El documento que revela cómo Torres le devolvió la ex Alpesca a Red Chamber
El acuerdo firmado por Ignacio Torres y el presidente de Red Chamber Argentina, Ming Bih Kou, muestra cómo terminó una disputa que durante meses enfrentó a la Provincia con la empresa estadounidense. El documento, homologado por el Superior Tribunal de Justicia con intervención de la Fiscalía de Estado encabezada por Andrés Meiszner, restituye a Red Chamber activos, permisos de pesca, cuotas de captura y condiciones operativas para volver a la ex Alpesca. Su aparición se produce después de denuncias penales, indemnizaciones pagadas por el Estado, acusaciones sobre un presunto pedido de 6,5 millones de dólares y un pedido de informes impulsado por legisladores e intendentes.
Durante buena parte de 2025, el Gobierno provincial sostuvo públicamente que Red Chamber había incumplido obligaciones vinculadas a la ex Alpesca. Se habló de deudas millonarias por cánones, incumplimientos contractuales y de la necesidad de avanzar hacia un nuevo esquema de explotación. La continuidad de la empresa aparecía cuestionada y desde distintos sectores oficiales se impulsaba la búsqueda de operadores alternativos para reemplazarla.
Red Chamber respondió judicialmente y promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Provincia. Mientras el conflicto avanzaba en los tribunales, comenzaron negociaciones que durante meses permanecieron fuera de la discusión pública. El resultado de esas conversaciones es el expediente que ahora comenzó a circular y que permite conocer qué acordaron finalmente las partes.
El convenio lleva la firma del gobernador Ignacio Torres por la Provincia y de Ming Bih Kou por Red Chamber Argentina S.A. También interviene la Fiscalía de Estado encabezada por Andrés Meiszner y la homologación final quedó en manos del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.
La lectura del documento muestra que la Provincia acepta restituir a Red Chamber bienes alcanzados por el proceso de expropiación, instalaciones, activos operativos, permisos de pesca, autorizaciones administrativas y cuotas individuales transferibles de captura. El acuerdo no consiste únicamente en cerrar una demanda judicial. También reorganiza las condiciones necesarias para que la empresa vuelva a desarrollar actividad dentro del esquema productivo asociado a la ex Alpesca.
El expediente incorpora además compromisos concretos asumidos por el Estado provincial. La Provincia se obliga a realizar gestiones administrativas, transferencias, autorizaciones, inscripciones y actuaciones necesarias para ejecutar el acuerdo. El documento muestra a la administración provincial participando activamente en el proceso de restitución de derechos y activos a favor de la empresa.
El acuerdo también contiene cláusulas vinculadas a la continuidad de la actividad industrial, los niveles de producción y el sostenimiento de puestos de trabajo. Ese punto quedó rápidamente conectado con el conflicto laboral que se desarrolló mientras avanzaban las negociaciones. Parte de los trabajadores fue reincorporada, otra parte quedó fuera de la nueva estructura operativa y otro grupo accedió a acuerdos indemnizatorios impulsados por el Estado provincial.
Las indemnizaciones se transformaron en uno de los capítulos más polémicos de toda la historia. Diversas publicaciones informaron sobre acuerdos millonarios financiados con recursos públicos para trabajadores que no continuaron dentro del esquema productivo. Mientras algunos empleados regresaban a la actividad, otros aceptaban acuerdos económicos y un tercer grupo seguía reclamando una solución definitiva.
Fue en ese contexto cuando Federico Massoni presentó una denuncia penal contra Ignacio Torres y comenzó a difundir una reconstrucción política de todo el proceso. El exministro sostuvo que mientras Red Chamber recuperaba activos y capacidad operativa, la Provincia absorbía parte de los costos derivados del conflicto laboral mediante fondos públicos.
Las denuncias de Massoni apuntaron especialmente contra Andrés Meiszner. Según su planteo, Meiszner intervino en distintas etapas de la misma negociación. Primero como ministro de Economía dentro del Gobierno provincial y posteriormente como fiscal de Estado. Sobre esa base, Massoni sostiene que participó desde funciones diferentes dentro de una misma secuencia administrativa y política, argumento que forma parte de la denuncia penal presentada ante la Justicia.
A esa acusación se sumó otro elemento que elevó aún más la tensión alrededor del caso. Massoni hizo referencia a una presentación judicial radicada en Estados Unidos donde se menciona un presunto pedido de 6,5 millones de dólares atribuido a Meiszner durante negociaciones vinculadas a Red Chamber. Hasta el momento no existe condena ni resolución judicial conocida que confirme esa acusación, aunque el planteo integra las denuncias públicas y judiciales formuladas por el dirigente.
La difusión del expediente coincide además con el pedido de informes presentado por diputados nacionales, legisladores provinciales e intendentes que reclaman acceso a toda la documentación vinculada al acuerdo. Los firmantes buscan conocer los antecedentes administrativos, los informes técnicos, los dictámenes jurídicos y las actuaciones que llevaron a la Provincia a modificar su posición frente a Red Chamber.
El documento permite observar una secuencia que hasta ahora aparecía fragmentada. La Provincia denunciaba incumplimientos y buscaba reemplazar a la empresa. Red Chamber demandaba al Estado. En medio de ese conflicto se desarrollaban negociaciones reservadas, cambios de funcionarios y disputas laborales. El acuerdo homologado por el Superior Tribunal muestra cómo terminó esa historia.
La empresa que meses antes era señalada por incumplimientos terminó recuperando activos, permisos de pesca, cuotas de captura y capacidad operativa mediante un convenio firmado por el gobernador Ignacio Torres, con intervención de la Fiscalía de Estado encabezada por Andrés Meiszner y validado por el máximo tribunal de la provincia.
