El inciso J vuelve a sacudir a la Policía del Chubut: retiros, reclamos judiciales y el caso Gajardo que espera al STJ
Una nueva nómina de oficiales superiores alcanzados por retiros obligatorios volvió a poner bajo discusión la aplicación del artículo 75 inciso J dentro de la Policía del Chubut. Algunos de esos casos ya llegaron a la Justicia y uno de los antecedentes es el del comisario mayor Walter Ariel Gajardo, ascendido por el propio Gobierno provincial a comienzos de 2025 y retirado pocos meses después. Gajardo asegura que lleva más de un año sin percibir su sueldo, nueve meses sin obra social y que todavía espera una definición del Superior Tribunal de Justicia sobre el amparo presentado.
Los pases a retiro dentro de la Policía del Chubut volvieron a ocupar la escena después de conocerse una nómina de alrededor de veinte oficiales superiores alcanzados por decisiones vinculadas al retiro obligatorio. Entre los nombres difundidos apareció el de Walter Ariel Gajardo, aunque su situación se remonta a 2025 y actualmente se encuentra judicializada.
Gajardo salió a aclararlo durante una entrevista realizada por la periodista Silvina Cabrera. Su retiro fue dispuesto formalmente el 7 de julio de 2025 y desde entonces cuestiona la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo. También rechazó versiones que relacionaron su salida con sanciones disciplinarias o con un bajo rendimiento profesional y pidió que se informe con precisión porque, remarcó, detrás de su situación hay una familia que atraviesa directamente las consecuencias.
La documentación oficial permite reconstruir una secuencia que forma parte central de su reclamo. El Decreto 411/2025, registrado en abril de aquel año, aprobó el ascenso de Walter Ariel Gajardo de comisario inspector a comisario mayor, con vigencia desde el 1 de enero de 2025, como parte de las promociones surgidas de la Junta de Calificaciones 2023/2024.
Menos de tres meses después de formalizar aquel ascenso, el Gobierno provincial dictó el Decreto 775/2025 y dispuso el cese de sus servicios a efectos de acogerse al retiro obligatorio. La decisión fue encuadrada en el artículo 75 inciso J de la Ley XVIII N.º 32 y el propio decreto señala que la Jefatura de Policía había informado que Gajardo reunía los requisitos establecidos por esa norma.
El inciso J y la discusión sobre su aplicación
El inciso J establece que el personal superior de la Agrupación Comando del Escalafón General que haya alcanzado 25 años de servicios policiales efectivos puede ser pasado a retiro obligatorio por resolución del Poder Ejecutivo. Gajardo asegura haber completado 27 años de carrera, por lo que el requisito temporal previsto por la ley se encontraba cumplido.
Su cuestionamiento apunta a otra cuestión: por qué el Gobierno decidió utilizar esa facultad específicamente en su caso, pocos meses después de haberlo promovido a comisario mayor. Durante la entrevista sostuvo que no encontraba dentro de sus antecedentes profesionales una razón que justificara un retiro que calificó como imprevisto y forzado.
Para respaldar esa posición, aseguró no tener sumarios judiciales ni administrativos, no registrar exceso de certificados médicos y llevar alrededor de siete años sin sanciones disciplinarias. También rechazó expresamente una versión que había escuchado por radio y que vinculaba su situación con una sanción: “Jamás fui sancionado”, respondió, y reclamó mayor responsabilidad al momento de informar sobre su caso.
El punto requiere una diferenciación. El retiro dispuesto mediante el inciso J no constituye una sanción disciplinaria y la norma tampoco exige una mala calificación para ser aplicada. Por eso, la ausencia de sanciones no invalida automáticamente la facultad del Ejecutivo, aunque los antecedentes que Gajardo exhibe forman parte de los argumentos con los que cuestiona la razonabilidad de la medida adoptada contra él.
Durante la entrevista mostró distintas fojas de calificaciones. Una de las planillas exhibidas ante cámara consigna un promedio general de 9,55, con numerosas puntuaciones de 9 y 10. Gajardo explicó que ese fue su promedio a lo largo de 27 años de carrera y también mostró otra evaluación que, según indicó, alcanzó 9,95. “Me manejo con papeles en el ámbito judicial”, sostuvo mientras presentaba la documentación.
A esa situación se suma una diferencia entre los propios actos administrativos. Mientras el Decreto 411 lo ascendió a comisario mayor con efecto desde enero de 2025, el Decreto 775 volvió a identificarlo meses después como comisario inspector al disponer su retiro. La discordancia no permite por sí sola determinar la validez del acto, pero está contenida en documentación emitida por el mismo Poder Ejecutivo y forma parte de los elementos que rodean el caso.
Sin sueldo, sin obra social y esperando al STJ
La pelea dejó de limitarse hace tiempo a una discusión sobre jerarquías y carrera policial. Gajardo aseguró que lleva más de un año y tres meses sin percibir su sueldo y aproximadamente nueve meses sin cobertura de obra social, pese a los reclamos administrativos y judiciales que dice haber realizado.
Explicó que recurrió a un abogado y presentó un amparo que, según afirmó, todavía no recibió una resolución. Actualmente espera una definición del Superior Tribunal de Justicia del Chubut y, cuando Cabrera le preguntó por los tiempos del expediente, fue categórico: “Los plazos vencieron totalmente, están superados los plazos”.
Gajardo sostuvo que decidió llevar la discusión al terreno judicial porque durante su propia formación policial aprendió a respetar la Constitución, las leyes y los procedimientos. “Me enmarco en lo jurídico, en los procedimientos y soy respetuoso de eso”, señaló al explicar por qué continúa esperando una respuesta institucional.
Sin el expediente judicial completo no es posible determinar de manera independiente qué plazos procesales se encuentran vencidos ni en qué instancia exacta está actualmente el amparo. Su afirmación, sin embargo, plantea una pregunta concreta sobre una causa que involucra su situación laboral, previsional y sanitaria y que, según asegura, permanece sin definición desde hace más de un año.
También señaló que no sería el único integrante de la fuerza que recurrió a la Justicia por decisiones de este tipo. La nueva tanda de retiros y los reclamos de otros oficiales vuelven a colocar al inciso J bajo discusión dentro de la Policía y amplían un conflicto que ya no puede ser presentado únicamente como el caso individual de Gajardo.
“Mi vida cambió rotundamente, un 100%”
La entrevista de Silvina Cabrera mostró el costado más concreto de esa situación. Gajardo apareció realizando tareas de poda en altura, una actividad completamente alejada de la profesión que ejerció durante casi tres décadas y que incorporó, según explicó, para poder generar ingresos.
“Mi vida cambió rotundamente, un 100%”, expresó. Contó que después de quedar sin su ingreso habitual comenzó trabajando para una empresa realizando excavaciones y tareas de “pico y pala”, y que posteriormente aprendió pintura, soldadura, construcción en seco y diferentes trabajos manuales. “Me tuve que formatear, por así decirlo, en mi vida para poder salir adelante”, resumió.
También agradeció a comerciantes, empresarios y vecinos que le permitieron trabajar durante los momentos más difíciles. Recordó que después de dejar de cobrar fue al cajero y se encontró con su cuenta “en cero”, situación que lo obligó a buscar cualquier alternativa laboral disponible para sostener económicamente a su familia.
El impacto alcanzó además a sus hijos. Según relató, dos de ellos tuvieron que dejar las clases de inglés que realizaban desde hacía varios años porque ya no podía afrontar ese gasto, mientras que otro cursa el séptimo año de una escuela técnica y proyecta continuar estudios universitarios vinculados con la bioingeniería. Gajardo también contó que uno de sus hijos recibe actualmente asistencia psicológica y vinculó ese cuadro con el deterioro que la situación provocó dentro del grupo familiar.
El caso tiene elementos que ya están respaldados por documentación pública. El Gobierno provincial ascendió a Gajardo a comisario mayor con vigencia desde enero de 2025 y, el 7 de julio del mismo año, dispuso su retiro obligatorio mediante el inciso J. También consta oficialmente que la medida se tomó luego de que la Jefatura de Policía informara que reunía los requisitos previstos por esa norma.
Lo que todavía requiere respuestas es qué criterio llevó a aplicar esa facultad específicamente sobre Gajardo pocos meses después de su ascenso, qué ocurrió con su situación previsional y con la cobertura médica que dice haber perdido, y cuándo tendrá una definición judicial el amparo que asegura haber presentado hace más de un año.
Mientras esas respuestas siguen pendientes, la imagen que dejó la entrevista resume el impacto que él denuncia: un hombre que durante 27 años desarrolló su carrera dentro de la Policía del Chubut, que a comienzos de 2025 fue ascendido a comisario mayor y que hoy se gana la vida realizando poda, pintura, soldadura y construcción mientras espera que el Superior Tribunal de Justicia defina su situación.
