EDITORIAL | SARMIENTO: LA VULNERABILIDAD EN VIDRIERA Y UNA TRANSPARENCIA A DOS VELOCIDADES
En los boletines oficiales de la gestión de Sebastián Balochi resulta sencillo conocer quién necesitó ayuda para pagar la luz, el gas, un alquiler o afrontar una situación de salud, muchas veces con nombre, DNI, domicilio y circunstancias personales. Esa minuciosidad permite construir la imagen de un Municipio que asiste y da respuestas, pero contrasta con la dificultad para reconstruir con igual precisión determinadas decisiones económicas de la propia administración. Mientras la Auditoría Municipal prevista por la Carta Orgánica continúa sin ponerse en funcionamiento y permanece en la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante, Río Mayo 1935 avanza sobre información vinculada con otros movimientos del Estado municipal cuya trazabilidad pública resulta bastante menos directa.
El uso de fondos públicos destinados a asistencia debe quedar respaldado y nadie discute esa obligación, pero una administración puede informar expediente, monto, concepto, partida y autoridad interviniente sin convertir la situación económica de una familia en parte de la exposición pública. La Carta Orgánica establece además que la asistencia social debe realizarse institucionalmente a través de los organismos municipales competentes, por lo que se trata de políticas públicas financiadas con recursos de toda la comunidad y no de ayudas personales concedidas por el funcionario de turno.
Alrededor de esa manera de comunicar también se construye una imagen políticamente cómoda. Contar cuántos vecinos recibieron ayuda, cuántas facturas pudieron pagarse o cuántas familias encontraron una respuesta municipal alimenta una mirada casi romántica de un Estado siempre dispuesto a dar una mano, una foto que queda bien y resulta fácil de mostrar. El problema aparece cuando esa fotografía ocupa todo el cuadro y deja fuera de lectura aquello que cuesta bastante más reconstruir: de dónde sale cada peso, cómo se administra, qué decisiones económicas se toman, quiénes intervienen y quiénes terminan alcanzados por ellas.
Para conocer la situación económica de un vecino puede alcanzar una resolución; para seguir determinadas decisiones contractuales, movimientos presupuestarios o compromisos económicos del Municipio hay que cruzar boletines, resoluciones, presupuestos e información dispersa. Si el Estado puede publicar con semejante precisión quién necesitó dinero y para qué, debería resultar igual de sencillo conocer cómo se adopta una decisión económica, quién interviene, qué partida se utiliza, cuánto se ejecuta y qué respaldo administrativo existe detrás de cada gasto.
Los boletines muestran más vecinos dependiendo del Municipio para sostener gastos básicos
Hasta mediados de agosto de 2026 se habían identificado 151 ayudas económicas directas, frente a 107 durante el mismo período de 2025. Las intervenciones destinadas al pago de electricidad y gas pasaron de 40 a 103 y las personas que debieron recurrir más de una vez al sistema de asistencia municipal aumentaron de 13 a 32. Con las resoluciones publicadas posteriormente, el piso de intervenciones sociales documentadas durante este año ya supera los 33,6 millones de pesos, aunque esa cifra no representa la ejecución presupuestaria completa de Desarrollo Social, porque para determinarla sería necesario contar con el estado contable integral del área.
La gestión puede mostrar ese crecimiento como una prueba de la cantidad de respuestas brindadas frente a situaciones concretas, pero los mismos números cuentan también otra parte de la historia: aumentó la cantidad de familias que necesitan recurrir al Municipio para pagar servicios, alquileres y gastos elementales. La inflación, las tarifas, el deterioro de los ingresos y la economía nacional exceden a cualquier intendente, aunque después de varios años de administración corresponde mirar también qué políticas locales consiguieron generar empleo privado, fortalecer actividades productivas y evitar que una ayuda pensada para salir del paso termine convirtiéndose en una necesidad recurrente.
La propia Municipalidad reconoció el peso del desempleo cuando creó “Trabajamos por Sarmiento 2026”, destinado a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica “a causa del desempleo” y orientado a generar oportunidades laborales transitorias para personas sin ingresos habituales o cuyos ingresos se encuentran por debajo del salario mínimo. La herramienta puede servir para atravesar una emergencia, pero la Carta Orgánica también asigna al Municipio responsabilidades en materia de empleo, inserción laboral, emprendimientos, economía social y desarrollo productivo, por lo que una política social no debería medirse solamente por cuántas ayudas entrega, sino también por las condiciones que genera para que cada vez menos vecinos necesiten volver a pedirlas.
La dependencia económica respecto del Estado genera una asimetría concreta frente al poder político. Quien necesita una ayuda para pagar una factura, espera acceder a un empleo transitorio o depende directa o indirectamente de una decisión municipal no se encuentra en la misma posición que quien puede sostener su economía al margen del Estado. En comunidades pequeñas esa relación alcanza además a trabajadores municipales, proveedores, empleados de empresas vinculadas económicamente con el Municipio y familias cuya estabilidad puede quedar atada a decisiones públicas, conformando un entramado donde depender también puede pesar a la hora de cuestionar, denunciar o plantarse frente a quienes administran esos recursos.
Dentro de las resoluciones aparece de manera reiterada la denominación “Fortalecimiento Familiar”. Algunos actos hablan de una “cuenta de Fortalecimiento Familiar” y otros de una “partida de Fortalecimiento Familiar correspondiente al Servicio de Protección de Derecho”, desde donde se ordenan pagos vinculados con energía, gas, alquileres y otras intervenciones. Al revisar el presupuesto municipal prorrogado para 2026, esa denominación no aparece individualizada de manera directa, lo que obliga a preguntar de qué partida provienen esos recursos, cuál es su crédito vigente, cuánto se ejecutó y qué saldo conserva.
Si una resolución puede identificar a la persona que recibió una ayuda, explicar para qué la necesitó y precisar cuánto dinero se destinó, la trazabilidad presupuestaria de esos recursos debería poder seguirse con la misma facilidad. La discusión no pasa por publicar menos sobre la asistencia, sino por conseguir que la precisión aplicada sobre quien necesita del Estado también exista cuando un vecino, un concejal o un medio quiere saber cómo ese mismo Estado organiza, compromete y ejecuta el dinero público.
La Auditoría que debía controlar las cuentas sigue atrapada entre revisiones, demoras y silencios políticos
La Carta Orgánica aprobada en 2019 creó la Auditoría Municipal para controlar la ejecución presupuestaria y la gestión económica, financiera y patrimonial del Municipio, con acceso a información y actuaciones vinculadas con los actos sometidos a revisión y facultades para examinar órdenes de pago, fiscalizar fondos públicos y determinar eventuales responsabilidades patrimoniales. La propia norma estableció además un plazo para ponerla en funcionamiento, por lo que la discusión actual ya no pasa por decidir si Sarmiento necesita o no ese organismo, sino por explicar por qué una institución que debía existir hace años todavía no consiguió arrancar.
El proyecto permanece en la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante a la espera de nuevas revisiones del Ejecutivo municipal, pese a que el gobierno de Balochi viene participando de la discusión desde etapas anteriores y ya realizó observaciones vinculadas con estructura, funcionamiento, costos e implementación. La intervención del Ejecutivo forma parte del proceso, pero después de sucesivas revisiones resulta inevitable preguntar qué falta todavía por corregir y cuánto tiempo más puede seguir dando vueltas una obligación institucional cuyo plazo quedó largamente atrás.
La responsabilidad por esa demora tampoco puede cargarse solamente sobre el Ejecutivo, porque oficialismo y oposición fueron acompañando distintas instancias de revisión, devoluciones y nuevas discusiones que terminaron estirando también desde el Concejo la puesta en marcha del organismo. Cada sector tendrá sus argumentos y diferencias, pero el resultado termina siendo compartido: mientras el proyecto va y viene y las correcciones se acumulan, la Auditoría que debería controlar la administración municipal continúa sin funcionar.
Cuando una institución prevista por la máxima norma local puede pasar años entre observaciones, consultas y revisiones sin constituirse, la dilación deja de ser un problema de papeles y adquiere una dimensión política por sus propios efectos. El Concejo Deliberante no puede mirar para otro lado porque es el ámbito donde oficialismo y oposición tienen herramientas para impulsar, corregir y resolver, del mismo modo que el Ejecutivo tampoco puede tratar cada nueva revisión como si recién arrancara una discusión sobre un organismo cuya creación está ordenada desde 2019.
Los pedidos de informe muestran otra cara del mismo problema. Cuando el Concejo requiere datos sobre recaudación, contrataciones, vehículos, alquileres, empresas, fondos u otros movimientos de la administración, aquello que aparece rápidamente en el Boletín Oficial cuando se trata de una ayuda social pasa a depender de respuestas administrativas, dictámenes, interpretaciones jurídicas y actuaciones capaces de demorarse durante meses. Algunos requerimientos complejos terminaron incluso envueltos en discusiones sobre su formulación y el tiempo administrativo necesario para responderlos, mientras desde la asesoría letrada municipal se llegó a cuestionar el tiempo que determinadas modalidades de pedidos demandaban a la administración.
Pedir información compleja sobre contrataciones, utilización de bienes, recaudación o compromisos económicos no es hacer perder el tiempo, sino ejercer una de las funciones básicas del control legislativo. Si contestar exige buscar antecedentes, reunir información de varias áreas o reconstruir una operación administrativa, ese laburo forma parte de la obligación de rendir cuentas. De poco sirve reconocerle al Concejo facultades de control si después la profundidad de una respuesta termina condicionada por cuánto trabajo demanda producir la información que justamente se necesita para controlar.
La Auditoría Municipal debería reducir buena parte de ese problema porque tendría facultades propias para acceder a la información económica, financiera y patrimonial necesaria sin esperar que cada interrogante termine convertido en un pedido de informe sujeto a los tiempos del Ejecutivo. Sin embargo, desde que la Carta Orgánica fue aprobada en 2019, Ejecutivo, oficialismo y oposición fueron dejando entre revisiones y paso del tiempo una cuestión que la propia norma había considerado suficientemente urgente como para establecer un plazo de implementación.
Hay además un dato que vuelve más difícil mirar para otro lado. Río Mayo 1935 accedió a información vinculada con decisiones económicas de la administración municipal que abre interrogantes bastante más profundos que los que surgen de una lectura lineal del Boletín Oficial. Parte de esos temas, según pudo reconstruir este medio, tampoco resulta completamente ajena al ámbito político local y, sin embargo, hasta ahora no se advierte públicamente una batería de pedidos de informe específicos ni una investigación legislativa que avance con la misma profundidad sobre esas cuestiones.
El contraste resulta por lo menos llamativo porque el Concejo Deliberante cuenta con herramientas institucionales para requerir información, solicitar expedientes a las áreas correspondientes, convocar funcionarios y profundizar aquellas cuestiones que considere necesarias para cumplir su función de control. Que determinadas preguntas hayan comenzado a surgir con fuerza desde afuera del edificio legislativo y todavía no encuentren una traducción equivalente en pedidos concretos o investigaciones visibles dentro del Concejo deja un silencio político difícil de ignorar, especialmente cuando parte de esos temas ya circula dentro del escenario político de Sarmiento.
La paradoja es todavía mayor porque un medio regional puede acceder a información suficiente como para abrir interrogantes que requieren semanas de seguimiento, mientras el órgano institucional encargado de controlar la administración no muestra públicamente la misma intensidad para avanzar sobre ellos. La pregunta no pasa por determinar qué conoce cada concejal en privado, sino por observar qué decisiones institucionales adopta el Concejo frente a cuestiones sobre las cuales dispone de herramientas mucho más amplias que cualquier medio periodístico para pedir explicaciones y llegar hasta el fondo.
Emanuel Venter Jenks tampoco es ajeno a este escenario. Ocupa la Viceintendencia, construye su candidatura para 2027 desde adentro de la administración de Sebastián Balochi y hasta ahora no ha mostrado públicamente una ruptura política que permita identificar con claridad dónde termina la continuidad y dónde comienza una propuesta propia. Si durante estos años acompañó el rumbo general de la gestión y no hizo visibles diferencias sustanciales frente a cuestiones sensibles como los controles, la Auditoría o los tiempos de acceso a la información, también corresponde preguntarse cuánto de su candidatura representa realmente una nueva etapa y cuánto puede terminar siendo la continuidad de un gobierno al que pocas veces se le escuchó decir que no.
Si pretende capitalizar electoralmente aquello que considera aciertos de Balochi, Venter también tendrá que explicar qué hizo desde la Viceintendencia frente a aquello que eventualmente prometa corregir como candidato. Una cosa es integrar una gestión sosteniendo criterio propio y otra distinta es acompañar durante años un proyecto sin diferencias públicas relevantes para luego presentarse como la renovación de aquello que nunca discutió mientras formaba parte del poder. La continuidad política no significa responsabilidad automática sobre cada resolución del Ejecutivo, pero sí obliga a explicar qué se respaldó, qué se intentó cambiar y qué postura concreta se tuvo frente a las instituciones que hoy siguen pendientes.
La investigación que lleva adelante Río Mayo 1935 sigue información vinculada con decisiones económicas que no aparecen reflejadas en los boletines oficiales con la misma claridad que las situaciones de vulnerabilidad y busca reconstruir quiénes intervinieron, qué actores económicos fueron alcanzados, qué relaciones aparecen alrededor de determinadas operaciones y hasta dónde llegan sus conexiones con decisiones del poder político. El interés periodístico también alcanza a posibles incompatibilidades, conflictos de intereses y límites éticos que forman parte de cualquier discusión seria sobre administración pública.
Sarmiento tiene además antecedentes que deberían haber convertido los controles sólidos en una prioridad institucional. Sebastián Balochi atravesó investigaciones judiciales vinculadas con decisiones adoptadas durante una anterior gestión municipal y, en uno de esos procesos, el sobreseimiento que quedó firme se produjo por el vencimiento del plazo máximo de la etapa preparatoria sin que la Fiscalía presentara la acusación dentro del término correspondiente. Ese resultado debe contarse con precisión: un sobreseimiento firme debe respetarse y nadie puede presentar a Balochi como condenado, pero tampoco corresponde presentar un cierre procesal por vencimiento de plazos como si hubiera existido un juicio que hubiera analizado el fondo de las acusaciones.
Una Auditoría funcionando, ejecuciones presupuestarias accesibles, pedidos de informe respondidos dentro de tiempos razonables y actos administrativos completos beneficiarían tanto a los vecinos como a los propios funcionarios, porque cuanto más sencillo resulte seguir cada decisión económica menos terreno queda para las dudas. Cuando esas herramientas avanzan a paso de tortuga, concejales, periodistas y ciudadanos terminan obligados a reconstruir por otros caminos aquello que debería poder conocerse directamente a través de las instituciones.
La expresión “transparencia a dos velocidades” encuentra ahí su sentido concreto. Una velocidad permite que el Boletín Oficial publique rápidamente el nombre, el DNI, el domicilio, la necesidad y el monto recibido por una persona que acudió al Estado para pagar una factura o atravesar una emergencia; la otra aparece cuando la información apunta hacia la propia administración y obliga a cruzar datos, presentar pedidos de informe, esperar respuestas, atravesar interpretaciones jurídicas o reconstruir durante meses el recorrido de determinadas decisiones. Una información llega prácticamente servida y la otra hay que salir a buscarla, seguirle el rastro y pelear contra los tiempos.
Las preguntas que quedan son concretas: de qué partida provienen exactamente los recursos identificados como “Fortalecimiento Familiar”; qué revisiones continúan pendientes para poner en funcionamiento una Auditoría ordenada desde 2019; por qué oficialismo, oposición y Ejecutivo no consiguieron resolver durante años una herramienta esencial de control; por qué información que ya genera interrogantes fuera del Concejo todavía no se traduce públicamente en investigaciones legislativas más profundas; qué grado de continuidad representa realmente la candidatura de Venter Jenks; y qué políticas estructurales desarrolló la gestión para reducir una dependencia social que los propios boletines muestran en crecimiento.
La transparencia no debería correr cuando se trata de mostrar la vulnerabilidad de un vecino y caminar cuando se intenta conocer una decisión económica del poder. El mismo Municipio que publica la necesidad concreta de una persona que no puede pagar la luz debería permitir conocer con similar rapidez y precisión cada acto mediante el cual compromete recursos públicos, cada contratación, cada partida utilizada y cada responsabilidad administrativa involucrada.
Río Mayo 1935 seguirá avanzando sobre aquello que todavía queda fuera de cuadro. En Sarmiento la vulnerabilidad de quienes necesitan del Estado ya está ampliamente documentada y disponible en los boletines oficiales; lo que todavía circula a otra velocidad es la posibilidad de conocer con la misma profundidad cómo se administra, cómo se controla y a quién termina beneficiando el poder.
