Cholila: una colecta solidaria, denuncias cruzadas y el debate por el destino de las donaciones
Mientras se investiga una denuncia oficial, voluntarios que llevaron ayuda desde Bariloche aseguran que fueron acusados injustamente y que su objetivo siempre fue entregar las donaciones de manera directa a los damnificados. El caso expone dos miradas opuestas sobre cómo debe canalizarse la solidaridad en una emergencia.
El conflicto se desató en Cholila tras el arribo de donaciones desde Bariloche en el marco de la emergencia por los incendios forestales. A partir de una denuncia presentada por el intendente Silvio Boudargham, se inició un procedimiento policial, el secuestro preventivo de un camión y una investigación judicial por la presunta venta de donaciones destinadas a damnificados.
Esa denuncia fue reproducida por gran parte de los medios provinciales, que hablaron de personas acusadas de hacerse pasar por voluntarios o de comercializar ayuda solidaria. La acusación existe y se encuentra bajo investigación, pero no constituye una conclusión judicial, sino el punto de partida de un conflicto que luego se complejizó.
Desde el otro lado, quienes organizaron y ejecutaron la colecta sostienen que esa calificación no refleja lo ocurrido y que se instaló un relato que omitió documentación, testimonios y el contexto de una iniciativa solidaria organizada por fuera de estructuras oficiales.
La colecta fue impulsada desde Bariloche por Bárbara Peralta junto a un grupo de voluntarios que reunieron aportes de vecinos y donantes. Según explicó la propia Peralta en diálogo con Voz Radio, la recaudación alcanzó $2,4 millones, fondos con los que se compraron forraje, alimentos y cinco tótems de agua, a los que el proveedor sumó otros cinco en carácter de donación.
El grupo aseguró que su intención siempre fue entregar la ayuda de manera directa a las familias y brigadistas damnificados, sin intermediación institucional, y que ese criterio fue uno de los principales puntos de fricción con las autoridades locales.
En declaraciones a Bariloche Opina, los voluntarios aclararon el eje central de la polémica:
“Los tótems que generaron la polémica no eran nuestros. Eran de otra persona que sí los estaba vendiendo. Nosotros solo entregamos lo que habíamos llevado con donaciones”.
Según actas y documentación aportada posteriormente, el camión transportaba donaciones comprobables —alimentos, forrajes, colchones, ropa, agua y balanceado para animales— junto con un remanente de tótems que eran propiedad del transportista, ajenos a la colecta. Esos elementos, explicaron, se trasladaban para una eventual venta a precio de costo, con el objetivo de cubrir gastos de combustible, situación que aseguran haber aclarado desde el inicio.
En paralelo, desde el grupo solidario surgieron fuertes cuestionamientos al Municipio de Cholila, es decir, a la administración local de esa localidad. Los voluntarios difundieron material fílmico donde se observa acopio de donaciones en predios municipales y señalaron que parte de esa ayuda no llegaría de manera directa a los verdaderos damnificados.
Según ese relato, algunas donaciones se estarían entregando en carácter de comodato, con obligación de devolución, una modalidad que —afirman— contradice el espíritu de las colectas solidarias, pensadas para una entrega directa y definitiva a quienes lo perdieron todo.
Tras los episodios de tensión y las acusaciones públicas, los voluntarios denunciaron penalmente al intendente Boudargham y a efectivos de la Policía por privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad, al considerar que fueron retenidos de manera injustificada y finalmente obligados a retirarse de la localidad.
Al mismo tiempo, la iniciativa solidaria recibió un amplio respaldo social, expresado en redes sociales y mensajes públicos de apoyo. Entre ellos se destacó el acompañamiento de la cantante Sele Vera, quien participó de la colecta, aportó recursos económicos y reclamó públicamente que los hechos sean esclarecidos.
Hoy el caso presenta denuncias cruzadas, documentación aportada por ambas partes y testimonios coincidentes, sin resoluciones judiciales firmes. Mientras en Chubut se investiga la denuncia inicial del intendente, en Río Negro avanzan las presentaciones realizadas por los voluntarios.
La historia, por ahora, no ofrece una verdad cerrada sino dos miradas enfrentadas: una que sostiene la necesidad de control institucional sobre las donaciones, y otra que reivindica la solidaridad organizada desde la sociedad, con entrega directa a los damnificados.
Contar ambas versiones, ponderar la iniciativa de quienes se movilizaron por cuenta propia y dejar que sea la Justicia la que determine responsabilidades no es relativizar los hechos. En contextos de emergencia, es simplemente hacer periodismo con equilibrio y responsabilidad.
