Ecocidio: el proyecto de Terenzi quedó atrapado entre la presión del campo, el apuro libertario y una discusión penal mal cerrada

La iniciativa de la senadora chubutense ya tenía dictamen para llegar al recinto, pero La Libertad Avanza retrocedió después del rechazo agroindustrial. El debate no es menor: Argentina discute cómo castigar los grandes daños ambientales sin abrir una puerta de inseguridad jurídica para actividades productivas legales.

El proyecto de ley impulsado por la senadora chubutense Edith Terenzi para incorporar el delito de ecocidio al Código Penal quedó en una zona incómoda: no está muerto, pero tampoco tiene el camino despejado que parecía tener después de conseguir dictamen en las comisiones de Justicia y Ambiente del Senado.

La iniciativa había avanzado con apoyo de distintos bloques, incluido el oficialismo libertario. Pero ese respaldo duró poco. Cuando entidades del sector agroindustrial encendieron la alarma por el alcance del texto, La Libertad Avanza dio marcha atrás y buscó retirar las firmas del dictamen. El movimiento dejó expuesto un dato político fuerte: el proyecto había sido acompañado antes de que el oficialismo midiera el costo con el campo, la industria y las inversiones.

La propuesta de Terenzi no se limita a castigar incendios intencionales. Crea un capítulo de delitos contra el ambiente, incorpora penas de prisión que pueden llegar hasta los 25 años en los casos más graves, suma responsabilidad para empresas, multas, suspensión de actividades, pérdida de beneficios y agravantes cuando intervengan funcionarios públicos.

Ahí aparece el nudo del conflicto. Para el ambientalismo, el Código Penal argentino llega tarde frente a daños masivos, extensos o irreversibles. Para el sector productivo, el problema no es cuidar el ambiente, sino hacerlo con una redacción penal que consideran demasiado abierta. En criollo: temen que una actividad legal termine judicializada por conceptos amplios como “daño grave”, “irreversible” o “afectación ambiental significativa”.

El punto es delicado porque en materia penal no alcanza con una buena intención. Un delito debe estar escrito con precisión quirúrgica. Si la norma queda abierta, el castigo puede depender más de la interpretación de un fiscal o de un juez que de una conducta claramente definida por la ley. Ese es el flanco técnico que aprovechó el campo para frenar el avance.

La marcha atrás de La Libertad Avanza también abrió una discusión reglamentaria. Una cosa es retirar apoyo político; otra, borrar firmas de un dictamen ya emitido. Por eso el proyecto quedó en una especie de limbo parlamentario: formalmente puede seguir teniendo vida, pero políticamente necesita una nueva negociación.

Para Chubut, el tema tiene un peso propio. La provincia viene de incendios forestales graves y de una discusión permanente sobre el uso del territorio, la protección ambiental, la producción, la minería, el petróleo y el rol del Estado. En ese contexto, la iniciativa de Terenzi toca una fibra sensible: cómo sancionar al que destruye sin convertir cada conflicto ambiental en una amenaza penal para sectores enteros de la economía.

El debate real, entonces, no es si hay que proteger el ambiente o no. Esa discusión ya está saldada por la Constitución. La pregunta de fondo es otra: cómo se escribe una ley penal capaz de castigar el desastre ambiental deliberado sin transformarse en una herramienta imprecisa, discrecional o políticamente manipulable.

Por ahora, el proyecto de ecocidio quedó frenado por la misma razón por la que había crecido: porque toca intereses demasiado grandes. Ambiente, producción, justicia penal, empresas, funcionarios e inversiones quedaron dentro de una misma discusión. Y cuando eso ocurre, una mala coma en el texto de una ley puede valer más que un discurso entero.