Consenso fiscal en Río Mayo: el oficialismo fija postura y busca llevar tranquilidad en medio del rechazo sindical

El tratamiento del consenso fiscal en Río Mayo suma ahora definiciones públicas del bloque oficialista en el Concejo Deliberante, en un escenario atravesado por el rechazo sindical, la preocupación en la comunidad y un debate que también tiene impacto a nivel provincial.

Las declaraciones se dieron en el marco de una entrevista en los estudios de FM Municipal 88.9, donde los cuatro concejales del Frente Renovador abordaron el proyecto, respondieron a cuestionamientos y explicaron cómo se desarrollará su tratamiento dentro del cuerpo legislativo.

El expediente fue elevado por el Ejecutivo Municipal —encabezado por el intendente Gustavo Loyaute— en el marco del acuerdo firmado por intendentes con el Gobierno de Chubut, conducido por Ignacio Agustín Torres.

En ese contexto, el proyecto se encuentra en comisión, donde también se desarrolló una instancia de diálogo con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Mayo (SOEMRM). En esa reunión, el secretario general Néstor Biss presentó una nota formal con los principales puntos de rechazo al consenso fiscal, acompañada por la firma de una numerosa cantidad de afiliados.

El gremio cuestiona, entre otros aspectos, la falta de consulta previa, la posibilidad de condicionamientos en las paritarias, restricciones en el ingreso de personal, la unificación de criterios salariales entre municipios con realidades distintas y la eventual afectación de la autonomía municipal.

Además, advirtió que, de avanzar el proyecto sin nuevas instancias de diálogo, los trabajadores podrían movilizarse al Concejo Deliberante.

Frente a ese escenario, la presidenta del Concejo Deliberante, Silvia Muñoz, rechazó las versiones que hablan de un manejo direccionado del cuerpo. “Un Concejo manejado a dedo está muy lejos de nuestra realidad”, afirmó.

También cuestionó las críticas anticipadas. “Encasillar una posición sin que el tema haya sido trabajado es una manera muy liviana de juzgar”, sostuvo.

Muñoz defendió además el funcionamiento institucional frente a la presión de las redes sociales. “Las redes son una herramienta válida, pero no es la vía para responder. Preferimos trabajar y que el vecino se acerque, porque las puertas están abiertas”, señaló.

En ese sentido, validó los reclamos, aunque marcó un límite en las formas. “Detrás de cada reclamo hay una problemática, pero tiene que canalizarse de manera formal. Hay formas y formas”, afirmó.

Por su parte, el concejal Leonardo Silva se refirió a la preocupación instalada sobre una posible pérdida de autonomía municipal frente al acuerdo provincial.

En ese contexto, aclaró que el Concejo mantiene su independencia al momento de tomar decisiones. “Tenemos nuestra propia forma de pensar y cada concejal va a definir su postura”, señaló.

También explicó el funcionamiento del proceso legislativo. “No se firma nada sin haberlo trabajado. Todo se analiza y cada concejal fija su postura antes de votar”, indicó.

Silva puso especial énfasis en el impacto sobre los trabajadores. “Siempre nos ponemos en su lugar y, si algo no los favorece, no lo vamos a acompañar”, aseguró.

Desde otra mirada, la concejal Micaela Selesky apuntó a ordenar el funcionamiento interno del Concejo. “Todo tiene su tratamiento. Recién ahora vamos a empezar a trabajarlo en comisión”, explicó.

Selesky remarcó que el cuerpo no funciona de manera automática. “No es como se dice que se firma sin más. Hay comisiones, hay diferencias y se trabaja cada punto”, afirmó.

En ese marco, también se explicó la situación de la comisión encargada del tratamiento. La concejal Rocío Díaz, quien asumió recientemente en reemplazo de Gustavo Inostroza, indicó que el consenso fiscal será su primer tema de trabajo y que el análisis se inicia desde su base dentro de su gestión. “Empiezo de cero con este proyecto”, señaló.

El escenario mantiene en tensión a todos los actores: un Ejecutivo que impulsa el acuerdo, un Concejo que avanza en su análisis y un sindicato que ya fijó posición con respaldo de afiliados y no descarta medidas si el proceso avanza sin diálogo.