclamar que se retome el ámbito de trabajo conjunto que había comenzado a conformarse entre el sector comercial, el Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante y el Juzgado Administrativo de Faltas.
En la presentación, dirigida a la presidenta del cuerpo, Silvia Muñoz, los comerciantes sostienen que desde la entrega formal de los proyectos no recibieron ninguna comunicación oficial sobre el estado de los expedientes. “Han transcurrido ya casi dos meses desde la presentación formal de las distintas iniciativas impulsadas por los comerciantes, sin que hasta la fecha hayamos sido convocados nuevamente a una mesa de trabajo ni se nos haya informado cuál ha sido el tratamiento legislativo otorgado a cada uno de los proyectos presentados”, expresa el documento.
El reclamo también apunta a los tiempos administrativos que atravesaron las propuestas. Según indican, las iniciativas permanecieron alrededor de quince días sin ingresar formalmente al ámbito deliberativo y, una vez incorporadas al Concejo Deliberante, tampoco se informó si fueron giradas a comisión, si existe algún dictamen o si se definió un cronograma para su tratamiento. Esa falta de información, sostienen, mantiene al sector comercial sin conocer “el estado real de expedientes cuya finalidad es aportar soluciones a una problemática que, lejos de mejorar, se profundiza semana tras semana”.
Entre las iniciativas presentadas se encuentran la actualización de la Ordenanza de Vendedores Ambulantes, la revisión de la Ordenanza Tarifaria e Impositiva vigente, la regulación de proveedores mayoristas y de nuevas modalidades comerciales que actualmente carecen de un marco normativo específico, además de distintas herramientas orientadas a fortalecer el comercio formal y generar condiciones de competencia más equitativas dentro de Río Mayo.
Uno de los ejes centrales de la nota es el reclamo por la interrupción de la mesa de trabajo que había comenzado a desarrollarse entre los distintos actores institucionales y el sector comercial. Los comerciantes recuerdan que ese espacio no fue planteado como una instancia protocolar, sino como una herramienta de construcción colectiva. En ese sentido, remarcan que “nunca fue una formalidad; fue el convencimiento de que las mejores normas nacen del aporte conjunto de quienes tienen la responsabilidad de legislar, controlar y aplicar la normativa, junto a quienes todos los días sostienen la actividad comercial y conocen de primera mano las dificultades que hoy atraviesa el sector”.
En el escrito también sostienen que las reuniones realizadas dejaron en evidencia que muchas de las cuestiones debatidas requerían explicaciones técnicas, comerciales y operativas que solamente podían aportar quienes desarrollan la actividad diariamente, razón por la cual consideran un error avanzar en el análisis de los proyectos sin volver a convocar ese ámbito de participación.
El documento describe además el complejo escenario que atraviesa el comercio local. Los firmantes señalan que cada semana aumentan los costos de la energía eléctrica, el gas, los impuestos, los salarios y los gastos operativos, mientras las ventas continúan retraídas y el consumo sigue en descenso. En ese contexto advierten que “para el comercio local, el tiempo tiene un costo. Cada semana sin definiciones significa seguir absorbiendo aumentos y obligaciones con una rentabilidad cada vez menor”, una situación que, aseguran, pone en riesgo la continuidad de numerosos emprendimientos.
Los comerciantes destacan además que el sector ya cumplió con la parte que le correspondía al organizarse, participar de todas las reuniones convocadas, estudiar la normativa vigente, elaborar propuestas y redactar proyectos de ordenanza. “Los comerciantes ya hicimos nuestra parte. Nos organizamos, participamos de cada reunión a la que fuimos convocados, estudiamos la normativa vigente, elaboramos propuestas, redactamos proyectos de ordenanza y acercamos alternativas concretas con espíritu constructivo”, sostienen.
Finalmente, solicitaron que el Honorable Concejo Deliberante informe formalmente el estado parlamentario de cada una de las iniciativas presentadas, detalle las actuaciones realizadas hasta el momento, identifique las comisiones intervinientes y convoque con carácter prioritario a la mesa de trabajo integrada por representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante, el Juzgado Administrativo de Faltas y el sector comercial.
El malestar también alcanza al Juzgado Administrativo de Faltas
El reclamo de los comerciantes ya no se limita al ámbito legislativo. El sector también manifiesta su preocupación por la falta de novedades respecto de actuaciones iniciadas hace casi tres meses por presuntos casos de venta ambulante y venta clandestina denunciados ante el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas.
Mientras esos expedientes continúan sin resoluciones conocidas públicamente, el propio organismo informó que se encuentra desarrollando la feria judicial de invierno, manteniendo una atención reducida de lunes a viernes entre las 10 y las 12 horas.
En ese contexto, los comerciantes sostienen que aún esperan conocer qué medidas se adoptaron en relación con las denuncias presentadas y consideran que la demora profundiza la incertidumbre sobre la aplicación de la normativa vigente.
Una habilitación para venta ambulante reavivó la polémica
El malestar del sector se incrementó durante la última semana cuando, según sostienen los comerciantes autoconvocados, el Municipio habría otorgado un permiso para la venta ambulante de pescado en inmediaciones del edificio municipal.
La principal objeción no apunta únicamente a la autorización otorgada, sino al procedimiento administrativo que, aseguran, no se habría cumplido previamente. Según manifestaron, el permiso se habría emitido sin la correspondiente inspección bromatológica, un control que consideran indispensable tratándose de la comercialización de alimentos.
Los comerciantes afirman que el agente municipal responsable de realizar las inspecciones bromatológicas se encontraría actualmente de licencia, motivo por el cual entienden que ese procedimiento previo no habría podido concretarse. A pesar de ello, cuestionan que igualmente se hubiera autorizado la actividad comercial.
Para el sector, la situación resulta paradójica. Mientras continúan reclamando mayores controles sobre la venta informal y esperan definiciones sobre expedientes iniciados por presuntas infracciones comerciales, sostienen que el Municipio seguiría otorgando permisos para la venta ambulante sin contar previamente con las verificaciones bromatológicas que este tipo de actividades requiere, generando —a su entender— una situación de desigualdad frente a quienes mantienen comercios habilitados, cumplen con las exigencias sanitarias, tributarias y comerciales y son sometidos a controles permanentes.
En ese marco, reclamaron que el Departamento Ejecutivo Municipal informe cuáles fueron los criterios técnicos y administrativos que permitieron autorizar esa venta y si existieron controles sanitarios alternativos que garantizaran el cumplimiento de la normativa vigente para la comercialización de alimentos.
Con esta nueva presentación, el sector comercial volvió a poner sobre la mesa un reclamo que excede el tratamiento de un grupo de ordenanzas. Para los comerciantes, la falta de respuestas del Concejo Deliberante, la ausencia de novedades sobre las actuaciones administrativas y las decisiones adoptadas en materia de habilitaciones reflejan una misma preocupación: la necesidad de reglas claras, controles equitativos y respuestas institucionales frente a una crisis que, aseguran, se agrava semana tras semana.
