LA LEGISLATURA PUSO BAJO PRESIÓN AL GOBIERNO DE TORRES CON UNA BATERÍA DE PEDIDOS DE INFORMES
La sesión de este jueves dejó cuestionamientos por el estado de las escuelas, la crisis petrolera, las contrataciones de consultorías privadas y los requisitos para ocupar cargos dentro del Ejecutivo. También se conformó un nuevo bloque político y avanzaron pedidos concretos para que distintos organismos rindan cuentas.
La Legislatura del Chubut tuvo este jueves una sesión atravesada por una serie de reclamos y pedidos de informes dirigidos al Gobierno provincial. Los planteos alcanzaron áreas sensibles como Educación, la actividad petrolera, las contrataciones realizadas por el Estado y la situación de trabajadores que mantienen conflictos laborales pendientes.
Uno de los temas que llegó al recinto fue el estado de la Escuela N.º 52 de Comodoro Rivadavia. A partir de una iniciativa de la diputada Vanesa Abril, se aprobó un requerimiento para que el Ejecutivo entregue información técnica sobre las obras realizadas en establecimientos educativos y detalle las intervenciones efectuadas ante los problemas denunciados por las comunidades escolares.
El reclamo de la Escuela 52 viene creciendo durante las últimas semanas. Familias, docentes y miembros de la comunidad educativa señalaron la existencia de grietas, filtraciones, problemas de calefacción y otras dificultades edilicias, situación que derivó incluso en distintas acciones públicas para reclamar soluciones.
La crisis petrolera también ocupó parte de la sesión. La diputada Tatiana Goic impulsó un pedido de informes para conocer las inversiones previstas por las operadoras y las obligaciones relacionadas con el saneamiento ambiental de instalaciones que quedaron fuera de actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge.
Goic planteó que esas tareas podrían transformarse en una alternativa laboral para trabajadores afectados por la caída de la actividad petrolera. La discusión aparece en un contexto marcado por despidos, reducción de equipos y preocupación por el futuro de numerosas familias vinculadas directa o indirectamente a la industria.
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con las contrataciones de consultorías privadas por parte del Estado provincial. El diputado Juan Pais cuestionó el volumen de recursos destinados a ese tipo de servicios y planteó la necesidad de priorizar a universidades públicas de la región y al Centro Nacional Patagónico cuando el Estado requiera asesoramiento técnico.
Durante su intervención, Pais sostuvo que existirían contrataciones por alrededor de 19 mil millones de pesos. La cifra fue mencionada por el legislador durante la sesión y abrió un nuevo frente de discusión sobre el destino de los recursos públicos, los organismos contratados y los criterios utilizados para recurrir a consultoras externas.
La situación de los extrabajadores del Casino de Esquel también tuvo espacio dentro del recinto. A propuesta del diputado Juan Aquino, la Cámara pidió información al Superior Tribunal de Justicia sobre los embargos dispuestos contra la empresa Trewelyn S.A. y los pasos pendientes para determinar si esos fondos podrán ser destinados al pago de obligaciones laborales.
El conflicto se mantiene desde el cierre del casino, que dejó a decenas de trabajadores sin empleo y con reclamos por salarios e indemnizaciones. El pedido apunta a conocer con mayor precisión el estado de las actuaciones judiciales y qué posibilidades existen de avanzar con el cobro de esas acreencias.
La sesión también dejó cambios en la composición política de la Legislatura. Marcelo Rubia comunicó su salida del bloque del Partido Independiente del Chubut y formalizó la creación de “Compromiso Chubut”, un nuevo bloque unipersonal que se incorpora al escenario legislativo provincial.
Entre las iniciativas que comenzaron su recorrido parlamentario apareció además un proyecto presentado por la diputada Norma Arbilla relacionado con los requisitos de residencia que deben cumplir quienes ocupan determinados cargos de alta jerarquía dentro de la administración provincial.
El planteo de Arbilla pone la mirada sobre las designaciones realizadas por el Ejecutivo y busca establecer con claridad si los funcionarios alcanzados cumplen con las condiciones previstas por la Constitución Provincial. El tema podría abrir una discusión más amplia sobre la situación de distintos integrantes del gabinete y los requisitos exigidos para desempeñar funciones dentro del Gobierno.
Durante la jornada también se aprobaron otras iniciativas, entre ellas la gratuidad del transporte público para personal del Instituto Penitenciario Provincial N.º 1 y trabajadores del Centro de Orientación Socio Educativo de Trelew, además de modificaciones vinculadas con la Secretaría de Trabajo y la conformación de una comisión destinada a trabajar sobre el futuro Código General de Procesos No Penales.
La sesión terminó dejando varios temas abiertos para el Ejecutivo provincial. Infraestructura escolar, empleo petrolero, contrataciones, conflictos laborales y condiciones para ocupar cargos públicos quedaron dentro de una agenda legislativa que ahora tendrá como próximo paso las respuestas que deberán brindar los distintos organismos alcanzados por los pedidos de informes.
