El Dispositivo Torres: Massoni anunció una denuncia penal contra el gobernador de Chubut y la cúpula del Banco Provincial
Tras diez días consecutivos de publicaciones, el abogado y candidato a intendente de Trelew cerró la serie
El Dispositivo Torres
anunciando que llevará a la Justicia una batería de acusaciones contra el gobernador Ignacio Torres, el fiscal de Estado Andrés Meiszner, autoridades del Banco del Chubut y otros funcionarios provinciales. Durante dos semanas vinculó el manejo de fondos públicos, la emergencia económica, los incendios de Epuyén, la deuda provincial y la conducción de la principal entidad financiera de la provincia dentro de una misma estructura política e institucional. “Esto no es un accidente. Esto es un proyecto político”, afirmó.
Durante la primera quincena de junio, Federico Massoni desarrolló una de las ofensivas políticas más extensas y ambiciosas contra la gestión de Ignacio Torres desde que asumió la Gobernación de Chubut. Lo hizo a través de una serie audiovisual de diez capítulos difundidos diariamente en redes sociales bajo el nombre El Dispositivo Torres, una producción donde fue reuniendo decretos, leyes, informes financieros, documentación pública, publicaciones periodísticas y declaraciones de funcionarios para sostener una misma hipótesis: que existe una estructura de poder político, financiero e institucional que concentra decisiones estratégicas alrededor del Gobierno provincial.
La serie comenzó con el Banco del Chubut como eje central de toda la investigación. Desde el primer capítulo, Massoni planteó que la entidad dejó de cumplir únicamente el rol de banco público para transformarse en una herramienta política del poder provincial. “El Banco del Chubut dejó de funcionar como banco y empezó a funcionar como caja política del gobernador Ignacio Torres”, afirmó al presentar la primera entrega. A partir de esa definición fue conectando distintos hechos que, según sostuvo, tienen como punto de encuentro el manejo financiero y administrativo de la provincia.
La emergencia económica ocupó rápidamente un lugar central dentro de la serie. Massoni repasó la continuidad de las leyes de emergencia aprobadas desde el inicio de la gestión y cuestionó las facultades extraordinarias otorgadas al Poder Ejecutivo. Según explicó, ese esquema permitió concentrar decisiones vinculadas al presupuesto y a la reasignación de fondos públicos. “La emergencia no es una situación, es la forma de gobierno de Torres”, sostuvo, al cuestionar herramientas legales que, según su interpretación, habilitan al Ejecutivo a disponer recursos originalmente destinados a fines específicos.
Uno de los capítulos que mayor repercusión generó fue el dedicado a los incendios de Epuyén y a los fondos enviados para asistir a las familias afectadas por el fuego. Massoni repasó el anuncio de los 7.000 millones de pesos remitidos por Nación y contrastó esos recursos con testimonios de damnificados que continuaban reclamando respuestas. A partir de publicaciones periodísticas y declaraciones públicas, cuestionó el destino de parte de esos fondos y puso el foco en una serie de decretos provinciales. “¿Dónde están los 7.000 millones de pesos que tenían nombre y apellido en cada peso?”, preguntó durante una de las entregas más vistas de la serie.
La discusión sobre Epuyén se conectó con otro de los ejes desarrollados a lo largo de las dos semanas: los recursos destinados a la protección ambiental y la prevención de incendios. Allí señaló la existencia de más de 539 millones de pesos correspondientes a programas de bosques nativos y de 600 mil dólares provenientes del Fondo Verde para el Clima administrado por la FAO. Según sostuvo, esos recursos estaban destinados a localidades de la Comarca Andina que posteriormente volvieron a sufrir incendios forestales. “La pregunta no es solamente dónde está la plata. La pregunta es qué hubiera pasado si esos recursos se utilizaban cuando debían utilizarse”, afirmó.
Otro tramo importante de la serie estuvo dedicado al conflicto entre el Gobierno provincial y el municipio de Rawson. Para desarrollar ese tema, Massoni tomó declaraciones públicas del intendente Damián Biss, expresidente de la Unión Cívica Radical de Chubut y uno de los dirigentes que participó de la construcción política que llevó a Torres al poder. El abogado interpretó esos dichos como una evidencia de que determinadas herramientas financieras del Banco del Chubut habrían sido utilizadas como mecanismos de presión política. “Cuando un intendente radical, expresidente de la UCR Chubut y socio fundador de la alianza, dice que había que llamar al gobernador para conseguir un giro en descubierto, el problema ya no es la oposición. El problema es el sistema”, sostuvo.
La refinanciación de deudas anunciada para más de 14.000 chubutenses también ocupó un capítulo completo dentro de la investigación. Mientras el Gobierno provincial presentó la medida como una herramienta de alivio financiero para familias y contribuyentes, Massoni sostuvo que la operatoria tuvo efectos administrativos que no fueron explicados públicamente. Según planteó, la regularización de esas deudas permitió que miles de personas dejaran de estar alcanzadas por restricciones que les impedían contratar con el Estado provincial.
La expansión de la cartera crediticia del Banco del Chubut apareció como otro de los puntos más cuestionados. Tomando declaraciones públicas del presidente de la entidad, Paulino Caballero, quien informó que los créditos pasaron de 200 mil millones a 400 mil millones de pesos en apenas un año, Massoni puso bajo análisis el crecimiento del financiamiento otorgado por la entidad. “Cuando un banco duplica su cartera de créditos y al mismo tiempo reconoce niveles crecientes de mora, deja de comportarse como un banco y empieza a comportarse como una herramienta política”, expresó.
La serie también abordó la emisión de deuda internacional por hasta 650 millones de dólares garantizada con regalías hidrocarburíferas. Massoni repasó la estructura financiera de la operación, los funcionarios que participaron de la colocación y las condiciones del endeudamiento. Desde su perspectiva, la emisión forma parte del mismo entramado institucional y financiero que intentó describir durante toda la investigación. “La deuda la firma un gobernador, pero la terminan pagando los chubutenses de hoy y los chubutenses que todavía no nacieron”, afirmó.
En los capítulos finales, el dirigente dejó de enfocarse únicamente en medidas y decisiones administrativas para avanzar sobre las personas que ocupan los principales lugares de decisión dentro del Banco del Chubut y del Gobierno provincial. Directores, síndicos, gerentes y funcionarios fueron incorporados a una lista de responsabilidades que, según sostuvo, permite identificar quiénes participaron de los hechos que cuestionó a lo largo de las diez entregas. También apuntó contra organismos de control como la Legislatura, el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y el Ministerio Público Fiscal, a quienes acusó de mantener silencio frente a situaciones que considera de gravedad institucional.
Sin embargo, el anuncio más importante llegó en el último capítulo. Luego de diez días de exposición pública, Massoni confirmó que presentará una denuncia penal contra el gobernador Ignacio Torres, el fiscal de Estado Andrés Meiszner, integrantes del directorio y la conducción del Banco del Chubut, funcionarios del área económica provincial y toda persona que pudiera surgir de la investigación. Según adelantó, la presentación será realizada ante el Ministerio Público Fiscal de Chubut y estará acompañada por actuaciones ante la Oficina Anticorrupción de la Nación y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Massoni aseguró que la denuncia estará respaldada por decretos, leyes, documentación oficial, publicaciones periodísticas, informes financieros y declaraciones públicas recopiladas a lo largo de toda la serie. También adelantó que solicitará distintas medidas de prueba vinculadas a la documentación oficial y a las actuaciones administrativas que fueron mencionadas durante las diez entregas.
Entre las posibles figuras penales que, según sostuvo, deberían ser analizadas por la Justicia mencionó malversación de caudales públicos, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público e incluso una eventual asociación ilícita.
A lo largo de toda la investigación hubo una frase que terminó sintetizando la posición política del exministro respecto de los hechos que denunció. “Esto no es un accidente. Esto es un proyecto político”. Sobre esa definición construyó una serie que durante dos semanas intentó conectar fondos públicos, organismos de control, endeudamiento, decisiones administrativas, manejo financiero y estructura estatal dentro de una misma explicación sobre el funcionamiento del poder en Chubut.
El cierre también dejó planteado el escenario que viene. “Las instituciones fueron creadas para proteger al ciudadano frente al abuso del poder. Si las instituciones no actúan, alguien tiene que hacerlo”, afirmó al anunciar la presentación judicial. Con esa definición concluyó una serie que ahora busca trasladar al terreno institucional y judicial las acusaciones que durante diez días fueron difundidas públicamente a través de redes sociales.
