Iniciaron las clases para personas privadas de libertad en la Comisaría de Sarmiento
La propuesta educativa comenzó con cuatro estudiantes y estará a cargo de la EPJA N.º 756. El cursado se desarrollará mediante tutorías dentro de la dependencia policial, con el objetivo de garantizar la continuidad de los estudios secundarios.
Sarmiento, Chubut. Cuatro personas privadas de su libertad comenzaron a cursar estudios secundarios dentro de la Comisaría de Sarmiento, a partir de una propuesta articulada entre el Ministerio de Educación del Chubut, el Ministerio de la Defensa Pública y las autoridades de la dependencia policial.
El acto de apertura del ciclo lectivo se realizó durante la jornada del martes en el centro de detención que funciona dentro del edificio de la Comisaría.
Participaron las concejales Paola Aguiar, Nathalia Rúa y Ana Reyes, junto al concejal César Cuffoni, además de representantes de las instituciones educativas, judiciales y policiales involucradas en la iniciativa.
Las clases estarán a cargo de directivos y docentes de la Escuela para Jóvenes y Adultos —EPJA— N.º 756 de Sarmiento. La propuesta comenzó con una matrícula de cuatro personas que manifestaron su intención de retomar o completar sus estudios secundarios.
El cursado se desarrollará mediante tutorías en una sala acondicionada dentro de la dependencia policial. Allí, los estudiantes podrán avanzar con los módulos y espacios curriculares pendientes, acreditar los conocimientos adquiridos y completar los requisitos necesarios para obtener el título secundario.
La apertura contó con la presencia de integrantes de la Defensa Pública de la Circunscripción Judicial de Sarmiento, personal policial, autoridades educativas y representantes del Concejo Deliberante.
Entre las autoridades judiciales estuvieron la defensora jefa Cinthia English, la abogada adjunta Rosa Sánchez, la trabajadora social Tamara Curin, la defensora Josefina Cubilla Podestá y la oficial superior del Área Penal Susana Jara.
La EPJA N.º 756 cuenta con una extensa trayectoria en la educación de jóvenes y adultos de Sarmiento. La institución fue creada el 3 de agosto de 1981 como Centro Educativo de Nivel Secundario N.º 152 y posteriormente pasó a depender del sistema educativo provincial.
Actualmente, ofrece el Bachillerato en Economía y Administración y desarrolla diferentes instancias de articulación con instituciones de la localidad, entre ellas el Centro de Formación Profesional N.º 661.
La puesta en marcha de las tutorías dentro de la Comisaría permitirá que las personas alojadas en el centro de detención puedan continuar sus trayectorias escolares sin necesidad de trasladarse a un establecimiento educativo externo.
La educación en contexto de encierro no constituye un beneficio sujeto a la situación procesal de cada detenido, sino un derecho reconocido por la legislación nacional.
La Ley de Educación Nacional N.º 26.206 establece que las personas privadas de libertad deben acceder a la escolaridad obligatoria sin limitaciones ni discriminación vinculada con su condición de encierro.
La Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad también dispone que el acceso a la educación no puede restringirse por el tipo de establecimiento, la condición de procesado o condenado, el nivel de seguridad o la modalidad de detención.
La normativa establece además la obligación de disponer de espacios apropiados para el desarrollo de las clases y adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los estudios.
Como antecedente, el informe anual del Superior Tribunal de Justicia correspondiente a 2025 indicó que el centro de detención de Sarmiento había sido rehabilitado durante la segunda mitad de ese año, luego de una serie de trabajos realizados junto al Área Penitenciaria de la Policía del Chubut.
El documento señaló que el espacio podía alojar, en promedio, a diez personas y que se habían efectuado reparaciones en el sistema de calefacción.
La incorporación de las tutorías secundarias suma ahora una instancia educativa dentro del centro de detención. La continuidad del programa requerirá garantizar la regularidad de las clases, la disponibilidad de materiales y el reconocimiento de los avances académicos ante eventuales traslados o modificaciones en la situación judicial de los estudiantes.
