Abigeato: millonario operativo en la cordillera
En el marco de una investigación por abigeato y otros delitos rurales, la Policía del Chubut llevó adelante un amplio operativo simultáneo en las localidades de Río Pico, Gobernador Costa y José de San Martín, que permitió secuestrar más de 10 millones de pesos, 82.000 dólares en efectivo, siete vehículos, armas de fuego y una importante cantidad de ganado ovino. Los procedimientos se realizaron bajo el plan “Verano Seguro” y estuvieron orientados a desarticular una presunta red dedicada a maniobras ilegales vinculadas al ámbito rural.
Los allanamientos se concretaron en distintos establecimientos rurales de la zona cordillerana, donde se identificó a todas las personas presentes y se procedió al secuestro de elementos considerados de interés para la causa. Durante las diligencias, el personal policial incautó 14 armas de fuego, municiones de diversos calibres, teléfonos celulares, computadoras y documentación relacionada con el transporte y la comercialización de hacienda.
Uno de los ejes centrales de la investigación fue el control de ganado ovino. En ese contexto, se contabilizaron alrededor de 1.279 animales con distintas marcas y señales, varias de las cuales quedaron bajo análisis por presuntas irregularidades. Asimismo, se secuestraron cueros y otros elementos que podrían aportar pruebas relevantes para el avance de la causa.
El operativo estuvo a cargo de la División de Investigaciones Rurales de la Policía del Chubut y fue supervisado por el director de la Policía Judicial, Eduardo Chemin, junto al jefe de la división, Jorge Calderero, con intervención del Ministerio Público Fiscal. De los procedimientos participaron efectivos de distintas dependencias policiales, personal de la Policía Científica de Esquel, representantes de Fiscalías y Juzgados de Paz, además de agentes del SENASA, quienes realizaron el relevamiento de la documentación sanitaria y registral correspondiente.
Toda la información recabada y los elementos secuestrados quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, que dispuso las medidas judiciales pertinentes con la autorización de las autoridades competentes en cada una de las jurisdicciones involucradas.
