Auditoría en ANDIS detectó sobreprecios de hasta 4.239% en compras de prótesis, sillas de ruedas y equipamiento médico
Una auditoría interna del Ministerio de Salud de la Nación puso bajo la lupa a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras detectar presuntas irregularidades millonarias en contrataciones realizadas durante 2025. El informe técnico reveló diferencias de hasta 4.239% entre los valores pagados por el Estado y los precios de referencia del mercado en compras de sillas de ruedas, prótesis, válvulas cardíacas y otros insumos ortopédicos. La investigación ya derivó en actuaciones judiciales y alcanza a empresarios, proveedores y exfuncionarios vinculados al organismo.
Según la documentación incorporada a la causa judicial que tramita en los tribunales federales, el relevamiento analizó más de 500 expedientes por un monto superior a los 18 mil millones de pesos. La auditoría fue realizada por equipos técnicos del Ministerio de Salud y sostiene que existieron “desvíos críticos y sobreprecios injustificables” en contrataciones efectuadas por la ANDIS.
Entre los casos más llamativos aparece la compra de una válvula bicaval transcatéter por 425 millones de pesos, mientras que el mismo insumo había sido adquirido previamente por el PAMI mediante licitación pública por poco más de 124 millones. El informe calculó allí una diferencia cercana al 242%. También se detectaron operaciones con endoprótesis y válvulas pulmonares cuyos valores superaban entre siete y veinte veces los precios de referencia utilizados por otros organismos estatales.
La auditoría también apuntó directamente contra empresas proveedoras vinculadas al rubro ortopédico. En algunos expedientes se registraron sillas posturales facturadas en alrededor de 18 millones de pesos cuando los valores de mercado rondaban menos de un millón. En otros casos, se detectaron sillas de ruedas facturadas entre 19 y 21 millones con diferencias superiores al 2.000% respecto de alternativas nacionales.
Uno de los puntos más delicados del informe hace referencia a una supuesta “red de interconexión” entre distintas firmas proveedoras que compartirían domicilios, vínculos familiares y participación societaria. Los auditores sostienen que podrían haberse simulado competencias de precios para dar apariencia de legalidad a contrataciones previamente direccionadas.
La causa quedó bajo la órbita del fiscal federal Franco Picardi y ya involucra a decenas de personas citadas a indagatoria. Entre los nombres mencionados aparece Osmar Mariano Caballi, empresario ligado a Farma Salud y exfuncionario de la ANDIS durante la gestión anterior. Según el expediente judicial, algunas firmas investigadas habrían concentrado miles de millones de pesos en contrataciones estatales observadas por presuntas irregularidades.
La investigación también analiza posibles maniobras dentro del sistema digital de licitaciones del organismo y la existencia de coordinaciones previas entre proveedores. En paralelo, la auditoría recomendó remitir toda la documentación a Asuntos Jurídicos para que los hechos sean incorporados como “hecho nuevo” dentro de la causa judicial en trámite.
El escándalo volvió a instalar cuestionamientos sobre el manejo de fondos destinados al área de discapacidad y sobre los mecanismos de control interno del Estado nacional en contrataciones vinculadas a prestaciones médicas y equipamiento terapéutico.
