El gabinete que diseñó Loyaute quedó a mitad de camino
El gabinete que diseñó Loyaute quedó a mitad de camino
A casi tres años del inicio de la gestión de Gustavo Loyaute, el organigrama político de la Municipalidad de Río Mayo continúa incompleto y cada vez más alejado del funcionamiento diario del Ejecutivo. El relevamiento realizado por Río Mayo 1935 sobre el Anexo IV de la Ordenanza N.º 2456-2025 permitió identificar responsables en apenas 26 de los 64 cargos, áreas y funciones jerárquicas previstas. Los 38 lugares restantes siguen sin una designación conocida. El documento también muestra secretarías concentradas en un mismo funcionario, dependencias que existen solamente en los papeles y una fuerte desigualdad dentro del gabinete: mientras algunos integrantes cuentan con obra social, aportes y remuneraciones acordes con la jerarquía que ejercen, otros responsables de secretarías reciben ingresos considerablemente inferiores y permanecen sin cobertura social, pese a ocupar cargos del mismo nivel político.
El organigrama integra la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante y promulgada por el Departamento Ejecutivo junto con el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026. Allí quedaron establecidas las secretarías, coordinaciones, departamentos y demás dependencias con las que la gestión de Gustavo Loyaute propuso organizar el funcionamiento político y administrativo de la Municipalidad de Río Mayo.
La comparación entre ese documento y la estructura que funciona todos los días muestra una diferencia considerable. De los 64 cargos, áreas y funciones jerárquicas incluidos en el organigrama, solamente 26 tienen responsables identificados. Los otros 38 representan el 59,4 % del total y continúan sin una designación conocida cuando ya transcurrió más de la mitad del ejercicio presupuestario.
Entre los lugares sin responsables identificados aparecen la Secretaría de Gobierno, el Departamento de Tierras, Protocolo y Ceremonial, la Coordinación de Adultos Mayores y distintas coordinaciones distribuidas dentro de las áreas municipales. Algunas tareas son realizadas por empleados de planta y otras fueron absorbidas por funcionarios que ya conducen una dependencia diferente, aunque las designaciones políticas previstas dentro de la estructura nunca se concretaron.
Cada casillero incorporado al organigrama supone una conducción y una responsabilidad política. El hecho de que un empleado municipal lleve adelante el trabajo cotidiano no reemplaza al funcionario que debería definir prioridades, tomar decisiones y responder por el área. La estructura fue presentada por el Ejecutivo, aprobada por el Concejo Deliberante y promulgada por el propio intendente, pero una parte importante nunca llegó a completarse.
Desde que Gustavo Loyaute asumió la Intendencia a fines de 2023 hubo renuncias, reemplazos, cambios de funciones y áreas que pasaron a depender de otros responsables. Las salidas terminaron siendo más visibles que las incorporaciones y varios funcionarios que continuaron dentro del gabinete debieron sumar nuevas tareas. Ninguna de esas modificaciones quedó formalizada mediante una actualización del organigrama.
Buena parte del documento conserva el mismo esquema utilizado en ejercicios anteriores. La gestión volvió a presentar una estructura que, en gran medida, constituye un copy-paste de organigramas previos, aun cuando ya llevaba más de dos años al frente de la Municipalidad y conocía qué dependencias funcionaban, cuáles habían quedado vacantes y qué responsabilidades habían sido redistribuidas.
La ordenanza permite modificar el organigrama con intervención del Concejo Deliberante. El Ejecutivo contó con la herramienta necesaria para corregirlo, eliminar áreas que dejaron de existir, incorporar las funciones que efectivamente se cumplen y ordenar la distribución política del gabinete. Durante los ocho meses transcurridos desde su aprobación no presentó ninguna adecuación.
Esa falta de revisión muestra una debilidad que excede la confección de un cuadro administrativo. Organizar un municipio exige definir competencias, establecer quién conduce cada área y ordenar la relación entre las distintas secretarías. También requiere asistencia política, jurídica y administrativa para trasladar los cambios cotidianos a las normas que regulan el funcionamiento del Estado local.
Después de casi tres años, la gestión de Gustavo Loyaute continúa funcionando con responsabilidades distribuidas según las necesidades de cada momento y con una estructura formal que describe otra Municipalidad. El organigrama quedó congelado mientras el gabinete se modificaba sobre la marcha, una señal de que el gobierno nunca terminó de conformar un equipo con la preparación necesaria para ordenar jurídicamente y políticamente su propia administración.
La silla vacía del gabinete
La Secretaría de Gobierno ocupa uno de los lugares centrales dentro del organigrama municipal. Bajo su órbita quedaron las secretarías de Hacienda, Acción Social, Obras Públicas, Cultura, Turismo, Deportes, Ambiente y Producción, que reúnen las principales áreas de decisión del Departamento Ejecutivo. Gustavo Loyaute gobierna desde el inicio de su mandato sin haber cubierto ese cargo.
El Secretario de Gobierno debía conducir políticamente las ocho secretarías, coordinar el gabinete y articular las decisiones tomadas por el intendente. La función fue creada dentro de la estructura aprobada, pero el Ejecutivo nunca designó a una persona para ejercerla ni modificó el organigrama para dejar establecido de qué manera serían cumplidas esas responsabilidades.
Las secretarías continuaron trabajando, los expedientes siguieron su curso y las decisiones fueron tomadas mediante una distribución de funciones que no aparece en la normativa. Parte de la coordinación quedó concentrada en el intendente y otra se resolvió directamente entre los funcionarios, sin una figura intermedia que ordenara políticamente la primera línea del gabinete.
La ausencia de esa conducción ayuda a entender por qué algunas áreas terminaron concentradas en pocas personas y otras permanecieron sin responsables. También explica que decisiones internas adoptadas durante la gestión nunca fueran trasladadas a la estructura política que debía reflejar la forma en que se administra el municipio.
La Secretaría de Gobierno no es una vacante reciente ni una consecuencia del organigrama aprobado para 2026. La gestión funcionó de esa manera durante casi tres años, sin la figura que debía coordinar el gabinete y sin una organización formal que mostrara quién asumía esa tarea. La ordenanza presentada a fines de 2025 repitió el cargo, volvió a ubicarlo por encima de las ocho secretarías y dejó nuevamente vacío el casillero más importante después del intendente.
La permanencia de esa vacante, sumada a la cantidad de áreas sin responsables identificados, ya no puede atribuirse a una demora administrativa. Muestra una gestión que llegó al gobierno sin una visión clara sobre cómo organizar, coordinar y conducir el Estado municipal y que, con el paso del tiempo, tampoco logró conformar un equipo político, técnico y jurídico capaz de corregir ese problema.
Dos secretarías bajo una misma conducción
Alejandro Oliva fue designado inicialmente al frente de la Secretaría de Turismo y luego comenzó a asumir también las responsabilidades de Producción. Ambas continúan apareciendo como secretarías independientes dentro del organigrama, con sus propias áreas y funciones, aunque en la práctica quedaron bajo la conducción de una misma persona.
La Municipalidad nunca creó formalmente una Secretaría de Turismo y Producción. La ordenanza mantiene dos carteras ubicadas en el mismo nivel jerárquico y con objetivos diferentes. La concentración de ambas funciones modificó la organización del gabinete, pero el cambio no fue incorporado a la estructura ni sometido a consideración del Concejo Deliberante.
Florencia Kraitz atravesó una situación similar. Durante un período estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura y también de Protocolo y Ceremonial. Luego dejó esta última responsabilidad y continuó al frente de Cultura, mientras Protocolo permaneció dentro del organigrama sin una designación conocida.
Los dos casos muestran la forma en que la gestión fue cubriendo necesidades mediante la acumulación de responsabilidades en funcionarios que ya tenían otras áreas a cargo. Las dependencias siguieron separadas en la ordenanza, pero su conducción se resolvió de otra manera en el funcionamiento cotidiano del municipio.
Esa concentración también obliga a preguntar cómo reconoce el Ejecutivo la carga adicional asumida por quienes conducen más de una cartera. Si el propio organigrama mantiene dos secretarías diferentes, con responsabilidades y dependencias propias, la acumulación de ambas debería tener un reconocimiento administrativo y salarial acorde con el trabajo exigido.
Dependencias que solamente existen en el organigrama
Dentro de la Secretaría de Producción figuran la Unidad Productiva, la Sala de Elaboraciones y la Planta de Faena. La Sala de Elaboraciones no existe físicamente y nunca tuvo un responsable político identificado, mientras que la Planta de Faena continúa incorporada a la estructura pese a no encontrarse habilitada para funcionar.
Estas dependencias fueron incluidas nuevamente en el organigrama aprobado para 2026, aunque no estaban en condiciones de cumplir las funciones previstas. Su permanencia refuerza la idea de que el documento fue elaborado a partir de esquemas anteriores y no mediante una revisión concreta del municipio que la gestión administraba al momento de presentar el presupuesto.
Una dependencia incorporada al organigrama supone objetivos, conducción, personal y decisiones que alguien debería asumir. Mantener un área inexistente y otra que no está autorizada para operar impide conocer cuáles son las prioridades reales del Ejecutivo y vuelve a mostrar la distancia entre el municipio escrito en la ordenanza y el que funciona todos los días.
La misma jerarquía, distintos derechos
El organigrama no solamente establece cargos y dependencias. La ordenanza también regula las condiciones aplicables a quienes integran la planta política municipal y admite que esos lugares sean ocupados por empleados de planta, agentes provenientes de otros organismos o personas ajenas a la administración.
La normativa establece que las remuneraciones deben tomar como referencia la escala salarial del personal permanente y contempla reconocimientos vinculados con las responsabilidades jerárquicas. También reconoce para la planta política derechos y beneficios administrativos previstos para los empleados municipales, entre ellos movilidad, viáticos, capacitaciones y otras condiciones vinculadas con el desempeño de la función.
Ese marco no obliga a que todos cobren exactamente el mismo salario. La cantidad de dependencias bajo cada secretaría, la acumulación de funciones y el nivel de responsabilidad pueden justificar diferencias. Lo que no aparece explicado es por qué funcionarios ubicados en el mismo nivel del organigrama tienen condiciones laborales completamente distintas.
Dentro del gabinete de Gustavo Loyaute conviven empleados de planta designados en cargos políticos, funcionarios contratados y responsables de áreas que reciben pagos mediante otras modalidades, incluso becas. La diferencia no se limita al mecanismo utilizado para liquidar el ingreso: define quién tiene aportes previsionales, obra social y otros derechos vinculados con el trabajo.
Mientras algunos integrantes del gabinete cuentan con cobertura social y una remuneración relacionada con la jerarquía que ejercen, otros responsables de secretarías cobran ingresos considerablemente inferiores y no tienen obra social derivada de la función. Son personas que administran áreas municipales, conducen empleados, representan al Ejecutivo y responden públicamente por las decisiones de la gestión, pero permanecen desprotegidas frente a una enfermedad o una necesidad familiar.
El organigrama no establece secretarías de primera y de segunda categoría. Hacienda, Acción Social, Obras Públicas, Cultura, Turismo, Deportes, Ambiente y Producción integran la misma línea política del gobierno. Algunas pueden tener más áreas o mayores responsabilidades, pero todas ocupan el mismo nivel institucional y deberían contar con un reconocimiento administrativo acorde con el cargo.
Tampoco se conoce qué criterio utiliza el Ejecutivo para decidir quién recibe una designación formal con aportes y cobertura, y quién queda sujeto a una beca, un contrato o una remuneración que no reconoce plenamente la función desempeñada. Esas diferencias no surgen de la jerarquía establecida en la ordenanza, sino de decisiones adoptadas dentro de la propia gestión.
Puertas adentro comenzaron a repetirse expresiones como “heladeras vacías” para describir las dificultades económicas que atraviesan algunos funcionarios. La frase resume el malestar provocado por salarios que no guardan relación con la dedicación exigida y por la comparación con otros integrantes del mismo gabinete que cuentan con mejores condiciones.
Muchos de esos funcionarios desconocen que la normativa municipal ya reconoce derechos vinculados con los cargos que ocupan. Al no conocerlos ni hacerlos valer, terminan aceptando salarios y condiciones como si dependieran exclusivamente de una concesión del intendente, cuando la propia ordenanza establece referencias salariales, reconocimientos jerárquicos y beneficios para la planta política.
Los documentos a los que tuvo acceso Río Mayo 1935 son públicos. Fueron aprobados por el Concejo Deliberante y promulgados por Gustavo Loyaute. No se trata de reclamos externos ni de beneficios que deban concederse como un favor, sino de derechos contenidos en la misma normativa con la que el Ejecutivo organizó su gabinete.
El desconocimiento deja a varios funcionarios en una posición de debilidad frente al gobierno que integran. Cumplen horarios, conducen personal, sostienen áreas sensibles y quedan expuestos por las decisiones municipales, pero no siempre reciben una remuneración ni una protección social equivalente a esas obligaciones.
Un gabinete que nunca terminó de completarse
La gestión de Gustavo Loyaute lleva casi tres años funcionando con cargos centrales vacantes, responsabilidades acumuladas, áreas sin conducción política y dependencias que solamente existen dentro del organigrama. La estructura aprobada para 2026 no corrigió esas diferencias y repitió, en gran medida, el mismo modelo que ya había quedado desactualizado.
El paso del tiempo reduce además las posibilidades de completar el gabinete. Durante el mandato hubo más salidas que incorporaciones y varios funcionarios debieron asumir nuevas responsabilidades para sostener áreas vacantes. Con el desgaste propio de cualquier gobierno y el ingreso al tramo final de la gestión, sumar ahora cuadros políticos y técnicos puede resultar todavía más difícil.
La ausencia del Secretario de Gobierno, las 38 funciones sin responsables identificados y la falta de una actualización formal muestran que el problema no pasa únicamente por encontrar nombres para completar casilleros. La gestión nunca terminó de definir una estructura propia, distribuir con claridad las responsabilidades ni conformar un equipo capaz de ordenar el funcionamiento político, jurídico y administrativo del municipio.
El gabinete que diseñó Gustavo Loyaute quedó a mitad de camino. Y mientras una parte importante del organigrama continúa vacante, algunos de los funcionarios que todavía sostienen la gestión lo hacen con salarios bajos, sin obra social y sin saber que varios de los derechos que reclaman en privado ya fueron reconocidos en las ordenanzas aprobadas y promulgadas por el mismo gobierno al que pertenecen.
