Defensoría del Pueblo convoca a reunir pruebas para defender el régimen de Zona Fría
La preocupación por una eventual modificación del beneficio que reduce el costo del gas en las regiones más frías del país llevó al organismo a pedir que los usuarios conserven sus facturas y documenten el impacto que tendría un aumento tarifario. La información será utilizada para respaldar futuras acciones institucionales y reclamos ante el Congreso y el Gobierno nacional.
La Defensoría del Pueblo del Chubut lanzó una convocatoria dirigida a vecinos de toda la provincia para que aporten facturas de gas y otros elementos que permitan demostrar el peso que tiene el servicio en la economía familiar. El objetivo es construir un respaldo técnico y documental frente a la posibilidad de que el régimen de Zona Fría sufra modificaciones que reduzcan o eliminen parte de los descuentos que hoy reciben los usuarios.
La iniciativa se da en un contexto de creciente preocupación en las provincias patagónicas, donde la calefacción deja de ser un consumo opcional para convertirse en una necesidad durante buena parte del año. En localidades de Chubut, las bajas temperaturas obligan a un uso intensivo del gas durante varios meses, por lo que cualquier incremento tarifario tiene un impacto directo sobre el presupuesto de las familias.
La defensora del Pueblo, Claudia Bard, explicó que la documentación permitirá cuantificar con datos concretos cuánto representa el costo del gas para los hogares chubutenses. La intención es que esa información sirva como respaldo en las gestiones que el organismo impulsa junto a otras defensorías del país para sostener el régimen vigente y evitar que las particularidades climáticas de la Patagonia queden relegadas en la discusión nacional.
El régimen de Zona Fría fue ampliado en 2021 para incorporar a millones de usuarios de distintas provincias, otorgando descuentos del 30% y, en determinados casos, del 50% sobre el componente del gas natural. Desde entonces, distintas iniciativas para modificar ese esquema despertaron la reacción de gobiernos provinciales, defensorías y asociaciones de consumidores, que sostienen que el beneficio no constituye un privilegio sino una compensación por las condiciones climáticas que obligan a un mayor consumo energético.
En ese marco, la Defensoría pidió a los vecinos conservar las boletas del servicio y acercarlas a las delegaciones del organismo para incorporarlas al expediente que busca reflejar el impacto real de una eventual quita o reducción del beneficio. La premisa es reunir evidencia antes de que cualquier modificación llegue a traducirse en facturas más elevadas para los usuarios de la provincia.
