El IPV le quitó una vivienda a una familia de Trelew y la inhabilitó para futuros planes habitacionales
La medida fue oficializada mediante una resolución del Instituto Provincial de la Vivienda de Chubut. Además de dejar sin efecto la adjudicación de la casa, el organismo dispuso que sus titulares no podrán volver a acceder a operatorias habitacionales provinciales. El caso reabre el debate sobre los controles estatales, las condiciones de adjudicación y el destino social de las viviendas públicas.
El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) de Chubut resolvió quitarle una vivienda adjudicada a una familia de Trelew e impedir que sus titulares puedan acceder en el futuro a nuevos planes habitacionales ejecutados por el organismo provincial.
La decisión fue formalizada a través de la Resolución N° 204/2026-IPVyDU, vinculada a una vivienda correspondiente al “Barrio 26 Viviendas – SETIA”, ubicada sobre calle Maipú de la ciudad de Trelew. Según la información publicada, el IPV dejó sin efecto una adjudicación otorgada en 2021 y avanzó además con una sanción administrativa que alcanza directamente a las personas involucradas en el expediente.
El documento oficial, firmado por el gerente general del Instituto, ingeniero Alejandro Luis Asensio, establece expresamente que tanto la ex adjudicataria como otra persona relacionada al trámite “quedan impedidos de acceder en el futuro como adjudicataria y/o beneficiaria de operatorias ejecutadas a través del Instituto Provincial de la Vivienda”.
Aunque en la resolución difundida públicamente no se detallaron de manera precisa las causas específicas que derivaron en la quita de la vivienda, este tipo de medidas suelen aplicarse cuando el organismo detecta incumplimientos a las condiciones de adjudicación. Entre las situaciones contempladas habitualmente aparecen el alquiler no autorizado de la vivienda, cesiones irregulares, venta indebida, abandono del inmueble o incumplimientos vinculados al destino habitacional efectivo de la unidad.
Dentro de las operatorias del IPV existen restricciones legales y administrativas que buscan preservar el carácter social de las viviendas construidas con fondos públicos. En la práctica, las casas adjudicadas no pueden venderse, transferirse ni cederse libremente mientras no estén canceladas y sin autorización expresa del organismo provincial.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que suele generar tensión cada vez que aparecen sanciones de este tipo. Por un lado, el Estado sostiene la necesidad de controlar que las viviendas sociales sean utilizadas bajo las condiciones para las que fueron otorgadas. Por el otro, aparecen situaciones familiares complejas atravesadas por crisis económicas, desempleo o cambios de contexto que muchas veces terminan derivando en conflictos administrativos con el organismo habitacional.
La medida también se produce en medio de un escenario de fuerte demanda habitacional en distintas localidades de Chubut, donde miles de familias continúan esperando acceder a una vivienda propia mientras el Gobierno provincial intenta avanzar con nuevas operatorias y reactivar obras paralizadas durante los últimos años.
