Intendentes van al choque con Nación: protestaron frente a Economía y exigen fondos, obra pública y freno a los combustibles
Jefes comunales de todo el país llevaron el reclamo directamente a la puerta del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, en una movida coordinada por la Federación Argentina de Municipios que dejó de lado los canales formales y expuso el nivel de tensión con el gobierno de Javier Milei. Denuncian caída de la actividad, pérdida de empleo, fondos retenidos y un esquema económico que —según advierten— ya impacta de lleno en los municipios.
La escena no fue una reunión más. Fue una señal política. Intendentes de distintas provincias se concentraron en la puerta del Ministerio de Economía para entregar un petitorio y visibilizar una situación que, aseguran, se volvió insostenible en los territorios. El dato no es menor: la protesta se dio sin intermediación de gobernadores, lo que marca un salto en la presión directa hacia Nación.
El documento presentado pone el foco en tres ejes que atraviesan a los municipios sin distinción partidaria. Primero, la caída de los recursos: denuncian retrasos y recortes en transferencias que afectan el funcionamiento básico de las administraciones locales. Segundo, la paralización de la obra pública nacional desde 2023, que no solo frenó infraestructura sino que dejó sin empleo a miles de trabajadores vinculados a la construcción. Y tercero, el impacto del precio de los combustibles, que encarece la logística, el transporte y golpea de lleno en las economías regionales.
En ese contexto, uno de los planteos más duros volvió a llegar desde el sur. El intendente de Río Grande, Martín Pérez, expuso un escenario crítico: caída de más del 50% en la actividad industrial y la pérdida de alrededor de 10.000 puestos de trabajo en el sector privado. Un dato que, lejos de ser aislado, empieza a replicarse en otras ciudades con fuerte dependencia de la industria o de la inversión pública.
La conducción de la FAM, encabezada por Fernando Espinoza, fue quien articuló la convocatoria y llevó adelante la presentación formal del reclamo. Pero el mensaje que bajó desde los intendentes fue claro: la crisis dejó de ser un problema macroeconómico para convertirse en un conflicto territorial, donde los municipios absorben el impacto directo sin herramientas suficientes para responder.
Detrás del reclamo hay una ecuación cada vez más ajustada. Menos actividad implica menos recaudación local, mientras crece la demanda social en barrios donde el empleo se retrae. Los municipios, en ese escenario, quedan atrapados entre ingresos en caída y mayores responsabilidades, con estructuras que empiezan a mostrar signos de saturación.
El pedido concreto apunta a medidas inmediatas: retrotraer el precio de los combustibles a valores previos al 1° de marzo, reactivar la obra pública con financiamiento nacional y normalizar el flujo de recursos hacia las comunas. Sin esas variables, advierten, la situación puede escalar rápidamente.
La protesta frente al Ministerio de Economía no fue un gesto aislado. Fue la confirmación de que los intendentes empiezan a coordinarse para disputar agenda en un escenario donde el ajuste nacional se siente, primero, en las ciudades. Y si no hay respuestas en el corto plazo, el conflicto promete profundizarse.
