El Municipio judicializa los aumentos de luz y busca frenar el esquema tarifario en Sarmiento
El amparo presentado contra la cooperativa ya está en trámite y, tras la notificación recibida el 8 de abril, la entidad debe responder este lunes ante la Justicia, mientras se analiza una medida cautelar para suspender los aumentos y retrotraer tarifas.
El conflicto por la tarifa eléctrica en Sarmiento sumó un capítulo clave con la intervención del Juzgado Contencioso Administrativo de Comodoro Rivadavia, donde quedó radicado el expediente N° 44/2026 a cargo del juez Iván Alexandre Visser.
El punto de inflexión que activa la vía judicial se ubica en el 25 de febrero de 2026, cuando el Municipio recibe la notificación del Acta N° 45 de la asamblea extraordinaria realizada el 28 de junio de 2025, en la que se habrían avalado los aumentos del servicio eléctrico. Ese envío se dio luego de reiterados pedidos formales de información que, según consta en la presentación, no habían sido respondidos en tiempo razonable.
A partir de ese antecedente, el Ejecutivo local avanzó con la acción de amparo, que fue admitida el 31 de marzo. La notificación formal a la cooperativa se concretó el 8 de abril de 2026, momento desde el cual comenzó a correr el plazo judicial para la presentación del informe requerido por el juez.
La presentación no se limita a cuestionar los incrementos recientes. Plantea un esquema de irregularidades que, según el Ejecutivo local, se viene sosteniendo desde al menos mediados de 2025, cuando comenzaron a aplicarse modificaciones en el cuadro tarifario sin atravesar —siempre según el planteo— los procedimientos establecidos por la normativa municipal.
En ese punto, el eje central está puesto en la Carta Orgánica. El Municipio sostiene que cualquier modificación de tarifas debe ser tratada por el Concejo Deliberante, con instancias de doble lectura y participación pública. Bajo esa interpretación, considera que los aumentos carecen de sustento legal y que se aplicaron de manera unilateral.
Dentro del expediente también aparece el fundamento con el que la cooperativa habría respaldado su decisión: la aprobación de los incrementos en asamblea de socios, bajo el criterio de trasladar los costos del servicio. Ese argumento —que remite a decisiones internas de la entidad— es uno de los puntos que ahora queda bajo discusión judicial, en contraste con el planteo municipal que sostiene que ese tipo de definiciones no reemplaza los mecanismos institucionales previstos para la fijación de tarifas.
Otro de los aspectos que incorpora la demanda es la situación del vínculo entre las partes. De acuerdo a lo expuesto en el amparo, el contrato de concesión del servicio eléctrico venció en 2023 y, posteriormente, también se habría agotado el período de transición sin que exista hasta el momento un nuevo marco formal que regule la prestación. En ese contexto, el Municipio plantea que las decisiones sobre el servicio deberían ajustarse exclusivamente a lo que establece la Carta Orgánica.
La acción también pone el foco en la falta de respuesta a requerimientos formales. En la presentación se detalla que el Ejecutivo solicitó información vinculada a las decisiones tarifarias y a la documentación que las respaldaría, y que esas respuestas no habrían sido remitidas en tiempo razonable, lo que forma parte del cuadro de irregularidades denunciado.
En paralelo, el planteo incorpora fundamentos vinculados a la protección de los usuarios. Se invoca el derecho a la información, a condiciones de trato equitativo y a la participación en decisiones que impactan en servicios públicos, en línea con principios constitucionales y normativa de defensa del consumidor.
En ese marco, la medida cautelar solicitada apunta a suspender los aumentos, retrotraer los valores tarifarios a etapas anteriores y avanzar en la devolución de los montos abonados por los usuarios en caso de que se determine la improcedencia de los incrementos.
Con la causa en trámite y una decisión pendiente sobre esa cautelar, el proceso avanza sobre un punto sensible para la comunidad, no solo por el impacto económico de las tarifas, sino también por la discusión de fondo sobre el control, las reglas y los mecanismos de decisión en un servicio esencial.
Este medio intentó tomar contacto con referentes de la cooperativa para conocer su posición, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.
