Unidad Gobernador: Torres reedita el modelo Das Neves y arma una estructura con poder, comunicación y adicionales en medio del conflicto salarial
La nueva estructura retoma la lógica política que Mario Das Neves había aplicado en 2008, pero ahora suma una centralización más amplia sobre agenda, gabinete y comunicación oficial. El punto más sensible no pasa solo por el rediseño del poder interno: aparece en medio de un escenario de conflicto abierto, con docentes rechazando una oferta del 1,2% al básico, Salud entrando en asambleas por falta de paritarias y Vialidad Provincial bajo retención de servicios por reclamos salariales.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, firmó el Decreto N° 228 el pasado 3 de marzo y avanzó con una de las reconfiguraciones más profundas de su gestión. En el centro de ese movimiento aparece la denominada “Unidad Gobernador”, una estructura que no se limita a ordenar áreas administrativas: crea un nuevo núcleo de poder dentro del Ejecutivo provincial.
Aunque el decreto todavía no fue publicado en el Boletín Oficial, su contenido completo ya circula en distintos niveles del Estado. Y lo que muestra no es un cambio menor. Son 62 páginas de reingeniería política y administrativa, con creación de cargos, eliminación de otros, traslado de áreas, redefinición de funciones y un esquema propio de adicionales salariales.
La decisión de Torres tiene un antecedente político claro. La herramienta no nace de cero: reedita el formato de “Unidad Gobernador” que había impulsado Mario Das Neves en 2008, cuando también se buscó concentrar bajo la órbita directa del mandatario la coordinación política y operativa de áreas sensibles. Ahora, sin embargo, el alcance parece más ambicioso: no sólo ordena la agenda, también absorbe la comunicación, reconfigura funciones estratégicas y modifica la planta estatal.
El decreto establece que dos subsecretarías queden bajo dependencia funcional directa del gobernador: Asuntos Estratégicos y Eventos Oficiales, y Comunicaciones. En términos administrativos siguen dentro de la Secretaría General de Gobierno, pero en la práctica pasan a responder de manera directa al mandatario. Esa doble arquitectura —encuadre formal por un lado y dependencia política real por otro— es una de las claves del nuevo esquema.
Desde ahí se concentra una parte sensible del funcionamiento del Ejecutivo. La Unidad Gobernador asume tareas de planificación estratégica, coordinación y seguimiento de la gestión, organización de reuniones de gabinete, articulación con otros organismos y definición de políticas de comunicación. El propio anexo de funciones la ubica además en un plano de relación con municipios, Nación, otras provincias, organismos internacionales y hasta en materias de telecomunicaciones, radiodifusión y uso de medios.
Ese punto no es menor. La comunicación pública deja de aparecer como un área lateral y pasa a integrarse a un esquema centralizado de poder. El decreto traslada a la nueva Subsecretaría de Comunicaciones la Dirección General de Prensa, redefine la Dirección General de Comunicaciones como Dirección General de Producción y Contenido, crea nuevas áreas como Planificación Estratégica, Articulación de Contenidos y Coordinación Operativa, y elimina la Dirección de Publicidad dentro de la Subsecretaría de Información Pública.
En paralelo, dentro de Asuntos Estratégicos y Eventos Oficiales también hay un corrimiento fuerte. Se renombran y reordenan direcciones bajo criterios de vinculación institucional, gestión ciudadana, eventos oficiales y proyectos estratégicos. El discurso formal habla de “dinamismo” y “eficiencia”. El resultado político es más claro: la Casa de Gobierno se reserva una estructura propia para manejar con menos intermediarios la agenda, la comunicación y la coordinación interna.
El decreto también toca la planta de personal. Crea un cargo de subsecretario fuera de nivel, un cargo de director general fuera de nivel y un cargo de director de planta permanente, al tiempo que elimina una jefatura de departamento y una jefatura de división. Es decir: no se trata solamente de sumar funciones, sino de reordenar la pirámide interna y reforzar el peso de los niveles más políticos y jerárquicos.
Pero el capítulo más delicado aparece en el Anexo E. Ahí se crea el adicional funcional remunerativo “Función Comunicación e Institucional”, destinado a los funcionarios y personal fuera de nivel que se desempeñen en la Unidad Gobernador. Los porcentajes fijados son 200% para secretarios y subsecretarios, 150% para directores generales y 100% para directores. Y el dato más sensible es que ese adicional no reemplaza otros conceptos: se suma.
Ahí es donde la discusión deja de ser administrativa y pasa a ser política. Porque este nuevo esquema de adicionales aparece en una semana donde otros sectores del Estado vienen planteando exactamente lo contrario: que no hay recomposición real, que las paritarias se demoran y que los salarios siguen perdiendo contra la inflación.
En educación, la reunión paritaria del 14 de abril terminó con rechazo total de los gremios a una oferta oficial del 1,2% al básico y un salario garantizado de 800 mil pesos. La comparación quedó servida: mientras un sector estatal recibe una propuesta que los sindicatos calificaron de insuficiente, en otro se habilitan adicionales de hasta el 200% para cargos políticos y jerárquicos.
En salud, el cuadro tampoco es menor. El SISAP formalizó un escenario de “malestar, descontento e incertidumbre” y lanzó asambleas con movilización en hospitales y centros de salud de toda la provincia para los días 15, 16, 17, 20 y 21 de abril, entre las 10:30 y las 11:30. El gremio denuncia salarios pagados tarde, ausencia de una recomposición real, falta de paritarias entre octubre de 2025 y febrero de 2026, categorías trienales adeudadas y precarización laboral.
Vialidad Provincial también entró en tensión. Trabajadores del sector iniciaron una retención de servicios por la falta de convocatoria a la paritaria de abril, pese a que el mes pasado el gremio había aceptado una propuesta salarial del Ejecutivo con el compromiso de continuar negociando. Es decir: el conflicto ya no está encapsulado en un solo frente, sino que atraviesa distintas áreas del Estado.
Ese es el contexto en el que cae la Unidad Gobernador. No en un momento de orden salarial ni de paz gremial, sino en medio de reclamos abiertos, medidas de fuerza y malestar acumulado. Por eso el problema no pasa solo por la legalidad del decreto ni por la facultad del gobernador para reordenar su estructura. El problema es el criterio político que deja expuesto.
Porque mientras docentes, personal de salud y viales discuten recomposiciones mínimas o directamente reclaman que se los convoque, el decreto abre un canal de mejora salarial concentrado en la estructura más cercana al gobernador. No es sólo una diferencia de montos. Es una diferencia de prioridades.
También hay otra pregunta de fondo: cuánto costará sostener este esquema. El decreto no publica una proyección consolidada del impacto fiscal, por lo que no se puede afirmar seriamente un monto final sin conocer la base salarial efectiva de cada cargo, las designaciones definitivas y la liquidación concreta de los adicionales. Lo que sí deja en claro es que el gasto será imputado a la Secretaría General de Gobierno, es decir, tendrá traducción directa en las partidas del área.
A eso hay que sumar que el mismo decreto contempla designaciones, subrogancias, reservas de cargos de revista, pago de diferencias salariales y adicionales por jerarquía profesional. No es solamente un plus funcional: es una reconfiguración integral con impacto presupuestario y político.
En paralelo, empiezan a moverse las versiones sobre quiénes quedarán al frente de esta estructura. No hay confirmaciones oficiales, pero los nombres ya circulan en los pasillos del poder. La actual secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil, aparece en versiones que la ubican fuera del área. Jennifer Contardi también figura entre los posibles movimientos. Y en ese tablero surge otra vez el nombre de Andrés Arbeletche como eventual figura para el comando del nuevo armado.
Nada de eso fue oficializado todavía. Pero incluso antes de su publicación formal, la Unidad Gobernador ya empezó a producir efectos. Reordena poder, recentraliza decisiones, absorbe comunicación y abre un privilegio salarial en la zona más cercana al despacho del gobernador.
Y eso, en medio de un Estado atravesado por paritarias débiles, protestas y retenciones de servicios, le agrega a la discusión un dato incómodo: no se está discutiendo solo una estructura. Se está discutiendo qué Estado prioriza el Gobierno y para quién aparece la plata primero.
Si querés, ahora te hago una versión todavía más filosa, más de tapa, con un título y una bajada más pesados.
